Los habitantes de estas 3 comunas del sector oriente de la región metropolitana de Santiago estaban felices de la vida con la Constitución Política de Pinochet y por ello se negaron, en la votación del plebiscito nacional de 2020, a que existiera una convención participativa y democrática que fijara las reglas del juego de nuestra nueva Constitución. Tales residentes perdieron y por ello actualmente existen 155 constituyentes que, con muchas peleas, errores y mentiras de parte de algunos, están haciendo el trabajo que se les ha encomendado.

Toda la ciudadanía sabe que, a través de unas “organizaciones funcionales”, instituciones fantasmas que no le rinden cuenta a nadie, financiadas con cuantiosos aportes municipales, las cuales no pueden ser fiscalizadas por la Contraloría General de la República, en adelante la Contraloría, han desaparecido de ellas unos cuantos millones de pesos que supuestamente habrían llegado a los bolsillos de los anteriores alcaldes de Vitacura y Lo Barnechea, conforme a una querella interpuesta por la alcaldesa Camila Merino (Evópoli) y denuncia presentada en la Contraloría por el alcalde Cristóbal Lira (UDI).

En el caso de Las Condes, la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), como consecuencia de haber recibido un audio anónimo, denunció en la Fiscalía Metropolitana Oriente unos deshonestos arreglines de platas en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, entidad privada que también recibe recursos municipales, la que tampoco fiscaliza la Contraloría.

Una funcionaria municipal de Vitacura aduce que ella le entregaba mensualmente al alcalde Raúl Torrealba (RN) unos sobres con $5 millones, los que le eran enviados a ella por su abuelito, quien ejercía un importante cargo en una de esas “organizaciones funcionales”, pero este columnista tiene la legítima duda de que ello fuera así, pues si el ex alcalde hubiera querido cometer ese tipo de fraude, no es consistente con los hechos, su rotunda negativa para viabilizar un millonario proyecto inmobiliario del US$ 500 millones de Cencosud en su terreno localizado en la esquina de las avenidas Kennedy y Padre Hurtado.

Esa empresa de retail, con infinitos y variados argumentos leguleyos presentados en la Municipalidad de Vitacura, en la Contraloría, en el Minvu y finalmente en los tribunales de justicia, pedía a gritos que se dejara sin efecto la caducidad automática de un permiso de edificación que le fue cursado en el año 2000 a otro empresario, con normas urbanísticas excesivamente permisivas, nunca existente en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Vitacura. Estas normas son muy restrictivas y por ello el lucrativo negocio era mantener la vigencia del antiguo permiso.

Horst Paulmann cometió el error, en el año 2010, de comprar el terreno que incluía ese permiso ya caducado, en una alta suma de dinero y estaba en las manos de Torrealba levantar la caducidad y al no hacerlo procedió correctamente y por ello podría ser posible que el asunto de los sobres con billetes a su persona sea una venganza por rencillas internas.

En el episodio de Lo Barnechea, el ex alcalde Felipe Guevara (RN) sostiene que la denuncia del actual alcalde Cristóbal Lira, se debe a una vendetta política por discusiones electoras anteriores entre ellos y, según hemos sabido, la discusión mayor se debe a que la administración de Guevara no le cobró por 3 años a una empresa publicitaria la explotación de unos letreros en una avenida determinada.

En el caso de Las Condes, la alcaldesa Peñaloza les ha dicho a los concejales que, si tienen antecedentes de malas prácticas, se los denuncien inmediatamente, pues ella no tolera la corrupción (sic), pero sobre esta lacra, le recordamos que cuando se conoció el dictamen N° E58945 del año 2020 de la Contraloría, que declaró la ilegalidad del permiso de edificación N° 37 del 29/03/18 cursado por su municipio a la Inmobiliaria Mirador Oriente S.A. para construir 25 edificios en la vía local Vital Apoquindo, mientras era candidata al cargo que ganó, le enviamos el dictamen para que tomara cartas en el asunto.

Ella no hizo absolutamente nada, al igual que el otro candidato, Gonzalo de la Carrera de Republicanos y los únicos que objetaron con publicidad el mal proceder municipal, fueron los candidatos Nicolás Preuss de la DC y Marcela Cubillos de Acción Humanista. Incluso el diputado del distrito, Tomás Hirsch, también denunció la ilegalidad en oficio de la Cámara de Diputados dirigido al entonces alcalde Joaquín Lavín (UDI), quien también se hizo el desentendido.

Pues bien, el domingo 05/09/21 le enviamos por twitter a la alcaldesa de Las Condes, una reiteración de la Contraloría por el proyecto ilegal de los 25 edificios, dándole a conocer el link en el cual se refleja su nuevo dictamen N° E108764 del 27/05/21, sin que ella se interesara ni agradeciera la información, pero sí las concejalas Catalina San Martín de Evópoli e Isidora Alcalde del Frente Amplio se comprometieron a investigar.

En resumen, los organismos competentes jurisdiccionales y administrativos deberán resolver las situaciones acaecidas en Vitacura y Lo Barnechea, donde ambos ex alcaldes saldrán mal parados, pero es nuestro deber afirmar ahora, luego antes de esperar sentencias, que con la flagrante inacción de la alcaldesa Peñaloza, sí se cometió un acto de abierta corrupción que podría quedar impune, al igual que en otros innumerables casos en los periodos de los anteriores alcaldes. Pero con las fiscalizaciones de las dos mencionadas concejalas, esperaríamos que, cumpliéndose los 2 dictámenes de la Contraloría, en los próximos días la Dirección de Obras Municipales de Las Condes otorgue a la inmobiliaria un nuevo permiso de edificación 100% apegado a derecho.

Pero la municipalidad de Colina, bajo el mando del alcalde Mario Olavarría (UDI), también utilizó la figura de las “organizaciones funcionales”, en este caso, con la Corporación de Desarrollo de Colina, para comprar con trato directo en US$ 2 millones a un privado su predio de 5 hectáreas con uso agrícola exclusivo, en donde se pretende construir el nuevo hospital de la zona norte, siempre y cuando las autoridades del gobierno central aprueben, lo que no es seguro, el cambio de uso de suelo a equipamiento.

En nuestra opinión esa Corporación no debió pagar tan alta suma de dinero por un predio que tiene muchas restricciones de uso, razón más que suficiente para entender que el privado vendedor del terreno se ganó el loto y además se desconoce si la nueva alcaldesa, Isabel Valenzuela (UDI), está investigando esa operación comercial que favoreció solo a la parte contraria del municipio.

Finalmente, ya que estamos aludiendo a descomposiciones municipales, con los arquitectos Miguel Lawner, Miguel Prieto, Jonás Figueroa y el dirigente social de Estación Central, Alejandro Verdugo, nos dirigimos al Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, manifestándole que deseamos entregarle patrocinio y poder para que, en nombre de nosotros cinco, interponga una querella en la Fiscalía Nacional en contra de los funcionarios públicos y actores privados quienes, coludidos, posibilitaron las construcciones de los guetos verticales ilegales en la comuna de Estación Central. El lunes 06/09/21, su abogado y vocero Alberto Precht, nos contestó que están revisando los antecedentes enviados para actuar en consecuencia.