"Las instituciones no funcionaron": las graves denuncias de la arquitecta imputada en el caso Caval

Señores Radio Bío Bío
Presente

Estimados:

“Uno puede estar seguro que nunca cometerá algún delito, pero nunca estarás seguro que te inculpen de alguno”. Esto lo afirma Jerome Butting, abogado penalista norteamericano, autor de la serie Making a Murderer de Netflix y es exactamente lo que me pasó a mi.

Mi nombre es Cynthia Ross Wiesner, soy arquitecta de profesión y fui involucrada en el Caso Caval, me imagino, por ser la persona correcta en el momento equivocado. Uno cree que estas cosas pasan en las películas, pero no es así, pasan en la vida real. Lo pude comprobar.

Me dirijo a ustedes para exponer mi caso brevemente con el ánimo de reflexionar lo que pasó. Lo que pasó, pasó, pero los coletazos quedan aún. Espero que mi caso sirva de experiencia. No quisiera que nadie esté alguna vez en mi situación. Por otro lado, necesito escribir para que los temas deben quedar bien cerrados. Es demasiada la gente que me pregunta detalles y aún persiste desinformación. Yo no tengo todas las respuestas del Caso Caval, pero con varias puedo aportar en el esclarecimiento de los hechos y reconstituir la historia al haber estado presente en primera persona.

Fui formalizada y acusada por un hecho que nunca ocurrió. Las acusaciones deben estar fundamentadas en hechos que configuren delito, pero en mi caso “el hecho” lo inventaron. Esto lo supe el dia de la formalización, el 29 de enero de 2016, luego de 1 año de investigación informal. Nunca quise hablar antes públicamente como lo hago ahora, porque mi decisión en todo el proceso fue siempre seguir un camino judicial, pensando que de esa manera se cerraría bien el tema, pero lamentablemente, no fue así.

Me llevo una muy mala imagen de los funcionarios que me tocó conocer del Ministerio Público. Tengo mucha decepción del proceso judicial, proceso el cual toda persona puede verse enfrentada alguna vez en su vida, lo quieran o no. Para mí, en este caso, el sistema no funcionó, y pienso que falló porque las personas fallan. Si uno se interioriza de la ley, uno puede analizar que en gran parte tiene sentido, pero el problema radica en que no se cumple al pie de la letra lo que está escrito, porque las personas que debieran hacerlo “fallan”, por las razones que sean, y eso es inadmisible. El que imparte justicia no puede darse ese lujo.

Específicamente, los fiscales que a mi me tocaron no estuvieron disponibles ni siquiera voluntariosamente para aplicar la ley ni buscar la verdad. Nunca debí haber pasado a la etapa de formalización. Al comienzo creí que todo se enredaba porque las historias de las personas se cruzaban y existía mucho tecnicismo que podía no entenderse, pero al avanzar en el tiempo tengo otra visión. Siento con esto una angustia permanente en que deben existir en estos momentos personas privadas de libertad por algo que no hicieron, pienso mucho en ellas y me angustia también imaginarme que estos mismos funcionarios que me acusaron por algo que en mi vida se me hubiera ocurrido hacer, pudieran estar, en estos momentos, haciéndole lo mismo a otra persona, así como lo hicieron conmigo.

Las personas son de carne y hueso, no es posible que se juegue con ellas- Siento que los fiscales no lo dimensionan. Nadie los controla, creo que esto es lo principal que me motiva a escribir ahora.

Es cierto que todos se declaran “inocentes”, pero son los hechos y pruebas los que marcan la diferencia y es el deber de un fiscal investigar estos “hechos” y “pruebas” fehacientemente. Los querellantes, sobre todo los que cumplen una función pública deben ser responsables en sus acusaciones, en su actuar y en sus palabras. Me di cuenta que no lo hacen y en cierta medida no solo generan un daño al inculpado, a su entorno, sino que engañan a la gente, generando otro tipo de problemas, no dimensionado por ellos, seguramente porque se encierran en su círculo. Por ejemplo, podemos ver la falta de credibilidad en una institución tan importante como es el ministerio público, contaminando de esta manera a alguna otra causa de relevancia y donde efectivamente otros fiscales trabajaron a conciencia. Por otro lado, en este caso puntal se generó una contaminación y daño a la planificación urbana, culpándola de ser permeable en su proceso técnico de aprobación de los instrumentos, como lo es una modificación a un plan regulador de carácter intercomunal.

En estos momentos, me ha tocado escuchar que las decisiones de planificación urbana se encuentran paralizadas en gran medida a raíz de este caso. Nadie quiere tomar alguna decisión porque lo pueden inculpar “de algo”, es decir, en un tiempo más, a raíz de este bullado caso, estaremos hacinados, como si las ciudades no crecieran, como si las ciudades no se modificaran, como que fueran estáticas y quedaran congeladas en el tiempo. Es un hecho milenario que las ciudades crecen, hacia arriba o hacia el lado, pero crecen, la población aumenta y un 80% de ella vive en área urbana. Entonces, ¿cómo podremos darle cabida a la gente a futuro? Y el problema radica ahí, la ciudad crecerá igual, pero sin planificación.

