Sobre la base de las mediciones de las estaciones de monitoreo de calidad de aire en Chile, es posible afirmar que, anualmente, alrededor de 10 millones de personas están expuestas a concentraciones promedios diarias de material particulado (MP) 2.5 (el que entra directo a los alveolos pulmonares) superiores a lo establecido por la norma chilena actual (50 microgramos por metro cúbico [µg/m3]) y aún más lejos del límite sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que esta semana pasó de 25 a solo 15 µg/m3 en 24 horas.
Los niveles de contaminación tienen múltiples impactos negativos, entre los que se destacan el efecto nocivo sobre la salud, con más de 3.600 muertes prematuras en un año normal. O sea, en el escenario de coronavirus, la situación se agrava, ya que existe creciente evidencia que sugiere que la contaminación atmosférica se relaciona con la tasa de incidencia y mortalidad por covid-19, a causa de la influencia negativa que tiene la contaminación sobre la inmunidad de las personas, lo que afecta la capacidad de respuesta frente amenazas microbiológicas como el coronavirus y otros virus y bacterias.
Como se sabe, en la actualidad existen 13 Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA), 3 Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) y 1 Plan de Prevención Atmosférica (PPA) vigentes en Chile. De los 13 PDA existentes, 10 aplican para ciudades en el centro y sur del país, la mayoría de los cuales se centran en la contaminación por MP 2.5 vinculada a la calefacción residencial y contaminación intradomiciliaria basada en la quema de leña. En 7 de estos 10 planes –ciudades del sur de Chile- queda establecido que la contribución del sector residencial representa más de 90 % de las emisiones totales anuales de MP 2.5.
A pesar de los lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente, el problema de consumo intensivo de leña persiste e incluso ha empeorado en la mayoría de las ciudades. En estos casos, se observa que desde el año 2017, la mayoría de los resultados de planes de descontaminación se encuentran estancados, y sin mayor análisis público respecto de los porqués y sobre todo cómo revertir esta situación.
Evidentemente, la tendencia a preferir al combustible más barato por sobre otras opciones más limpias, y percibir la contaminación como un problema inferior al del frío, tiene raíces socioculturales profundas, lo que sin embargo no salva a la autoridad pública de su deber de tomar cartas en el asunto.
En concreto, una de las principales carencias es la falta de fiscalización de los planes por parte de la Superintendencia de Medioambiente. Poco sirve el avance normativo y teórico si no existe control de las emisiones en la realidad. El panorama es desalentador al mencionar la falta de control de contaminantes específicos y no solo máximos totales indiscriminados. Es sabido el vacío normativo respecto de ozono (O3) y dióxido de azufre (SO2), que son particularmente nocivos para la salud humana.
Existe consenso en la comunidad de científicos y profesionales respecto de las medidas a tomar: Flexibilizar los requisitos para la dictación de los planes de prevención. Extender el área de aplicación de los planes a las regiones definidas según alcance atmosférico de contaminantes y precursores, y no solo a las unidades administrativas donde se constata la superación de normas de calidad del aire. Incorporar la dimensión sociocultural de la contaminación del aire (es inconcebible por ejemplo la quema rural de rastrojos). Acelerar la discusión y regulación legal de biocombustibles sólidos (leña) y de una Ley de Eficiencia Energética que fije la calificación energética de viviendas nuevas y propicie mejores estándares térmicos.
El listado es, obviamente, más extenso. Por ello es crucial relevar que el principal déficit de la política pública se relaciona con la ausencia de participación ciudadana en la planificación y control de los planes de descontaminación, lo que redunda en que la autoridad no tenga contraparte que valide socialmente las decisiones o releve las omisiones. Esto se observa por ejemplo en la decisión sobre dónde medir, qué medir, qué hacer o dejar de hacer respecto de la gestión del aire. La experiencia muestra que, antes que técnica, la discusión sobre la política de calidad del aire es ante todo democrática, puesto que sin ciudadanía, priman intereses extraños y administraciones pusilánimes.
Diego Muñoz Carrasco
Director de Qore_Purifier
Ingeniero Civil Industrial y Magister en Gestión de Operaciones, U. de Chile