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Mientras se avanza hacia la reanudación gradual de las actividades en el país, con medidas para prevenir el contagio del coronavirus, hoy más que nunca hay consenso en que las acciones que empujen la reactivación económica deben estar alineadas con una mayor conciencia ambiental y con la acción climática, para avanzar hacia un desarrollo sostenible.
Cuando se requiere acelerar la inversión en sectores estratégicos, como el energético y la minería, es preocupante constatar que hay un considerable número de proyectos de inversión paralizados por causas judiciales. Según un informe de la Confederación de la Producción y del Comercio, hasta el primer semestre de este año, un total de 39 proyectos de inversión -equivalentes a más de US $9 mil millones- fueron ingresados y admitidos a tramitación en los tribunales ambientales, una cifra considerada récord.
Así, más de la mitad de las iniciativas judicializadas están vinculadas a los sectores energía y minería, seguidos por el inmobiliario y acuícola, y estas demandas responden principalmente a problemas locales. Sin duda, esta situación está aparejada con una mayor y creciente conciencia medioambiental y con una ciudadanía más exigente de sus derechos.
Entonces, ¿cómo aprovechar el potencial y la vocación que tiene el país para empujar el crecimiento económico? Sólo con el diálogo y la participación temprana es posible delinear fórmulas para superar las divergencias, y desde la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) tenemos mucho que aportar en esta materia.
En 2015 pusimos en marcha el Programa Acuerdos Territoriales de Preinversión, con el que hemos impulsado siete proyectos piloto con diferentes sectores productivos en distintas regiones del país, para garantizar un diálogo transparente entre comunidades y proyectos de inversión en sus territorios, de manera de definir acciones de mejora anticipada, previo al ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Un aspecto relevante de este programa es que el Estado asume por primera vez el rol de garante en un proceso de participación temprana y con el Programa hemos logrado asegurar a las partes las garantías mínimas para que su participación sea efectiva. Sin duda, la experiencia ha sido satisfactoria, pues a través de esos pilotos hemos podido medir el alcance y la efectividad de la metodología, la cual elaboramos a partir de la experiencia Suiza y el trabajo conjunto con el sector privado y ONGs.
Del total de proyectos pilotos que hemos implementado, cinco estuvieron vinculados a un proyecto de inversión previos a su ingreso al SEIA y dos se enfocaron principalmente en conflictos territoriales asociados a la presencia de instalaciones productivas en el territorio.
Los siete procesos participativos impulsados por el programa Acuerdos Territoriales de Preinversión, enfocados en los sectores de energía, agroindustria, minería, forestal y aceites lubricantes, lograron consensuar un documento firmado por las empresas y las comunidades, lográndose un total de 159 acciones comprometidas, con un promedio de 20 por proyecto, siendo las acciones correspondientes a las categorías de “impacto” y “desarrollo local” las de mayor proporción (63%).
No cabe duda que la legislación ambiental y los permisos sectoriales son fundamentales, pero ya no bastan para poner en marcha un proyecto de inversión. Hoy es imperativo incluir a las comunidades y sus territorios en la negociación. Es necesario avanzar en disponer canales formales para un diálogo temprano y efectivo entre empresas y comunidades, con lo cual se active el desarrollo de los territorios y contribuya a avanzar hacia nuevos proyectos de inversión sostenibles.
En la ASCC estamos convencidos que esta pandemia ha generado una oportunidad para encauzar el rumbo hacia una economía sostenible y, en este proceso, la experiencia de la Agencia a través de los Acuerdos Territoriales de Preinversión, focalizados en la participación ciudadana temprana, pueden contribuir a una reactivación de la inversión y de la economía más sustentable, resiliente, circular e inclusiva.
Augusto Hermo
Director Ejecutivo
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
