Conmemoramos 2 años del 18 de octubre de 2019, momento en que miles de personas exigieron dignidad e igualdad, rompieron el silencio y se manifestaron por cambios profundos en nuestra convivencia.

La reacción de las autoridades fue la represión violenta y la criminalización de las protestas, generando las más graves violaciones a los Derechos Humanos desde el retorno a la democracia. Se contabilizan más de 8.500 víctimas de violencia institucional, 460 personas con daño ocular, cientos de testimonios de torturas y vejámenes sexuales y miles de personas privadas de libertad por ejercer el derecho a la protesta. A la fecha, menos de un 1% de las denuncias que pudieron entrar al sistema penal tienen una formalización. De las 3.000 querellas emitidas por el INDH, sólo cuatro derivaron en sentencias definitivas condenatorias.

No podemos olvidar los enormes daños causados para muchos/as integrantes de nuestra comunidad. No han sido pocos los y las estudiantes de nuestra institución que fueron vulnerados por el legítimo derecho a la manifestación, con casos emblemáticos como los de Gustavo Gatica y recientemente, de Denisse Cortés, que perdió la vida como defensora de los Derechos Humanos, en medio de la indolencia y desprotección del Estado.

Es inaceptable que se imponga la impunidad, alentada por la inacción del Estado, la estigmatización de las víctimas y la prescripción de las causas. Ante esto, insistimos con la urgencia de crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del estallido, que busque dar garantías de no repetición. Esta debe ser una política pública integral, que incluya la identificación y sanción de las responsabilidades de las autoridades y los altos mandos en estos hechos, y el apoyo a la persecución internacional de eventuales delitos de lesa humanidad.

Pedimos a la Convención Constitucional que la Nueva Constitución se fundamente en la inviolabilidad e inalienabilidad de los Derechos Humanos, como base de toda comunidad. Este debe ser un enfoque transversal e integrador de su articulado, garantizando el carácter intangible de la dignidad humana, cuyo respeto y protección debe ser una obligación efectiva de todo poder público. La nueva Constitución deberá reconocer también los derechos específicos de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, como actores esenciales en este proceso, y sujetos de especial protección por parte del Estado.

Reiteramos el apoyo a la Ley de Indulto General para los y las presos de la revuelta. El daño causado por el uso discriminatorio y desproporcionado de la ley de seguridad interior del Estado y de la prisión preventiva ha causado daños irreparables en ellos y sus familias, perturba gravemente la convivencia nacional, y no nos permite avanzar hacia una justicia que resuelva la raíz de los conflictos que enfrentamos.

Como Universidad esperamos que esta fecha sea una oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad democrática y avanzar en la promoción de una cultura de los Derechos Humanos. Renovamos nuestro compromiso con la dignidad de todos y todas.