Los fiscales, en este caso, dejaron entrever y manifestaron abiertamente que a través de la planificación urbana, en el área técnica, hubo decisiones o actos que se realizaron desde el ámbito público para beneficiar a un particular, que nada se hizo en beneficio del bien común, pero esto no es asi. Los procesos de aprobación no funcionan así. Hace mucho tiempo que ese punto está zanjado en nuestra legislación, justamente para que ese tipo de cosas no sucedieran. Los métodos de aprobación son estrictos y es imposible lograr penetrar los procesos, ya que es demasiada la gente que interviene, además existen etapas claras de participación ciudadana donde todo el mundo se informa. Por otro lado, las decisiones son tomadas en conjunto por los actores políticos que intervienen. Estos actores políticos, elegidos democráticamente, son los encargados de velar porque las ciudades se desarrollen armónicamente.

En otras palabras, lo que plantearon los fiscales, “a grosso modo”, técnicamente hablando, es irrealizable. La planificación de las ciudades se encuentra debidamente reglamentado y se rige por normas que se amparan en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero debe haber gente que no lo sabe y se queda con una muy mala sensación que finalmente nos afecta a todos. Ha sido un daño muy grande el que provocaron.

A mi me inventaron un “delito funcionario”. El fiscal Luis Toledo Ríos, primer fiscal del caso, armó un relato y me formalizó para “investigarme formalmente”. Por eso viene el término de “formalización”. Esto sucede en medio de una gran confusión, un gran revuelo político, mediático y judicial por el crédito otorgado a la empresa de la nuera de la expresidenta para la compra de unos terrenos en Machalí, como todos nos enteramos durante las vacaciones de febrero de 2015.

Con este primer fiscal estuve largas horas. 6 meses antes de que me formalizara, entregándole antecedentes y explicándole mi participación en la historia que él trataba de componer, además le explique cómo funcionan los procesos de aprobación de los instrumentos de planificación territorial. Si bien todo está en la ley y se entiende conocida por todos, más encima él es abogado, me dediqué a explicarle, a mostrarle todo, entendiendo que es un tema que a lo mejor no dominaba. Me escuchó, me hizo preguntas, pero todo lo que le dije, le dio lo mismo, me formalizó igual por un hecho falso el 29 de enero de 2016 y yo no tuve cómo defenderme. Él me dio, en esa instancia, excesivas “medidas cautelares”, de lo cual me costó recuperarme física y mentalmente un año aproximadamente. No fue fácil. Hay que estar ahí para entenderlo.

Posterior a eso vino el cambio de fiscal, porque el anterior fue ascendido y trasladado a Santiago, asunto que él buscaba porque su señora, también fiscal, había sido trasladada o se encontraba ad portas de serlo. De esta manera, su familia lograba estar reunida. El logró su objetivo. El fiscal que continuó y llevó a cabo la investigación formal del caso, fue el fiscal Sergio Moya, quien me acusó por el mismo hecho falso 2 años después de la formalización. Sinceramente, con todo lo que había sobre la mesa, nunca pensé que llegaría a hacerlo, pero me equivoqué.

La siguiente etapa era el Juicio Oral, pero antes de eso, un dia antes de la preparación del juicio, me ofrece el fiscal Moya una Suspensión Condicional del Procedimiento (SCP). A mi me explicaron que es un TRATO que ofrecen los fiscales, es facultad sólo de ellos hacerlo y es para no irse a juicio. El juez de garantía, ese dia de la audiencia de la SCP, me aclaró que yo no admito culpa, no estoy condenada, no reconozco los hechos de la acusación. Me aclaró, amablemente, que tan solo la “condena” la dan 3 jueces de la República en un Juicio Oral.

La fiscal del caso, que estaba ese dia y que fue la que me tramitó esta salida, la ayudante del fiscal Moya, habló de la “presunción de inocencia” y que estaba dentro de las facultades legales esta forma de no irse a juicio. Al principio dudé, pero como desde el inicio yo nunca estuve dispuesta a reconocer los hechos de la acusación y esa condición se cumplía a cabalidad, tomé la decisión de aceptar. Habían sido ya tiempos muy tensos, desgastadores, pérdidas de todos tipo, por lo que era necesario darle un corte a todo eso para poder seguir con mi vida.

Recalco que me indicaron que la SCP era la “única forma disponible” la cual me podían ofrecer sin reconocer los hechos de la acusación. Nunca estuve dispuesta ni por un milímetro a reconocer una mentira tan burda como los burdos hechos de la acusación. Me explicaron, cuando me dieron esta salida, que además no me iban a molestar más, que con eso se acababa todo, incluso la fiscal adjunta me dijo textual: “Entonces, no quiero verla más por aqui”. Yo no tuve palabras para contestarle, sólo la miré, ¡era tragicómico que ella me dijiera eso!, ¿en qué mundo viven? Había sido ella, parte del equipo que me había acusado y que me había llevado a esto. Después de esto, pude descansar un tiempo, pero me entero semanas después que en el juicio oral que se llevó a cabo en julio del año pasado, me volvieron a involucrar, me mintieron una vez más, porque me incorporaron en el juicio. Al respecto NUNCA NADIE ME HA EXPLICADO POR QUÉ.  Debo ser la única persona en la Reforma Procesal Penal que se va a juicio oral, sin estar presente y sin poder defenderse.

