El último informe del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU) nos ha planteado una situación de alerta roja muy preocupante para el mundo. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia del cambio climático que golpea también al sector financiero y al rol de los reguladores en esta materia. Existe un consenso que el cambio climático incidirá profundamente en la actividad humana y el sistema económico que la sustenta. Por ello, debemos aplicar de manera urgente importantes políticas públicas orientadas a reducir su impacto.
Se acerca la COP26 que se realizará en Glasgow en noviembre próximo. Un evento planetario que abre expectativas sobre las decisiones que los países tomarán. Se espera que a diferencia de lo que sucedió en la COP25, -con tímidos acuerdos-, se pueda llegar a un consenso en el artículo seis del Acuerdo de París, que regula el mercado del carbono, y que los países establezcan compromisos en línea con sus NDC (Contribuciones Nacionales Determinadas). Con la reincorporación de Estados Unidos en el Acuerdo de París, esperamos que se avance decididamente en la integración de las naciones emisoras en mayor escala, de tal manera que la temperatura del planeta no supere los 1, 5 °C al año 2050, como lo ha manifestado hasta el cansancio el mundo científico.
El sector financiero no es ajeno a estos efectos sobre la economía. Esto ya está siendo reconocido e incorporado en sus decisiones tanto por el sector público, como el privado, así también, por los reguladores. El cambio climático genera efectos directos sobre actividades que ponen en riesgo el valor de determinados activos, impactando tanto el patrimonio de los accionistas, como de sus acreedores. Fenómenos relacionados con el clima son los efectos económicos de los incendios forestales en el planeta, los grandes aluviones en Europa y Asia, y los efectos en empresas de distribución eléctrica.
Hoy sabemos que el plan de descarbonización en Chile podría sufrir retraso debido a la crisis hídrica, lo que reduce la posibilidad de generar energía que reemplace las fuentes de carbón. El cambio climático representa riesgos directos sobre actividades agrícolas, forestales, portuarias y, por supuesto, para la generación hidroeléctrica donde los proyectos ya sufren escasez hídrica. La minería está realizando cuantiosas inversiones por la escasez de agua, como la construcción de desalaradoras, con energías renovables. Pero tenemos que gestionar la transición justa, en la cual el gobierno ha estado trabajando, y los riesgos que se refieren al impacto en el valor de activos de medidas de mitigación del cambio climático.
Chile se encuentra en el proceso de incorporar estas variables en el diseño de políticas públicas, como la Mesa de Finanzas verdes impulsada por el Ministerio de Hacienda, con la motivación de que el Estado y las instituciones financieras consideren la dimensión climática en la toma de decisiones, cumpliendo así su función en la sociedad, de asignar capital de manera eficiente y facilitar la transición hacia una economía sostenible. Ya es una evidencia que las condiciones ambientales están cambiando rápido, y los tiempos para actuar se están terminando. La actividad financiera tendrá que adaptarse con urgencia, liderando el camino a un mundo más sostenible, después de la grave crisis que estamos viviendo, y la que aún no ve la luz con certidumbre.
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