El Gobierno ha mostrado su íntima afinidad con los intereses financieros de las compañías de seguros dueñas de las AFP, sistema que no es de seguridad social sino un estupendo sistema privado de recaudación forzosa de fondos de los trabajadores. Somos partidarios del retiro del 10%, pero con un máximo de $ 3 millones, manteniéndose el mínimo de $ 1 millón, dirigido ya sea a los no pensionados como también a los pensionados.
La semana pasada 95 diputados de derecha, centro e izquierda, aprobaron el proyecto de ley que, previa reforma constitucional, les permite retirar las platas ahorradas que tienen en las AFP los 11.000.000 afiliados a este sistema privado de acumulación individual de fondos.
Hay 1.800.000 personas que ya son pensionados del sistema, quienes mayoritariamente reciben mes a mes sumas muy mezquinas y por ello, tiempo atrás, con motivo de las consecuencias negativas de las cuarentenas forzadas por la pandemia y del estado de excepción vigente, se había tomado la decisión de ayudarlos con el retiro de un porcentaje de sus capitales, pero esta futura legislación, por algún motivo sorprendente, los excluyó.
Nos ha llamado mucho la atención cómo el gobierno, con la asistencia colaborativa de la prensa que lee la élite, se ha empeñado para que esta ley no prospere, lo cual es demostrativo de su íntima afinidad con los intereses financieros de las compañías de seguros dueñas de las AFP. En la campaña publicitaria por el NO, llamaron a un representante de la conspicua OCDE para que dijera que el sistema era muy bueno y que, por ello, no se debía tocar. Y algunas AFP imprudentes enviaron cartas a sus afiliados diciéndoles que este retiro es “pan para hoy y hambre para mañana”, a pesar de que ello no es así, pues lo urgente es superar el “hambre actual”, porque así se puede sobrevivir y llegar en mejores condiciones “para mañana”. Otros tantos, en cartitas al director de esos medios, fueron más provocadores al tratar de “ignorantes” a los diputados.
El ministro Briones ha señalado que, si los senadores le dan la bendición a esta legislación, el monto total del retiro de fondos llegaría a los US$ 18 mil millones, monto tan alto que producirá impactos negativos en el precio de transacción de las acciones, pero no dice que, con esas nuevas platas, los afiliados ingresarán raudos al mercado del consumo de bienes y servicios, pagando sus apremiantes deudas bancarias, del retail y de todo tipo de obligaciones financieras, es decir, estarían generando actividad económica y consecuentemente empleo.
Este proyecto de ley considera que los afiliados que aún no hayan iniciado sus trámites de jubilación podrán retirar el 10% de sus saldos acumulados con un tope de $ 4,3 millones y un piso de $ 1 millón, exentos de pagos de impuestos y de comisión. Para ello deben solicitar a las AFP su decisión de acogerse a esta disposición, suma que se deberá pagar en 2 cuotas, la primera en el plazo de diez días corridos y la segunda a los 20 días corridos, sin derecho a oposición por parte de las empresas que “cautelan” dichos dineros.
Los afiliados que tengan poco dinero acumulado, por ejemplo, hay 3 millones de cotizantes que tienen hasta $ 1 millón ahorrado, podrán sacar el mínimo de $ 1 millón contemplado en la ley. Se considera que habrá una devolución de estos montos que será financiada con mayores aportes, por parte de sus empleadores a sus cuentas individuales y con fondos públicos, llamado Fondo Solidario para la Reposición de las Pensiones, materia que en todo caso no está resuelta, es decir, es una mera idea, la que tendrá que resolverse si se aprueba el retiro.
Pero se da la paradoja de que los afiliados que tienen subidos saldos en sus cuentas individuales, por ejemplo, unos $ 300 millones, y que tienen sueldos mensuales de $ 20 millones o más, podrán girar de sus cuentas los reseñados $ 4,3 millones, sin obligación alguna de devolverlos, asunto inequitativo que parece no importarles a los legisladores y por ello en columna anterior el suscrito proponía que el retiro fuera para todos, pensionados y no pensionados, pero dirigido exclusivamente a quienes lo estaban pasando mal, entre otros, los cesantes, a quienes tienen ahora sueldos más reducido y obviamente excluyendo a los funcionarios públicos que tienen buenos sueldos asegurados y a todos aquellos privados que no han visto mermados sus sueldos.
También proponía que fueran las lucrativas AFP las que debían prestarle la plata a sus clientes cautivos, la que se les devolvería a sus fallecimientos, habida cuenta la fórmula que la Superintendencia de Pensiones (SP) ha establecido, tasa de mortandad a los 115 años, para que esos fondos nunca se acaben, ello a pesar de que las expectativas de vida en Chile, según el INE, para las mujeres es de 82,1 años y para los hombres es de 77,3 años. Es decir, las AFP tendrían una óptima garantía para recuperar sus dineros, prenda de mucho mejor seguridad que sus inversiones en papeles nacionales y extranjeros actualmente asaz volátiles. En esta línea de corte solidario hasta el conocido animador de televisión Don Francisco, en una reciente entrevista, declaró “Las AFP han ganado mucho dinero, ¿cómo no podrán dar un porcentaje en esta emergencia?”
Sabemos que hay diputados de RN y UDI que aprobaron este mal diseñado proyecto de ley, motivo por el cual el gobierno los ha criticado fuertemente, pero debemos entender que ellos se molestaron y procedieron así porque Piñera no le abrió la puerta a los alcaldes que tenían pretensiones vitalicias y porque muchos de esos diputados, digámoslo con claridad, están pensando en sus reelecciones, teniéndose presente que ser parlamentario en Chile es como ganarse un par de premios de la lotería. Pero, como un hecho llamativo, el ex político Pablo Longueira, envió una carta a los diputados UDI instándolos a que rechazaran este retiro de fondos, señalándoles con fuerza “Háganlo por Chile” (sic).
En resumen, queda claro que el sistema de AFP no es un sistema de seguridad social, pues es un estupendo sistema privado de recaudación forzosa de fondos de los trabajadores que se colocan en las más grandes empresas nacionales y del mundo. En nuestro país sí tenemos sistemas públicos como el Instituto de Previsión Social (IPS), denominación que en democracia se le dio al Instituto de Normalización Previsional (INP), Capredena que entrega jugosas pensiones a los miembros de las FFAA y Dipreca que hace lo propio con los Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.
Por lo relatado, dado que la situación es muy dificultosa para la mayoría de los afiliados a las AFP, somos partidarios del retiro del 10%, pero con un máximo de $ 3 millones, manteniéndose el mínimo de $ 1 millón, eso sí dirigido, ya sea a los no pensionados como fue resuelto por los diputados, sino también a los pensionados, quienes están viviendo horas muy embarazosas por falta de ingresos monetarios y en tal sentido, estaremos atentos a lo que esta semana dirá al respecto el Senado.
Por último, el gobierno y la oposición tienen el urgente deber de comportarse como autoridades serias, acordando a la brevedad, cómo será el sistema previsional, teniendo la certeza este columnista que las AFP, tal como están diseñadas, perfectamente pueden seguir funcionando con las decenas de miles de cotizantes que voluntariamente se adscriban a ellas, los cuales, tantos funcionarios del Estado como actores privados, son quienes reciben de sus empleadores altas rentas mensuales, sin lagunas, con millonarios Ahorros Voluntarios Previsionales (APV) en sus cartolas y que, siendo expertos en cifras y teorías económicas, tienen marcadas inclinaciones al riesgo.
Patricio Herman
Fundación Defendamos la Ciudad