Así y todo, la fiscalía perdió el juicio. Nunca apeló tampoco, pero el fiscal a cargo de todo, el señor Sergio Moya, volvió a mentir en una entrevista que dio, al día siguiente del término del juicio, en La Tercera. Ahí, públicamente y por escrito, me trató de “condenada” No sé realmente si este fiscal estudió leyes. Ante tanto titulo universitario falso dando vueltas, no seria malo revisar si realmente estudió o no. ¡Es algo tan básico y que está en el Código Penal! Él directamente abusó de su poder, con alevosía, con premeditación y yo, nuevamente, no me pude defender. En esa entrevista, además, sacó cualquier excusa ridícula para eximirse de su responsabilidad directa por haber perdido el juicio después de 3 años y medio de investigación, con todo el gasto de recursos fiscales que eso genera además de la expectación de la gente.

Al respecto, uno se pregunta, ¿es negligencia, conveniencia o inoperancia? En cualquiera de los tres casos, me da lo mismo cuáles sean las razones, creo que es inadmisible.

En el juicio, no se determinó relación alguna entre la planificación urbana y la compra y venta de los predios agrícolas de Machalí. Los procesos de tramitación de un instrumento de carácter intercomunal, como es el caso, demoran 10 años en aprobarse y dependen de decisiones políticas. Estos instrumentos son, por esencia, “políticas públicas”. Los técnicos proponen, opinan, pero no son partícipes en la toma de decisiones. Más aún en este caso de modificación a un plan intercomunal. Ni siquiera tienen injerencia los municipios, menos lo podría tener una profesional con un contrato de asesora externa al municipio.

Recuerdo que el punto más relevante del proceso que se llevó a cabo en la VI Región, fue una sesión del Core de octubre de 2014, sesión decisiva, de la cual me enteré semanas después. Era algo que no importaba. Ningún banco además actúa “especulando”. Los bancos financian compras de terrenos en base a proyectos concretos y aprobados. Los compradores tampoco “especulan”. Toda historia sigue una lógica y la “lógica” nunca fue parte de la historia de los fiscales.

Específicamente, la rebuscada teoría del caso inventada por el señor Toledo decía que unos estudios complementarios de una propuesta de urbanismo habían sido encargados en forma oculta por mi, evadiendo las normas establecidas, cuando yo estaba con este contrato vigente con la municipalidad. Además, estos estudios eran los culpables de la “plusvalía” desmedida de los terrenos, pero esta historia rebuscada no fue así. No es verdad. Primero, nunca se me hubiera ocurrido hacer algo así, y si se me hubiera llegado a ocurrir, hubiese sido imposible técnicamente hablando. Estaban los correos, las cuentas corrientes, los contratos, poderes notariales originales, las facturas y lo más importante, las declaraciones de profesionales de 2015 y las declaraciones de profesionales durante el juicio. Segundo, los estudios no tienen nada que ver con la ganancia obtenida por la empresa Caval. Todo estaba acreditado que eso nunca pasó, que no existe vinculación de unos estudios con el valor de un predio, pero nada les importaba, más valía la mentira y seguir engañando a la opinión pública.

A mi me ofrece el municipio de Machalí un contrato para ayudarlos específicamente porque los conocí a raíz de un encargo profesional que realicé un año antes. Los estudios cuestionados se encargaron mucho antes y estos se hicieron porque eran necesarios para fundamentar una propuesta urbana de carácter comunal solicitada expresamente en una reunión por el señor Patricio Olate, Jefe de la División de Desarrollo Urbano de la Seremi Minvu VI. Él me pidió que la iniciativa se formalizara a través del municipio. Por supuesto que negó el encargo con toda la batahola que hubo. Fue muy cobarde. Pero por suerte tenía los correos con él de esos años. No había nada de extraño en ese trabajo. Es bastante común que se encarguen los estudios a particulares, pero esto no significa que los beneficie a ellos en un 100% y que sea hecho “a la medida” ni tampoco garantiza que sean aprobados por el ente público. Lo anterior, es porque existen métodos establecidos para estos estudios que abarcan zonas extensas y los resultados que arrojan no son predecibles ni manipulables.

Independiente de lo anterior, es el funcionario público el encargado de cursar las iniciativas privadas, de modificarlas, de hacerle observaciones y es el funcionario político (Alcalde, Seremi, Consejo, Core) el encargado de aprobarlas. Se encuentra estipulado en la Ley General de Urbanismo y Construcción ahora cómo se deben presentar estos estudios por parte de los privados (Art. 28 nonies). Adicionalmente, como norma genérica en leyes, se entiende siempre que “el privado” puede hacer todo lo que la ley no le prohíba hacer y esto jamás ha estado prohibido. Además en este caso en particular, fue el mismo funcionario público, Patricio Olate, quien lo requirió. Su argumento, en esos años, fue que estaba recargado de trabajo, que había sido el cambio de gobierno y que no tenía el equipo para poder plantear alguna propuesta de urbanismo.

