Inclusión digital: de política sectorial a desafío de Estado

En Chile el acceso a un teléfono móvil es casi universal. Según datos de la SUBTEL, hay más de 25,4 millones de abonados en el país y cerca de 20 millones de conexiones a internet móvil. El acceso es de casi 90% en el nivel ABC1 y en niveles socioeconómicos más bajos llega al 43%. En el país, solo 3,5 millones accede a internet fija. El “Diagnóstico sobre las Brechas de Inclusión Digital en Chile”, publicado en enero de 2021 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en colaboración con la misma SUBTEL y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, muestra que 76,1 % de los habitantes de zonas urbanas es usuario de internet, mientras que solo 46,6% de los habitantes de zonas rurales lo es. Y que el 94,2% de las personas entre 15 y 49 años es usuaria de internet, frente al 67,9% de las personas entre 45 y 59 años. Por otro lado, en países de la OCDE en promedio, 32 de cada 100 personas tienen acceso a internet fija, mientras que en Chile solo 18 de cada 100. Muchos teléfonos, pocos computadores. Brechas digitales generacionales, territoriales y por ingreso.

Desde la década del 90, Chile ha desarrollado programas y políticas que buscan aportar al cierre de brechas de acceso y uso de las TIC. Es el caso destacable del programa Becas TIC del Mineduc, dirigido a estudiantes de 7° básico de sectores vulnerables, que anualmente entrega 130 mil computadores. Sin embargo, las brechas son persistentes. Tras décadas de programas sectoriales y una pandemia que ha expuesto nuestra dependencia de las tecnologías digitales, ¿Cómo hacemos para que la inclusión digital se convierta en un desafío país?

Para la educación superior el desafío es crucial. Por una parte, las casas de estudio constituyen un espacio de acceso a formación en el área TIC, equipos y conectividad. El desarrollo de habilidades y conocimiento de herramientas digitales debe alcanzar a todos sus estudiantes y académicos, pero también a su medio externo relevante. Un diagnóstico realizado por el Programa de Intervención Comunitaria de nuestra Universidad reveló la necesidad de dirigentes vecinales de diversas comunas, por conocer y manejar las redes sociales. Comenzamos así un proyecto de capacitación a la comunidad, que enseña a manejar y sacar provecho de las plataformas más utilizadas, para generar diálogo y encuentro entre vecinos y vecinas, para compartir información y extender redes de apoyo ante la contingencia sociosanitaria que hemos vivido. Este es solo un ejemplo de las múltiples acciones que nuestras instituciones pueden desarrollar para contribuir a la inclusión digital más allá de la función académica o investigativa, pues hoy más que nunca, el acceso a las TIC se constituye como un derecho para poder ejercer otros y mitigar las inequidades agudizadas por la crisis.

En estos momentos, nuestro país atraviesa por un período que será determinante para su desarrollo futuro. Ad portas de una nueva elección presidencial, y en el marco de la presentación de las propuestas de gobierno, es fundamental que no solo se dé continuidad a los programas existentes que apuntan a una mayor inclusión digital, sino que se comprometan a avances en esta materia, considerando desde ya las oportunidades que plantea el desarrollo de redes 5G. También, en este ámbito, el país requiere un acuerdo amplio y lo más transversal posible, para poner esa herramienta al servicio del desarrollo inclusivo del país. ¿Cómo garantizaremos la transparencia en la toma de decisiones en esta materia?, ¿qué metas se pondrán y qué prioridades se establecerán? Y, sobre todo, ¿cómo hacemos que la llegada del 5G empuje el cierre de brechas digitales y no al revés? Ciertamente, las universidades pueden contribuir a una mejor toma de decisiones y a apoyar la implementación de las políticas intersectoriales que de ellas deriven.