Como Movimiento de Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno denunciamos el inminente desalojo de estas familias del Campamento Laguna Verde en Iquique.

Según información proporcionada por Techo Chile, este campamento tuvo su inicio el año 1996, por lo tanto, tiene 25 años de existencia. Comprende unas 600 familias, con un total de 1.600 personas, situadas en terrenos de propiedad fiscal.

Conforme a la Resolución N° 36 emitida dos días atrás por la Gobernación Provincial, el campamento debe ser evacuado en el plazo de 30 días, ya que impiden la ejecución de una segunda ruta conectando Iquique con Alto Hospicio.

En julio de 2019, el SERVIU convocó a la Licitación ID: 6-28-LQ19 TRASLADO DESARME LIMPIEZA CAMPAMENTO LAGUNA VERDE, en donde se mencionaban las familias del campamento que se erradicarían a nuevos edificios del conjunto Alto Playa Blanca, situado en las afueras de la ciudad. Además, se daba a conocer que, de las 81 familias postulantes, 48 serían trasladas a dicho proyecto y las 33 familias restantes quedarían excluidas. Esta licitación fue declarada desierta, por lo cual, la situación del campamento no ha cambiado.

La licitación se declaró desierta porque se postuló solo un oferente y su propuesta excedía en un 200% el presupuesto oficial. Una explicación es que la licitación comprendía partidas que probablemente una constructora no está acostumbrada a ejecutar, como por ejemplo mudanza de las familias con sus pertenencias, incluyendo plantas o alguna vegetación recuperable.

Comprenderán que, dada su antigüedad, algunas familias han consolidado viviendas de buena calidad y las restantes son relativamente aceptables.

El MINVU cuenta con un equipo de Campamentos en cada región, que está facultado para erradicarlos a nuevos terrenos o a formalizar la radicación en sus actuales ubicaciones, junto con realizar las obras de urbanización que sean necesarias, tal como lo ha realizado en el campamento Manuel Bustos de Viña del Mar. Sin embargo, desestima esta política, fundamentalmente porque las grandes empresas constructoras privadas se niegan a intervenir con las familias permaneciendo en el lugar de las faenas.

Con anterioridad a la dictadura, siempre existieron empresas medianas o pequeñas, dedicada fundamentalmente a ejecutar las faenas necesarias para convertir una toma de terreno o un campamento en un asentamiento normal. Es la política más racional, porque a medida que transcurre el tiempo, las familias generan diferentes tipos de arraigo en los lugares donde se han establecido: escuelas para sus hijos, acceso a servicios comerciales educacionales o de salud, cercanía a las fuentes de trabajo.

Así fue como se consolidó gran parte de las zonas sur y poniente de Santiago, que tuvieron su origen en tomas de terreno. La más conocida es la toma que dio origen al campamento La Victoria, que hoy es un asentamiento normal.

El MINVU se ha empecinado en desconocer la voluntad de las familias de permanecer en los lugares que han tenido su origen en una toma de terreno. Se obstina en desarraigarlas, ofreciéndoles departamentos en lugares normalmente muy alejados y llamándolas a postular a estos nuevos conjuntos habitacionales, consistentes en edificios de cuatro o cinco pisos de altura. Hay casos en que no es posible la radicación por razones técnicas o por estar emplazados en zonas de alta vulnerabilidad, en cuyo caso el traslado es inevitable, pero la gran mayoría se encuentran dentro del área urbana.

La solución pasa por abordar de manera urgente el tema, tal como lo indica el CNDU con planes integrales, que consideren todas las opciones posibles y en un escenario de colaboración Público, Privado, con plena participación de representantes de los Comités de Vivienda.

Como resultado de esta política, abandonan sus campamentos algunas de las familias, cuyos terrenos son inmediatamente ocupados por nuevos ocupantes. En algunos casos, existe incluso un intercambio comercial. Esta es una fórmula muy perjudicial para el desarrollo urbano, porque los campamentos perpetúan un cuadro de precariedad habitacional.

Históricamente, siempre el Estado optó preferentemente, por consolidar la radicación de los campamentos en sus mismas ubicaciones, salvo en casos de localizaciones de extremo riesgo.

En la eventualidad que las erradicaciones sean inevitables, el Minvu debe acompañarlas con planes de acción inmediata en dichos terrenos, considerando la realización de obras como pequeñas plazas, recintos deportivos, paseos de borde cerro, etc., dándole un uso razonable a dichos terrenos, impidiendo que estos terrenos vuelvan a ser ocupados. El CNDU en el documento PROPUESTAS PARA LA REGENERACIÓN URBANA DE LAS CIUDADES CHILENAS, propone priorizar las situaciones críticas de Campamentos con medidas de corto plazo y complementarias, que implicarán una férrea coordinación intersectorial para ser implementadas de manera integral.

Nuestra Agrupación Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno, presentó no hace mucho tiempo atrás al Presidente del CNDU y al Subsecretario del MINVU, una propuesta de solución a los campamentos, poniendo énfasis en su radicación y en la creación de Sociedades Mixtas SERVIU con Municipios, a fin integrarlos al desarrollo urbano de nuestras ciudades.

La Pandemia ha puesto en evidencia la imposibilidad de que las familias residentes en campamentos u otros asentamientos precarios puedan responder al cuidado que se requiere, dado sus altos índices de hacinamiento.

Forzar el lanzamiento de 1.600 personas en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo es inconcebible. Los altos niveles de especulación con el valor de los arriendos, los deja sin la opción de obtener un techo bajo el cual guarecerse.

¿Es razonable que pueda invocarse la necesidad de ejecutar un camino, para lanzar a la calle a estas familias?

En los últimos días hemos conocido la Minuta de un documento emitido por el CNDU, formulando algunas propuestas para la regeneración urbana de las ciudades chilenas. El documento sostiene que: “el estallido social y luego la pandemia evidenciaron y profundizaron la desigualdad de las ciudades chilenas y el deterioro de ciertos barrios”.

Más adelante propone “ampliar las facultades de la actual Glosa 11 del Minvu para permitir la compra de suelo, ya sea de terrenos en toma para regularizarlos, radicando las familias si se dan las condiciones de habitabilidad, o para la compra de nuevos terrenos destinados a familias a erradicar de campamentos”.

Este es el camino correcto. La Gobernación Regional de Tarapacá debe prestar atención a estas propuestas tan sensatas formuladas por el máximo organismo asesor en materia de políticas de desarrollo urbano, y detener una acción inoportuna e inhumana como la expulsión de las familias residentes en el campamento Laguna Verde de Iquique.