En resumen, mi acusación se basaba en un hecho falso. Nunca encargué unos estudios estando vinculada al municipio. La acusación tenía muchos errores además respecto de las licitaciones públicas y las normas contenidas en nuestra legislación sobre urbanismo. Con el tiempo, me explico que mi acusación fue redactada con el propósito de armar una historia. Nadie pensó en lo que a mi me podía generar, eso daba lo mismo. Uno piensa que estas cosas no pasan en Chile, pero si pasan y no debieran pasar.

El que una persona quiera darle un valor a su propiedad no es ningún pecado. El que una persona quiera hacer un negocio inmobiliario, tampoco. Lo que no corresponde es usar algún subterfugio legal que altere el orden jurídico de lo existente, es decir, buscar la “trampa”. No existía ningún impedimento para plantear un proyecto e incluso edificar en ese terreno rural que compró la nuera de la expresidenta aplicando el Artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el cual se denomina “Cambio de Uso de Suelo en Area Rural”. Este artículo se refiere a un proyecto específico que lo aprueba el Ministerio de Vivienda y el Servicio Agrícola Ganadero, sin pasar previamente por el municipio.

Al respecto y ante la “duda razonable” que podría existir una aprobación de carácter público fraudulenta para que la nuera de la presidenta valorizara excesivamente su terreno, ¿por qué nunca pensaron en un Artículo 55? ¿por qué nunca investigaron esa forma de poder edificar en un terreno rural, que era mucho más expedita?, digo “nunca” con toda la responsabilidad del mundo porque revisé toda la carpeta investigativa del caso y “nunca” lo hicieron.

A mi modo de ver, aplicar un Artículo 55 en las 44 ha-Caval si es una trampa, es usar un subterfugio legal. Siempre lo dije y lo mantengo. Esto es, básicamente porque son demasiadas hectáreas y cualquier proyecto que ahí se ejecutara generaría inevitablemente un núcleo urbano ajeno a la planificación que es lo que ese artículo de la ley expresamente “no permite hacer”. Cualquier proyecto en esos terrenos, aprobado por un Artículo 55, es “torcer” la ley, incluso en 4 hectáreas como lo que alguna vez escuché que pretendían. No era lo correcto de hacer en ese lugar.

La Carretera El Cobre, vía que enfrenta el predio, ya no soportaba más recarga y el cruce vial con Monseñor Escrivá de Balaguer proyectaba un aumento en un 80% de congestión vial si se generaba algún uso importante en ese predio sin antes planificar correctamente la malla vial y repartir las densidades habitacionales en forma equitativa. Se generaría un “proyecto furúnculo”, el cual produciría externalidades sin hacerse cargo de ellas, trayendo consigo congestión vial, desorden y caos urbano.

Además nadie controla la posible imagen urbana que se produciría, ni tampoco los usos permitidos y/o prohibidos. En otras palabras, nadie podría “alegar” después por el proyecto edificado. Hubiera sido un hecho consumado. Esa zona, la conurbación Rancagua-Machali había que planificarla y era esa la decisión mancomunada de todos los actores desde 2011. Sin embargo, en el Juicio Oral, el socio de la nuera habló de diversos proyectos que querian desarrollar; él habló de una bomba de bencina, creo que hubiera sido la bomba más cara de Chile, en fin. Luego habló de un hotel, pero nunca mostró las características del hotel ni la planimetría, ni tampoco aprobaciones. Finalemente, el abogado del Consejo de Defensa del Estado habló en su alegato de apertura de La Ciudad del Cobre, proyecto que si se encontraba en la carpeta investigativa a nivel de bosquejo y si existía un promotor de éste proyecto que era un chileno radicado en México hace muchos años que incluso declaró haber formado un “fondo de inversiones” específico para el desarrollo del proyecto. Es decir, efectivamente tenían aprobado “algún” proyecto. ¡Era lo más lógico!, a fin de que el banco haya subido en 300% el valor de los terrenos respecto de las otras tasaciones de los otros bancos en un par de semanas y justifique que el terreno en sí les daba las garantías suficientes para el crédito.

Indiscutiblemente SÍ había un proyecto pensado en ese lugar aprobado, el cual generaba la plusvalía por sí solo. Insisto en el carácter de “aprobado” porque las tasaciones de los bancos se rigen por la Ley de Bancos y deben ser evaluaciones a tiempo real, nunca funcionan en base a “posibles aprobaciones futuras”. Los bancos piden flujo, estudios, los bancos se aseguran el retorno. No puedo imaginar que hubiera sido de otra manera.

La planificación urbana intercomunal se encuentra normada en el Articulo 36 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y no les generaría esa plusvalía desmedida, ya que, por un lado, se demora 10 años para lograr certeza jurídica, como lo expliqué antes. Sinceramente no entiendo por qué nunca investigaron una posible aprobación al Art. 55, no entiendo por qué se arriesgan estos fiscales a ser cuestionados, nada más me lo explico porque se sienten protegidos, resguardados y con el derecho de hacer cualquier cosa. Es de toda lógica que ni los bancos, ni los compradores actúan sobre “supuestos” o “especulaciones”. Ellos se mueven en base a “certezas”. Todos hemos ido a algún banco alguna vez, todos hemos comprado alguna vez.

