El pasado 1 de junio, en el marco de la cuenta pública, quien preside el poder ejecutivo anunció poner urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario.

Este anuncio no quedó exento de críticas de los sectores mayormente conservadores, sin embargo, tuvo alta valoración en algunas organizaciones de la diversidad sexual. No obstante, más allá de valorar como “positiva” o “negativa” esta medida, permite reflexionar hacía dónde se está mirando cuando -se cree – estar resolviendo el problema de la discriminación.

El matrimonio como institución se funda desde un lugar de protección de la propiedad privada. Ello trae consigo resguardar patrimonios, derechos filiativos y reconocimiento de la familia fundada desde la monogamia, como la única organización base de la sociedad.

A simple vista no se ve nada problemático en ello, pero aun así, la experiencia de los cambios legislativos en Chile respecto a las diversidades sexo – genéricas, no han traído consigo un cese de los actos de violencia y de odio hacia las personas LGBTIQ+. Esto refleja que la ley no antecede a la cultura.

Hacer frente contra la discriminación por conceptos de orientación sexual e identidad y expresión de género, debe ir ligado a un concepto socioeducativo, que permita educarnos y/o re-educarnos desde la diversidad. Poner en encrucijada que la heterosexualidad no es la única forma posible de ser y sentir, en otras palabras, considerar políticas de educación sexual integral, que formen desde las diversas dinámicas sexo – afectivas e identitarias.

Lo anterior, hace alusión a que luchar por el derecho a lo privado no es lo necesariamente urgente, por el contrario, el derecho a lo público es la clave. El derecho a vivir, a sentir y expresar sin miedo a recibir una bofetada cargada de desconocimiento, odio y prejuicios.