Han pasado más de 500 días desde el “18-O”. Más de 500 días desde que se expresara de manera contundente la profunda falta de equidad social a la que nos enfrentamos. Esta realidad, se evidencia muy crudamente meses después con el inicio de la pandemia de COVID-19.
La ciudad, en sus diversas escalas, desde la vivienda, el barrio, la comuna y la totalidad del sistema, definen nuestro habitar cotidiano. La falta de equidad urbana y la segregación socio-espacial se han visto acrecentadas a partir de estos dos hechos.
Según un estudio realizado por TECHO-Chile, actualmente nuestro país tiene más de 80.000 familias que viven en cerca de 1.000 campamentos. Es decir, en los últimos 10 años hemos subido de 650 a 969 campamentos, con un incremento de más de 34.000 familias desde el año 2019 a la fecha. De las 81.643 familias catastradas sólo el 7% cuenta con agua potable. Estos datos, más bien, esta realidad traducida a datos, es demoledora.
El problema tiene varias dimensiones. La falta de acceso a la vivienda y que además sea digna, es decir, que garantice una superficie suficiente y su calidad en la construcción, buscando sobre todo eficiencia energética, es lo más urgente y define una primera escala. Una segunda escala, aborda la carencia de espacios públicos e infraestructura próximos, a la escala de barrio, que promueva la vida en comunidad y con ello la inteligencia y arraigo social. Otra dimensión muy relevante es la integración a partir de la localización de los conjuntos habitacionales, quedando en la mayoría de los casos excluidos de servicios básicos como farmacias, hospitales, colegios, y de sus fuentes laborales, lo que trae consigo otra serie de factores como la movilidad.
En estos días se termina de discutir en el Congreso la Ley de “Integración Social y Urbana”, con el objetivo de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tome un rol activo en la adquisición y administración de terrenos, permitiendo la gestión de proyectos de vivienda social en ubicaciones integradas a servicios, equipamientos, e incluso oportunidades laborales. Sin duda, será un paso muy relevante para avanzar en equidad socio-espacial, pero no es suficiente.
Durante el mes de abril de este año, el Ministro Felipe Ward anunció la mesa de trabajo “Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad”, que reúne a 30 actores diversos relacionados con la problemática habitacional, desde académicos y universidades, gremios, fundaciones, dirigentes sociales, municipios, hasta el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y el Congreso.
Como primera medida, la mesa de trabajo tiene por objetivo establecer diálogos desde las miradas transversales orientados a aunar visiones. A partir de ello, generar propuestas concretas para que, a corto plazo, se puedan implementar, abordando el acceso garantizado a la vivienda y la erradicación de campamentos. Finalmente, marcar una agenda que permita dar continuidad a la ruta establecida a largo plazo.
Para ello, los 30 actores, tienen un plazo de 60 días, siendo un proyecto prioritario para el Ministerio, sobre, seguramente, el tema país más urgente que tenemos hoy.
Los próximos días son fundamentales para avanzar a un Chile más equitativo, primero, por entender y jerarquizar la relevancia del problema habitacional, segundo, por la búsqueda de una visión que se haga cargo de un diagnóstico evidente con propuestas concretas, y finalmente, por la definición de políticas públicas con un apoyo transversal político, académico y social, que permitan, en el mejor de los escenarios, garantizar vivienda de calidad e integradas a la ciudad para todos nuestros ciudadanos.
Miguel Nazar Daccarett
Director Carrera Arquitectura
Universidad del Desarrollo
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