En fin, lo positivo del angustiante proceso que viví es que los jueces fueron capaces de entender en 3 semanas que la planificación urbana no tiene NADA QUE VER con el alza desmedida del valor de los terrenos que compró la nuera de la expresidenta. Ahí recién funcionó el sistema. Lo que los fiscales nunca investigaron fue lo que los jueces finalmente concluyeron, llamándole incluso la atención al Fiscal Moya por querer agregar y/o confundir con información adicional superflua al juicio. El tiempo me dio la razón.

Cuando me pregunto por qué me formalizaron, por qué me involucraron, sólo tengo en mi cabeza una respuesta y es que “les era útil”. Me utilizaron para darle una forma a la historia y cargarle la mano al síndico de quiebras. Era evidente, me arrastró su apellido: Chadwick, y toda la investigación, presión indebida (que si las hubo hacia mi, sobre todo en la formalización), se centraban en Chadwick. Si hubiera existido otro síndico, con otro apellido, yo creo que nada de esto hubiera ocurrido. Yo era el vaso conductor que ocupó el Fiscal Toledo para llegar a él. Sin mi, no podía llegar porque el Director de Obras no lo conocía, yo si, mi tio me había pedido que lo contactara por su situación de quiebra, un año antes, de firmar contrato con el municipio. En ese año previo lo vi 2 veces más, pero eso les dio el pie a los fiscales para mezclar todos mis trabajos, todos mis correos, todas mis platas con tal de inventar una historia. A mi me lo dijeron fuerte y claro, con todas sus letras: “si tú incriminas a Chadwick, te dejamos libre”. Yo me negué obviamente, no lo hice, porque no sé qué hizo o no hizo el síndico y nunca quise mentir en todo este proceso.

En esta falsa acusación que me hicieron, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte como querellante en esta causa y relata que yo fui a lugares que no conozco, que jamás he ido y que no sé dónde quedan. Está escrito en su querella. Asi fue el nivel de mentiras de esta institución. Nunca se me va a olvidar a una consejera que fue especialmente a la audiencia del síndico y lo aportillaba públicamente ante los periodistas con darle 11 años de cárcel por “sobornar” a “funcionarios municipales” para modificar el “Plan Regulador Comunal”. Ella es abogada, ostenta un cargo público de relevancia nacional, con un excelente sueldo, como nos enteramos todos, y es profesora una universidad. Ella sabe perfectamente que hablar de un plan regulador comunal es muy distinto que hablar de un plan regulador intercomunal. Es como hablar de peras y manzanas. ¿Por qué lo hizo? ¿por qué mintió? ¿qué pretendía?. Ella sabe perfectamente que en un plan regulador intercomunal no tienen relevancia los actores municipales. Ante tal confusión, mis colegas me preguntaban continuamente ¿por qué pasaba esto? ¿por qué mentía tan burdamente? Al menos yo no tengo respuestas, más que entender que esta causa era 100% política.

También la Contraloría General de la República mintió al decir que yo mandé un estudio que no debía porque era “privativo de la Seremi”. Eso lo sindicalizaron como “información privilegiada” en los medios y recuerdo que hubo gran revuelo periodístico, pero resulta que ese estudio era municipal, de caracter comunal y nunca ha estado prohibido enviarle información a nadie, todo lo contrario, es lo que se promueve constantemente y lo que se espera de los organismos públicos. La transparencia por lo demás, era petición expresa del Alcalde para fomentar el desarrollo territorial y dar todas las facilidades para que eso ocurra. Nunca nada fue oculto. Nunca fui una facilitadora de información. No podría haberlo sido ni tampoco manejaba información sensible. Creo que la secretaria o el portero del municipio podrían haber estado en mayores conocimientos que yo de alguna decisión de alguien del Consejo Regional, por ser de la zona y conocerlos por alguna razón personal. Yo nunca he vivido en Machalí, yo iba esporádicamente, cuando el municipio me lo pedía. Independiente de eso, la información de un predio siempre es conocida por todos, es pública. Para eso existe el Certificado de Informes Previos (CIP), documento oficial y legal que cualquier ciudadano puede pedir conociendo tan solo el rol de la propiedad. Pero eso la mayoría de la gente no lo sabe y la engañan con este tipo falsedades, poniendo en duda ahora cualquier gestión que se realice para fomentar el desarrollo de las ciudades.

Lo que empieza mal termina mal y así fue para los fiscales. No logro entender que en el juicio el fiscal Moya le pregunte a una profesional: “dígame, ¿qué es un estudio de capacidad vial?” (uno de los estudios duramente cuestionados) y ella tenga que responderle “bueno, como su nombre lo dice, es un estudio que mide la capacidad de las vías”. ¿Es que en 3 años y medio culpando al estudio de capacidad vial de ser la causa de la plusvalía de los terrenos de la nuera, este fiscal nunca investigó qué es un estudio de capacidad vial y en qué consiste? ¡Al menos podría haber aprendido algo!

