La mayoría de los chilenos se despiertan, van al baño, utilizan el agua para ducharse y lavarse las manos y siguen con su día. Luego en la cocina hacen un té o café y lavan los platos. A veces inclusive dejamos el agua corriendo mientras lavamos la loza o nos lavamos los dientes, sin darnos cuenta del gran privilegio que tenemos.

Este privilegio no todo el mundo lo tiene. Si bien nos consideramos un país casi desarrollado, la verdad es que estamos lejos de serlo: aproximadamente el 10% de los chilenos vive sin acceso a agua.

En áreas urbanas el 98% de las personas tienen acceso al agua potable, sin embargo en áreas rurales sólo alcanza a un 50%. En estas últimas, casi el 85% se abastece con aguas no tratadas. Se imaginan no poder tomar agua directamente del grifo y preocuparse de poder contraer alguna enfermedad por hacer algo tan normal como tomar agua.

Este número era mucho mayor hace años, ya que solamente el 6% de las áreas rurales tenían acceso a agua potable. Fue a raíz de esto que el año 1964 nace el programa de agua potable rural (APR), junto con el Plan Básico de Saneamiento Rural. El problema es que esto nunca se pensó a futuro y hoy casi 50 años después, es un problema para miles de comunidades.

A partir de esto el año 2017 se aprobó la Ley de Servicio Sanitarios Rurales, respondiendo a la necesidad de contar con un marco legal para el sector sanitario rural, que permita el crecimiento de las organizaciones comunitarias que administran, operan y mantienen los APR y, a su vez, define el rol del estado. Pero esta no ha dado los resultados esperados. ¿Qué está pasando y por qué no todos tienen acceso?

El primer punto a destacar es la centralización. Si algún lugar de Santiago, por no decir Santiago oriente, no tuviera acceso a agua potable los matinales y noticias estarían llenos de casos, y los municipios moviéndose rápidamente para poder entregar soluciones a las personas. Pero estas personas están incomunicadas, muchas veces inclusive sin señal para comunicar estos problemas. Uno de los mayores grupos son las llamadas comunidades dispersas, ya que son pequeños grupos de personas en territorios muy amplios. Pero no por esto merecen recibir menos atención, una vida menos digna.

Luego ocurre que, en el caso de que a las personas se les de las herramientas, no se les enseña cómo usarlas, como dice el proverbio chino: “regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”. Un claro ejemplo de esto es el sistema APR, el cual funciona bajo el comando de cada junta de vecinos. Son ellos quienes deciden cuánta agua utiliza puede utilizar cada familia, ver las horas en los que se pueden bañar y administran el agua racionalizándola. Pero nadie les enseña cómo. ¿Y cómo van a aprender? No existe un manual al respecto, no existe una red de contacto para compartir las buenas prácticas, no existe una red de apoyo para preguntas. Estas personas están solas contra el mundo. Y no cuentan con algo tan básico como el agua.

Durante el año 2020 se aumentó el presupuesto 2021 del MOP para reactivar la economía, siendo uno de los grandes ganadores las APR, ya que se elevó su presupuesto en un 76,5% (llegando a los $235.000 Mm). Aún así creo que el sector privado debería jugar un rol relevante conectándose con esta realidad de muchos chilenos y ayudando en el proceso de implementación de estas soluciones.

Si bien se destina el dinero a esto, hay mucho por hacer. Desde el minuto que una comunidad pide la instalación de un APR hasta que se implementa, el promedio que pasa es de 5 años, el 56% de este tiempo se gasta no en la instalación, sino que en trámites. Otros 5 años sin baño.

Y el problema no es solamente instalar nuevos APR, sino restaurar el estado de varios que ya existen. La mayoría de ellos fueron instalados hace más de 50 años, por lo cual las cantidades fueron planeadas para la cantidad de las personas que vivían ahí en el minuto, nadie se proyectó para una población mayor, lo cual es un problema ya que varias han crecido. Por otra parte, debido a la sequía que vive el país y la crisis hídrica a nivel mundial varios de los sistemas de APR ya no funcionan de manera correcta, pero al ya estar instalados el gobierno los dejó de lado. Hizo el check de que estaba todo ok, pero nadie volvió a hacer un seguimiento.

Son estos problemas reales de los cuales el estado se debería estar preocupando, y no llegar tarde. Si bien puede que económicamente no sea rentable si el impacto social es tremendamente positivo, dando dignidad a la gente. Porque el rol del Estado es entregarle a la gente lo que los privados no pueden hacer, y este es exactamente el caso.