Sabemos que aunque la mesa del Senado, mediante su Presidenta, Adriana Muñoz, haya rechazado la puesta en tabla del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), este no ha muerto. Más aún, sabemos que según las palabras de los senadores Insulza (PS), Pizarro (DC) y Lagos Weber (PPD) en una columna publicada en El Mostrador el 10 de enero pasado, los motivos que tuvo la oposición para negarse a discutir el tratado, es que este no genera consenso. Digámoslo con claridad, la oposición solo acordó aplazar el debate, pues es un tema que la divide, no acordó rechazar el tratado.

Es un llamado a no bajar la guardia, pues sabemos que en cualquier momento podrá ser votado. La movida de la oposición fue correcta, pues el TPP-11 genera un amplio rechazo en la población y de haberse aprobado, hubiese tenido trágicas consecuencias para las pretensiones constituyentes de los partidos. Con seguridad, si el TPP-11 se aprobaba, los candidatos ligados a los votos de aprobación en el Senado hubiesen acusado una merma de sufragios en abril.

La columna aludida cierra señalando que: “La decisión del Gobierno de acelerar la votación de este proyecto no ayuda a generar los entendimientos necesarios en torno a temas tan importantes y delicados como son este acuerdo y el proceso constituyente. Por ello creemos que sería un error urgir su aprobación. Hagamos un debate con todos los actores. Démonos el tiempo que sea necesario”. Yo me pregunto ¿cuál es el tiempo necesario? E inmediatamente después, me pregunto ¿cuidar el proceso constituyente es cuidar la elección de constituyentes o cuidar la libertad de la Convención Constitucional?

Son dudas que la oposición debe aclarar, no supongo a priori una respuesta, pero son preguntas legítimas. Si lo que se quiere es cuidar la elección de constituyentes, entonces el tiempo necesario es pasada las elecciones del 11 de abril, si lo que se quiere es cuidar la libertad de la Convención, entonces el tiempo necesario comenzará una vez que se apruebe la nueva constitución.

Los tiempos son importantes, ya que por una parte, el acuerdo para la Convención Constitucional es que no se toque ningún tratado internacional, no solo de Derechos Humanos –como sería lo normal– sino también económicos. Aprobar el TPP-11 antes de aprobar la nueva Constitución, restringiría aún más las posibilidades de cambio.

Por otra parte, tal y como lo han señalado los académicos José Gabriel Palma y Hassan Akram, el TPP-11 impone restricciones internacionales al rol del Estado en la economía, impidiendo que este pueda incentivar ramas productivas, direccionar beneficios, potenciar la transferencia tecnológica y regular la industria extractiva, si es que algunas de estas acciones daña la expectativa “razonable” de utilidades de las empresas, facultando a estas a demandar al Estado en instancias supranacionales que fallan sistemáticamente a favor de los privados.

Es por ello, que la oposición debe definirse, pues si lo que quiere es cuidar la elección de constituyentes y votar el tratado después de abril, entonces cada artículo de la nueva constitución que afecte los intereses de las transnacionales, o bien será inconstitucional, o bien costará a Chile demandas multimillonarias que de seguro perderá. Nos dejará atados de manos o en banca rota.

Sin embargo, confío en que tendremos la sabiduría y el coraje de cuidar la libertad de la Convención Constitucional, y que el TPP-11 solo se votará una vez aprobada la nueva Constitución, tengo fe en que sabremos resguardar nuestra soberanía.