En relación a lo mismo, al final del juicio, un abogado expone que TODOS se sorprendieron, incluso él, durante el juicio cuando una experta en el tema (otra profesional) explicó que un estudio de capacidad vial no cambia “un uso de suelo”. Entonces este abogado cuestionaba a los fiscales diciéndole a los jueces, ¿por qué pagar por un estudio que no servía para el objetivo que supuestamente se buscaba? Al escuchar esto, no sabía si reir o llorar ¡Por suerte todas las audiencias del juicio están grabadas! Están los audios y las imágenes. Eso es muy bueno y transparente. Es una de las cosas que valoro del sistema, pero es parte del poder judicial, no del ministerio público esa política de transparencia.

Volviendo al tema, lo que se dijo en el juicio es así. Además, puedo agregar que un estudio de capacidad vial no está exigido por ley para modificar un plan regulador intercomunal ¡Qué gastadero de recursos el juicio! Inexplicable. Lo mismo reflexionaba el carabinero que venía a tocarme el timbre a mi casa para verificar que yo estuviera ahí durante la medida cautelar gravosa impuesta por el fiscal Toledo. El carabinero me decía: “¿por qué tenemos nosotros que gastar bencina en esto? ¿por qué tenemos que perder nuestro tiempo en algo tan inútil como venir hasta su casa, siendo que estamos tan ocupados atendiendo procedimientos importantes?” “¿por qué?” “¿por qué?” “¿por qué?”… y uno se pregunta, finalmente ¿quién paga todo esto? ¿Moya?; SI, pero no el fiscal.

Para mi toda la culpa de esta mala investigación torcida la tiene el fiscal Toledo, el primer fiscal del caso. Él contaba con todos los antecedentes para NO formalizarme, pero él fue el artífice de una pésima teoría del caso, inventada creativamente, donde yo era una pieza fundamental que le servía para su relato. Cuando el fiscal Toledo me impuso medidas cautelares altísimas ese 29 de enero de 2016, como expliqué antes, me trató de “funcionaria pública”, con poder de decisión, eso fue lo que argumentó.

Recuerdo que le decía a los periodistas que yo tenía todo un “aparataje público” a mi disposición. Todo eso es mentira y él lo sabía. Con suerte yo tenía un correo, yo no firmaba con pie de firma los oficios, era una asesora externa al municipio sin voz, ni voto y hacia lo que el mandante me pedía y punto. Incluso me desgasté más de la cuenta queriendo desarrollar lo mejor posible el trabajo encomendado y, en una oportunidad, le pagué con mi plata a mi dibujante para poder hacer un plano de las dos ciudades, Rancagua y Machali, y poder proyectar así las uniones entre ellas. Fue una donación, más encima, nadie se hacía cargo, nadie lo hacía y era necesario para poder conversar con Rancagua. Tengo entendido que ese plano aún lo usan. Para mi, poder asesorar a Machalí era un atractivo desafío profesional, nada más. Yo trataba a toda costa de armar la malla vial existente para reducir los tacos y poder fomentar más espacios públicos con tal de que no se convirtiera todo en puros condominios segregados e inconectados entre sí. Llegué a redactar la Ordenanza de Publicidad con tal de ordenar el aspecto visual también. En fin, las cosas que hacemos a los que nos toca planificar ciudades.

Durante la investigación penal me di cuenta que ni siquiera el fiscal Toledo, ni el fiscal Moya, revisaron mis correos institucionales, pero se dieron el gusto frente a la prensa de ir al municipio a hacer la “incautación” con todo el show mediático que eso implicaba. Nunca revisaron todo lo que yo hice en el municipio, ni cómo me relacionaba en las tareas que esta institución me encomendaba. Revisándolos se hubieran dado cuenta que yo hacía otras cosas y que la planificación intercomunal no era tema, además se hubieran dado cuenta que muchos funcionarios municipales les mintieron. Fui yo, a través de mi defensa, quien tuve que mostrarles los correos.

El Fiscal Toledo y el fiscal Moya abusaron de su poder en forma desmedida.

Yo sindico al Fiscal Toledo como responsable porque en diciembre de 2017, después de la acusación, se me ocurrió ir personalmente a buscar las pruebas que le entregué cuando fui a declarar frente a él en 2015. Quería demostrarle a los jueces con los mismos documentos que había entregado 2 años antes, que no tenía nada que ver en este enredo, que mis platas correspondían a otros proyectos en Santiago, pero esos documentos, mis “pruebas”, NO aparecieron, NUNCA aparecieron. Ahí, me descompuse. Pensé que esas cosas eran de las películas, como lo dije al principio, pero no fue así, son reales. Me di cuenta, que yo debía protegerme de “estos” funcionarios públicos, fui muy ingenua en creer en que existía la buena fe en ellos.

En el momento que salió lo de la nominación como NOTARIO del fiscal Toledo, sinceramente me dio asco. Para mi es un ser despreciable como persona, porque lleva implícita la ambición y el poder, a toda costa, lleva implícito lo maquiavélico que es hacer todo lo que esté a su alcance para lograr su beneficio personal en forma silenciosa y peor aún, haciéndose el “probo”. Terminado el juicio y la nula apelación del fallo por parte del ministerio público, demuestra su participación como artífice de un relato falso. Aún no logro entender cómo es que sigue en un puesto en ese ministerio y en uno tan importante como lo es la unidad antinarcóticos. No me cabe en la cabeza.

