A poco más de una década desde la enunciación de los Principios Rectores de Derechos Humanos de la ONU, las máximas autoridades de la organización coinciden en que para reconstruir la sociedad post pandemia, los derechos de las personas deben ser el eje fundamental de la reestructuración social. El covid-19 sin duda ha transformado nuestra realidad y ha develado la fragilidad de nuestro modelo de sociedad, incitándonos a repensarlo.
Según reportes de diferentes agencias de la ONU, la crisis sanitaria y sus consecuencias han provocado la profundización de la pobreza, el aumento de las desigualdades, la discriminación estructural y han mostrado brechas en la protección de los derechos humanos. La Agenda 2030 ya había determinado, en su preámbulo, que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas debían hacer realidad los derechos de todas las personas, y estableció como fundamento la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales en esta materia.
El Instituto Danés para los Derechos Humanos afirma que un 92% de las metas de los ODS (156 de las 169) están incluidas dentro de los tratados internacionales de derechos humanos y que, por tanto, sin la implementación de estos tratados, las metas de los ODS simplemente no se podrían lograr.
La conexión entre ambos marcos es incuestionable, por ello, Naciones Unidas llama a los estados, a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas, al mundo académico y al resto de actores, a definir estrategias y tomar acciones decididas de contribución a los ODS, considerando siempre un enfoque de derechos.
A lo largo del siglo XX y XXI, las empresas han ido alcanzado cuotas de poder que ya superan en muchos casos a las de los gobiernos; actualmente el valor económico de las 10 multinacionales más importantes del mundo es comparable al producto interior bruto de los 180 países más pequeños del planeta, entre ellos Irlanda, Colombia, Grecia o Sudáfrica. Por eso, es tan importante el rol de las compañías en esta materia.
No obstante, según datos del Pacto Global de Naciones Unidas, alrededor de un 91% de las empresas adheridas a la iniciativa cuentan con políticas o prácticas en materia de derechos humanos, y un 46% lleva a cabo formación para sus colaboradores, en la temática. A nivel gubernamental, solo hay 22 países en el mundo, entre los cuales se encuentra Chile, que cuentan con un Plan Nacional de Derechos Humanos, de un total de 193 países que forman parte de las Naciones Unidas, es decir, solo el 11% de estos han hecho esfuerzos por impulsar los Principios Rectores. El PNDH, coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuenta con más de 600 acciones comprometidas por distintas reparticiones públicas, orientadas al respeto, promoción y protección de los derechos humanos.
A poco más de diez años de la definición de los Principios Rectores, con sus conceptos de proteger, respetar y remediar, las empresas han comprendido el rol que les compete, han elaborado políticas y algunas han llevado a cabo un proceso de debida diligencia, pero aún queda mucho camino donde se requiere seguir avanzando. Sin duda, las personas y sus derechos deben estar al frente y ser el centro de la respuesta a la recuperación sostenible.