Se sabe que en política muchas veces la verdad “se acomoda” a los objetivos. Más que mentir se omite, se destaca un aspecto sobre otro, se dibuja una realidad o interpretación de la realidad por sobre otra que incomoda. En definitiva, se construye un relato o “verdad oficial”. No obstante, en el caso de la salud, la verdad a secas y sin apellido, es fundamental para la sobrevivencia. No hay espacio para un relato. Saber con la mayor precisión posible lo que está ocurriendo es clave para tomar buenas decisiones y salvar vidas.
Es por eso que las recientes revelaciones de Johanna Acevedo, jefa de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud durante la administración de Jaime Mañalich son tan inquietantes. En el contexto de la investigación del fiscal Xavier Armendáriz, por el número de fallecidos por covid-19 en nuestro país, fue interrogada respecto a las estadísticas de Coronavirus durante la administración del exministro.
Acevedo, enfermera y especialista en epidemiología responde al fiscal que “el ministro decidió montar un sistema ‘paralelo’ (de conteo de casos covid-19) a cargo de su jefa de gabinete, Itziar Linazasoro”. Lo particular de este sistema, según declaró, es que “sistemáticamente reportaba menos casos de los reales. Las diferencias eran pequeñas al comienzo. Sin embargo, con el tiempo se incrementaron llegando a superar los 30.000 casos que no eran informados al país”, según ya lo había dado a conocer Contraloría.
La novedad radica en que, según las declaraciones de Johanna Acevedo, esta discrepancia no fue producto de un error: “la brecha que dice Contraloría era en la información pública, no en la que manejábamos internamente en el Minsal”.
La División de Planificación Sanitaria del Minsal, de la que Acevedo estaba a cargo a través del DEIS (Departamento de estadísticas en salud) procesa hace décadas nuestras estadísticas sanitarias. Se trata de un órgano técnico, donde trabaja personal altamente especializado, pero cuya jefatura no se elige por alta dirección pública: es un cargo de confianza política que cambia con cada gobierno.
La diferencia entre la realidad, conocida por Acevedo, y la “verdad oficial”, según la reportaba el ministro, se hizo tan evidente con el paso de los meses, que el relato de la epidemióloga adquiere un giro orwelliano: si los hechos no se adaptaban a la “verdad oficial”, peor para los hechos. Para que el informe epidemiológico entregado por Minsal coincidiera con lo reportado por el ministro en sus vocerías, se comenzó a simplificar dicho informe, haciéndolo apto para coincidir con la “verdad oficial”.
Más aún, las discrepancias entre este discurso oficial y la verdad como la conocían los especialistas del ministerio se profundizó con las declaraciones del actual jefe de epidemiología del Minsal, también nombrado por Mañalich, quien sostuvo ante el fiscal: “El sistema que usaba el ministro (para contar los casos), sea cual fuera, no dio el ancho por lo complejo de la situación”. Más aún, agrega: “Muchos decían que funcionó (la estrategia), que estuvo bien lo de los ventiladores. Eso no quiere decir que se haya hecho bien; independiente de todo, tenemos 16 mil fallecidos”.
Si bien las declaraciones de Araos y Acevedo deberán contrastarse en el contexto de una investigación judicial, esta situación nos pone frente a una pregunta crucial: ¿por qué el DEIS y el personal de epidemiología no pudo hablar en forma autónoma desde el primer día, para dar a conocer el número de contagiados? ¿Por qué las jefaturas no pudieron manifestar en forma pública su discrepancia con las estadísticas publicadas por el ministro o con la gestión de la pandemia por parte del gobierno? ¿Por qué tuvimos que esperar una investigación judicial para conocer lo que pensaban estos especialistas?
La razón es evidente: a pesar de que el perfil del cargo es esencialmente técnico, estos al final son cargos de confianza política que cambian con cada administración. Cabe preguntarse entonces cuál habría sido el efecto de una mayor transparencia en la información y de una real libertad para expresarse sustentada en un mayor autonomía de las entidades técnicas. Tal vez se hubieran adoptado otras decisiones epidemiológicas para el manejo del Coronavirus, que además hubieran contado con mayor respaldo y adherencia de la población, reduciendo así el número de fallecidos.
Por el contrario, en los momentos más críticos de la pandemia, la “verdad oficial” no tuvo ninguna contraparte técnica dentro del gobierno. Sólo un par de centros de estudios y algunos valientes periodistas, fueron las únicas formas que tuvieron los ciudadanos para contrastar este discurso.
Lamentablemente ya no podemos volver atrás. Para que esto no vuelva a ocurrir y primen los criterios sanitarios, se necesitan instituciones autónomas que no dependan del gobierno de turno y en las cuales la ciudadanía pueda depositar su confianza. Las estadísticas en salud no pueden perder su credibilidad.
Ojalá aprendamos la lección, y en el futuro, permitamos que los técnicos puedan hablar, dotando a nuestra institucionalidad de estadística y salud pública, de una potente autonomía. El momento de una reforma es ahora.
Dr. Juan Carlos Said
Médico Cirujano de la Universidad Católica
Máster en Salud Pública, Imperial College, Londres
Médico internista del Hospital Sótero del Río
En Twitter: @juancarlossaid