Para terminar, recalco que escribo aquí parte de la historia, en este comienzo de año, con la esperanza que los temas se ordenen y con la esperanza que las instituciones funcionen. Sin las instituciones funcionando como corresponden no podemos organizarnos como sociedad. Ni el Ministerio Público, ni el Consejo de Defensa del estado, ni la Contraloría General de la República (en menor grado) funcionaron en este caso y eso no debiera pasar en Chile.

Mi caso judicial, si bien se cerró, quisiera, como dije antes, que a nadie le vuelva a pasar. Quisiera volver a creer en el Ministerio Público, el cual creo que realiza una labor fundamental. Sus funcionarios deben ser profesionales y ser conscientes en que trabajan con personas. Que sus actuaciones, sus palabras, no sólo afectan al individuo sino a toda una sociedad que cree en ellos y cree que lo que hacen es lo correcto. Especialmente quisiera decirles a aquellos que se encuentran elaborando una reformulación a la Ley Penal, que pongan altas sanciones a los fiscales que cometen irregularidades. En estos momentos no reciben castigo alguno y más encima se dan el lujo, como el fiscal Moya, de tratar de “condenados” a gente que nunca ha sido juzgada en algún Tribunal de la República.

Quisiera también que uno pueda defenderse como corresponde ante alguna formalización. Yo no pude hacerlo y lamento mucho no haber podido, para evitarme el resto del proceso. También deben revisarse los incentivos de los fiscales. ¿Será posible que ganen puntos por juicio abreviado, lo que les incrementa su sueldo? ¡Es bastante cuestionable su forma de pago.

Debe existir mayor respeto por las personas. Creo firmemente que, en los tiempos que vivimos, se deben subir excesivamente las multas por injurias y/o calumnias. En este país resulta gratis que digan lo que quieran de otra persona sin ningún respaldo. A lo mejor, si les duele fuertemente el bolsillo, dejarían de hacerlo.

Además, debiera estar duramente penalizado quien miente ante un fiscal en alguna declaración. Aquí hubo varios y si no se penaliza eso, los tiempos de investigación se alargan eternamente, todo se enreda, quedando los fiscales muy cuestionados cuando la verdad se revela.

Uno esperaría también que las instituciones actúen de oficio, que no hagan “vista gorda” de las irregularidades que se presentan porque finalmente las hace cómplices al omitir. Queda la duda razonable si son o no “cómplices por encubrimiento”. Esto también genera mucha desconfianza.

En relación a los expertos jurídicos del Ministerio de Justicia que están formulando modificaciones al Consejo de Defensa del Estado, les pediría que tanto la labor de los consejeros como la de los abogados regionales sea profundamente revisada, porque no sería admitible que gente que mintió o gente que no hizo su trabajo como corresponde, permanezca en esa institución.

En relación a la Contraloría General de la República, le pediría al Contralor que verificara su informe y elaborara una rectificación en el punto que señalé antes. Debe aclarar el error que cometió. Hago ver que de todo lo que leí, es el informe más serio que hay, el más completo, a excepción de lo que señalo, lo que seguramente fue falta de antecedentes y una simple confusión. No encontré mala fe en lo que leí a pesar de que yo no tenía vínculo contractual con el municipio.

Al Contralor, le solicitaría que revise además las actuaciones de las autoridades de la Seremi de la época, en especial, las que siguen en su cargo, para que reciban las sanciones que correspondan si es que llegaron a aprobar un Artículo 55 en esos predios o si hubo intenciones de aprobarlo, porque todo indica que sería una aprobación completamente al margen de la ley. Porque como lo dice expresamente el inciso tercero del Artículo 55: “Corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la Planificación urbana intercomunal”.

Insisto y me consta, que los fiscales nunca investigaron esto, por lo que sería bueno que el Contralor lo hiciera con tal de cerrar bien los temas.

Espero también que el Ministro de Vivienda revise y reformule la Ley de Transparencia de Uso del Suelo, ley que salió a propósito del Caso Caval, dando por hecho antes del juicio que la plusvalía la daba la planificación urbana intercomunal. Especificamente, hay que revisar donde se agrega un impuesto a la ampliación del límite urbano. Mezclar plata con decisiones de políticas públicas es fatal porque la toma de decisiones no serían sólo técnicas en beneficio del bien común, serían con un interés monetario. Esto es todo lo contrario a lo que debiera ser. Ya es difícil articular todos los factores y actores que intervienen en el proceso de un plan regulador, como para que se agregue un factor muy poderoso como lo es “el dinero”.

