Un saqueo descarado. No hay otra forma de calificar la propuesta parlamentaria que busca eliminar las deudas contraídas por las personas y las PYME durante la pandemia.

Esta iniciativa, firmada por un grupo de diputados, establece la prohibición de comunicar los datos relativos a las obligaciones financieras a los bancos, que se hayan adquirido con posterioridad al 18 de octubre de 2019 y que se encuentren impagas. Esta restricción duraría hasta 120 días luego término del estado de excepción constitucional, que rige hasta el 30 de septiembre.

Esto es definitivamente un acto expropiatorio, un saqueo descarado, porque condonar deudas es creación de desempleo y el riesgo de quiebra, principalmente de pequeñas y medianas empresas. La economía se mueve por ventas y consumo y el día de mañana, si no me van a pagar, con el aumento de cesantía no voy a saber a quién tengo sentado frente a mi mesa.

Lo que se está provocando con esta medida es autorizar la eliminación de antecedentes, para que luego otro te preste, sin saber que la persona no cuenta con capacidad de pago, por lo que se está trabajando con los ojos cubiertos; es caminar de ciego con los ojos con una venda, incluso el almacenero de la esquina no va a querer fiar. Tenemos un 10% de cesantía, pero con un 27% de trabajo informal y con esto se hunde más la economía.

La morosidad ha disminuido por el exceso de liquidez que se ha producido por las ayudas entregadas por el gobierno y el retiro de las AFP, pero se trata de una realidad ficticia, porque muchos están repactando, evitando provisionar y no están pagando la deuda. Estas son medidas absolutamente populistas y destructivas del empleo y de las empresas.

En estos momentos, la solución va de la mano de activar una gestión de cobranza efectiva, que permita a las personas repactar sus deudas, abonar y cumplir con sus compromisos financieros, pues si hoy no pagan, y sin acciones de cobranza o abonos, la situación será mucho peor.