Una crisis económica se vaticina para Chile. La tasa de desempleo llegó al 9% en el trimestre febrero-abril, y en el Gran Santiago se ha estimado incluso un 15,6%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó que se contraerá la actividad económica en un 5,3% del PIB regional. Mientras que el Banco Central de Chile reveló una caída del Imacec (indicador mensual de actividad económica) del 14,1% en abril en relación al mismo mes del año pasado.

En un contexto como este, con un 70% de la actividad de la región Metropolitana paralizada por motivos de cuarentena, la falta de liquidez de las empresas podría volverse una situación común, pudiendo ser una antesala a eventuales quiebras. Ya en marzo las empresas de gran tamaño como LATAM, Sky Airlines y Jet Smart pidieron apoyo al Estado, y aunque el Gobierno en esos momentos desechó ayudarles, probablemente esta sea una tendencia que vaya en aumento.

Es importante considerar en el debate que las empresas de gran tamaño corresponden al 53,6% del empleo formal del país, por lo que una situación de quiebra implicaría aumentar el desempleo, empeorando las condiciones de precariedad pre-existentes en las que se encuentran las y los trabajadores.

El mes pasado —y esta semana nuevamente— el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció que analizan opciones para ir en ayuda de las grandes empresas. Sin embargo, es muy posible que esta medida vaya en la misma línea que las otras leyes anunciadas por el Ejecutivo, como sucedió con la Ley de Protección al Empleo, que tiene una desigual imprenta, a favor de los empresarios y en desmedro de las y los trabajadores.

Por tal razón, el proyecto de Ley de nacionalización parcial de empresas estratégicas que presentó el 19 de mayo la bancada parlamentaria de Convergencia Social es un buen paso para evitar que las eventuales inyecciones de recursos por parte el Estado a las grandes empresas no sean a cambio de nada.

El proyecto contempla la compra de acciones de las grandes empresas que soliciten “rescate”, a cambio de que el Estado adquiera parte de su propiedad y que la empresa otorgue garantías sociales, económicas y laborales a los trabajadores, como la prohibición de despidos, suspensión de relaciones laborales y rebajas de jornadas durante la crisis. Esto, que por cierto está en línea con lo que se está haciendo en Europa, implicará que el directorio de la empresa incluya representantes del Estado, pero además a trabajadores y trabajadoras electos democráticamente.

Sin duda esta medida es una buena noticia, en tanto los intereses generales de la sociedad se verán representadas en el directorio por las trabajadoras/as y por el Estado. Esto evitará que eventuales decisiones del privado, movido por sus intereses, afecten a trabajadores o consumidores.

Asimismo, se establecen medidas que corrijan las discriminaciones de género, promoviendo un directorio con paridad y el cumplimiento de la Ley de Igualdad Salarial junto con el establecimiento de planes de mejora continua en materia ambiental.

Pero la incorporación del Estado en la propiedad de la empresa de gran tamaño también es una buena señal para asegurar el buen manejo de la economía en tiempos de crisis, garantizando la provisión de bienes y servicios estratégicos que estas entregan a la ciudadanía. Sería improcedente pensar que las aerolíneas —como Latam— dejen de proveer vuelos o reduzcan la calidad del servicio para abaratar costos.

El Estado también puede, por medio de su participación en los directorios, incentivar la competencia en los mercados que proveen bienes y servicios estratégicos. Esto es particularmente importante en nuestro país, ya que muchas grandes empresas tienen algún grado de poder monopólico en sus mercados. Recordemos las ilegales subidas de precios o establecimientos de cuotas en el mercado del papel higiénico, pollos, pañales, remedios, entre tantos otros.

Una última buena razón para establecer directorios cogestionados en las grandes empresas, es que el Estado junto con las y los trabajadores, en un interés general de transitar a un estadio de mayor desarrollo económico, puede con el privado indicar los pasos siguientes hacia dónde ir en materia productiva.

Esto es especialmente relevante si se quiere superar la baja complejidad de nuestra economía. El sector privado por sí solo no transitará a una transformación estructural de la economía, pues el actual modelo económico les entrega las suficientes rentas para mantenerse estático. Por lo que la nueva composición de los directorios en empresas estratégicas podría ser una tremenda oportunidad para empujar los cambios que el país necesita.

Felipe Gajardo.

Magíster en análisis económico.
Integrante de la Red de Estudios Nueva Economía.