El día 12 de julio el medio electrónico mapuche, Werken, publicó unas fotos que han dado vuelta por todo el país: el velorio de Pablo Marchant, mapuche miembro del CAM, quien falleció en un enfrentamiento contra Carabineros.
Si bien se podría hablar horas y escribir páginas acerca de los antecedentes de las personas involucradas o el enfrentamiento en La Araucanía, creo que hay una cara que se ha dejado de lado: los ciudadanos civiles que viven ahí y tienen que convivir con esto.
Me pregunto qué ha cambiado en La Araucanía. Me veo hace 40 años tomando un bus Biobío para viajar cada fin de semana desde mi casa en Angol a Temuco a estudiar. Recuerdo, con nostalgia, el pasar por las llamadas zonas rojas (como Collipulli, Ercilla, Pailahueque o Victoria) en un trayecto que se hacía a cualquier hora y sin temor. Compartiendo todos en forma civilizada, sin miedo a movilizarse. Tenía 13 años y nunca vi a mis padres preocupados por que pudiese pasar algo.
¿Cómo se van a sentir seguros los civiles si hoy en la convención constitucional se está hablando de indultar a quienes quemaron vivos a la pareja Luksinger Mackay? ¿Cómo es posible que ciertos sectores políticos avalen lo que pasa? ¿Es que acaso no leen las mismas noticias que el resto del país?.
Este sector tiene tres frentes de conflictos:
Territorios: Desde el siglo pasado hasta la fecha, no nos debe extrañar de que el foco de este país haya estado en el desarrollo económico de la zona, en donde la propiedad privada -marcada en el traspaso de dominio de tierras – jugó un rol importante para penetrar civilmente a un pueblo y sociedad que desde un inicio debía controlarse y dominarse para tener un territorio unificado.
A través de las últimas décadas hemos visto que diferentes gobiernos han estado concentrados en adecuar la tenencia de la tierra mapuche al esquema de propiedad civil. Esto con el fin fundamental de integrar en igualdad de condiciones a los pueblos originarios a conformar parte de la ciudadanía chilena.
Desde el mandato de Domingo Santa María a fines del siglo XIX, hasta el gobierno de Pinochet, los territorios habitados por comuneros fueron divididos en hijuelas y entregados en propiedad al propio pueblo mapuche.
Violencia: Nada de esto justifica la violencia que estamos viviendo en el presente.
Podemos incluir a los pueblos originarios en la Constituyente, entendiendo que son parte de la diversidad que representa a nuestro país, pero en ningún caso permitirles que reivindiquen la violencia y actos que están fuera de la ley.
Historia: Si revisamos en forma rápida la historia, 1883 con el gobierno de Domingo Santa María se coloca fin a la pacificación de La Araucanía logrando acuerdos luego de un sinnúmero de levantamientos. De esta forma se pone término a tres siglos de insurrección, permitiendo con ello dar continuidad geográfica a nuestro país.
Por siglos, Chile pudo desarrollarse en el norte con pueblos originarios que se adaptaron y crecieron junto al desarrollo del resto del país pero no sucedió lo mismo en el sur. Este último estaba habitado por un pueblo mapuche con escasa cultura, viviendo en forma tribal y muy lejos de lo que fueron los imperios inca o maya.
Cuando se observa que algunos mapuches quieren un estado dentro de otro, me pregunto: ¿Por qué no podrían también exigirlo los atacameños, diaguitas o pascuenses?
Hoy la gran masa de mapuches son mestizos. Se han integrado como ciudadanos de esta patria, recibiendo los beneficios de la misma, como la construcción de puentes, educación, policlínicas y carreteras. Todos financiados por el gobierno y por ende cada uno de nosotros. Hoy una mínima parte de ellos viven en La Araucanía, siendo casi el 85% mestizos y en donde solamente el 16% conoce su lengua materna.
Algunos grupos terroristas han levantando banderas de una minoría no representativa del pueblo mapuche, creando una disputa territorial que no es tal. Los ciudadanos esperamos respuestas contundentes ante el terrorismo.
Los nativos americanos que existían en California en el siglo XVI fueron dominados primero por españoles, luego por mexicanos y finalmente en 1848 por el propio pueblo norte americano. No imagino hoy juicio alguno para anular las conquistas que se llevaron a cabo entonces.
Las derrotas no confieren derecho alguno en la guerra ni en la vida. Por ello nuestra institucionalidad debe hacer frente con el mayor rigor del estado a algo que se llama simplemente terrorismo, disfrazado de reivindicaciones inexistentes.