Además, es un impuesto que sólo perjudica a la clase media, siendo totalmente irreal que ampliar el límite urbano genera automáticamente una plusvalía al terreno agrícola. Existen innumerables razones de otra índole para que un terreno sea atractivo para su desarrollo, como es la ubicación y conectividad. Este impuesto adicional sólo afectará al propietario-agricultor que quiera vender o al comprador de una vivienda standard donde la inmobiliaria tan sólo le recargará su valor comercial y será muchísimo más cara. Se puede entender que exista un recargo cuando el estado haga una obra importante, como una línea de metro, pero no se entiende cuando el estado decida “correr la línea en un plano”. Por otro lado, lo que provocará realmente esta ley será que se llene de Art. 55, lo que es mucho más perjudicial. Es grave.

Quisiera también, y este es un deseo personal de año nuevo, que en este país se instaure de verdad el concepto sobre la “presunción de inocencia”. En mi angustia, le escribí al abogado penalista de la frase que cito al principio de mi carta. No en vano es muy conocido en Estados Unidos y la serie documental que él inició postula a 3 Emmies este año. Jeremy Butting me contestó y estuve estudiando su trabajo. Uno se da cuenta que este es un fenómeno mundial y debemos ser conscientes en entender de qué se trata, porque el daño que produce juzgar a una persona en forma equivocada es demasiado grande, pudiendo llegar a consecuencias desastrosas como lo podría ser un suicidio.

Pienso que nadie, en su sano juicio, quisiera eso.

Al envío de esta carta, porque la tenía escrita el viernes pasado, me entero que el señor Wiesner, propietario original de los predios, presentó una denuncia civil al síndico, en parte, porque alega que su terreno valía más de lo que Caval le pagó por él. Primero, quiero dejar bien en claro que yo no tengo nada que ver con este señor. Segundo, me imagino que al desarmarse la teoría del caso de los fiscales en el juicio, se asustó porque quedó en evidencia que su deuda con acreedores, es decir, plata que se había gastado y debía hace mucho tiempo, era de 4.000 millones y las tasaciones oficiales de los otros tres bancos que tasaron su predio pocos meses antes de la compra de Caval, daban entre 2.000 y 2.200 millones de pesos, o sea, su terreno no le servía para pagar sus deudas. Es decir, con un básico cálculo matemático, si no aparece Caval con su proyecto “La Ciudad del Cobre”, él se quedaba endeudado por el resto de sus días por 2.000 millones.

El abogado del señor Valero, en su alegato final en el Juicio Oral, expuso muy claramente la “operación exitosa” que el señor Wiesner obtuvo ad portas de que se le venciera su plazo en 3 meses más y perder todo su patrimonio. Tercero, me imagino además que este señor insiste en su posición de “víctima” para que no lo acusen de “obstrucción a la justicia” por mentir tanto en sus declaraciones frente a tanta evidencia en los correos electrónicos de la época que se encuentran en la carpeta investigativa. Penoso. Ojalá encuentre la paz algún día.

Para terminar, quisiera agradecer la publicación de mi testimonio. Tengo tanto acumulado, que me dan ganas de vaciarlo en un solo documento, quién sabe, a lo mejor algún dia lo haga. Mientras tanto guardaré todo lo recopilado cuidadosamente en forma ordenada. Ahí están todos los recortes de prensa, grabaciones de prensa, grabaciones de las audiencias, etcétera.

En relación a los medios, quisiera hacer mi crítica constructiva: se entiende el trabajo que hacen y la importancia que este tema tuvo, pero puedo decir que es muy poco profesional que no verifiquen la información que escriben. Hay algunos medios que se declaran “independientes”, pero no lo son. Tampoco rectifican sus errores y como la verdad siempre llega, los únicos perjudicados al final son ellos, al perder credibilidad. Hay algunos que me inventaron que estuve en lugares que no conozco, que hice cosas que no hice, ¡incluso que llegué a firmar en un partido político, cosa que en mi vida he hecho!

En fin, creo que el Juicio del Caso Caval – arista madre, nunca debió haber existido. Los fiscales, quienes pasan a ser “los arquitectos” de las investigaciones, debieron haberle dado el corte mucho antes. ¿Qué sentido tenía? ¿realmente pensaban ganar? o como no les pasa nada si ganan o pierden, la postura era “seguir con eso no más”. No tiene ningún sentido.

Otra frase tragicómica del fiscal Moya, es cuando le dice al socio de la nuera al final del juicio: “Shhhh, me hubieras contado tu historia antes…” ¿cómo interpretar esas palabras? ¿esto se trataba de contar la mejor historia o de estudiar pruebas y documentos? No me parece serio. Le dije en una oportunidad al fiscal que era irresponsable, lo mantengo. Da miedo que personas así estén a cargo de altos puestos, ¿a cuántos antes de mi habrá expuesto de esta manera y a cuántos después de mi expondrá gratuitamente a una situación de esta naturaleza? Queda en el aire esa “duda razonable”.

Es de esperar que en un futuro cercano los castigos, sea sanción administrativa o sanción penal, frente a la mentira de las personas que trabajan en organismos públicos, sea ejemplificadora. La confianza es muy fácil romperla y muy difícil recuperarla. Las instituciones deben protegerse. No deben perder credibilidad para que nos podamos organizar y vivir tranquilos, que es el objetivo final que todos queremos.

Los saluda muy cordialmente,

Cynthia Ross W.
Arquitecta