La fragmentación del territorio y destrucción de hábitats constituye uno de los impactos más graves sobre la disponibilidad de suelos productivos de aptitud agrícola, forestal y espacios naturales del país.

La expansión urbana o crecimiento inorgánico de las ciudades habilitada a través del artículo 55 de la ley general de urbanismo y construcciones (LGUC), permite la incorporación de suelos de aptitud agrícola al casco urbano de las ciudades para satisfacer las necesidades de habitabilidad y vivienda. Sin embargo, para ello es necesario cambiar la clase de capacidad de uso del suelo, muchas veces desde suelos de óptimo potencial productivo para fines agropecuarios como son las clases de capacidad de uso I, II y III, hacia suelos de uso urbano en desmedro de las capacidades innatas de los suelos agrícolas para la producción de alimentos.

Lo anterior significa que en un plazo menor a 100 años Chile no contará con suelos productivos en los sectores rurales, debido a que todos ellos habrán sido incorporados a los planes reguladores de las ciudades y planes de desarrollo comunal (PLADECO). Se trata de una competencia por el uso del suelo de carácter mundial, donde los países desarrollados de Europa y Norteamérica han tomado medidas drásticas para frenar ésta expansión indiscriminada a través de políticas públicas que incentivan la densificación del espacio urbano construyendo en altura.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) tiene la misión de proteger los suelos arables o de especial interés agropecuario, como son los suelos de clases I, II y III; a través de la Ley 18.755 que establece normas sobre el funcionamiento y atribuciones del servicio; sin embargo en múltiples oportunidades se han otorgado permisos para incorporar suelos de óptima calidad agropecuaria (clases I, II y III) al casco urbano de las ciudades, debido a la presión de proyectos inmobiliarios, energéticos y urbanísticos que terminan por destruir el potencial innato de éstos suelos para la alimentación humana como son su profundidad efectiva, humedad disponible, disponibilidad de nutrientes, buen drenaje, mínima erosión y ausencia general de factores limitantes. La situación se agrava al no existir una política de ordenamiento territorial y una ley de desarrollo rural funcionando en terreno.

La actividad agropecuaria de muchos productores del país tiene sus días contados dado que tampoco existen incentivos económicos proteccionistas del mundo rural. Desde el punto de vista ambiental nuestros espacios rurales se están fragmentado cada día más con la consecuente pérdida de biodiversidad, alteración de los patrones de drenaje natural, reducción de la captura de carbono, pérdida de humedad y contenido de materia orgánica de los suelos, propiedades que históricamente han considerado a Chile como una potencia agroalimentaria.