La Contraloría General de la República ha sido muy categórica al emitir su dictamen Nº 043367 del 11 de diciembre de 2017 respecto de todos los permisos de edificación cursados por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Estación Central para levantar numerosas torres habitacionales con agrupamiento continuo y por ese motivo el pasado 28 de diciembre de 2017 nos reunimos con la directiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), instancia creada en el gobierno pasado de Piñera.

La entrevista fue muy grata, entre otros motivos, porque su presidente, arquitecto Luis Eduardo Bresciani, tiene el atributo de ser una persona muy juiciosa y que está dispuesta a escuchar con atención a quienes tienen algo que decir en materias de Vivienda, Urbanismo y Medio Ambiente. En la reunión él estaba acompañado con cuatro profesionales que se desempeñan en ese organismo que tiene por misión asesorar a los ministerios sectoriales. Por nuestra parte, allí intervinimos el abogado Rodrigo Avendaño y el arquitecto Mauricio Zulueta, aparte de este columnista.

Por considerarlo de sumo interés público, damos a conocer en la radio Bío Bío el texto íntegro de la nota de presentación entregada a Bresciani en la mencionada reunión, sobre la cual intercambiamos puntos de vista, pues sería francamente impúdico que el Estado chileno permitiera en los hechos que las ganancias privadas derivadas de las ventas a terceros de esos miles de departamentos fueran a parar solamente a las inmobiliarias que construyeron al margen de la ley. Sería irrazonable que esos cuantiosos fondos, que podrían llegar a exportarse a los famosos y vilipendiados paraísos fiscales, no fueran intervenidos para un proyecto social como contra prestación al perdonazo de la inaplicación de la ley.

En efecto, dado que la ley respectiva señala que las edificaciones ilegales deben demolerse, lo que sería imposible por los infinitos costos de todo tipo asociados, le solicitamos al CNDU que trasmitiera, apoyándola, nuestra propuesta para que, a través de un proyecto de ley express con suma urgencia, se permita la no demolición siempre y cuando se considere una compensación económica a favor de los habitantes de la comuna de Estación por parte de aquellos actores privados que construyeron las torres.

En cifras estimadas, dado el volumen global de todas las edificaciones, esa compensación monetaria, solamente para fines de bien público en esa comuna, podría ser del orden de los US$ 450 millones que deberían ser administrados por una fundación o corporación sin fines de lucro, compuesta en primer lugar por las agrupaciones ciudadanas de esa comuna, las que hoy en día están asumiendo estoicamente las cargas derivadas de la negligencia de sus autoridades municipales, por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, posiblemente por la Cámara Chilena de la Construcción e idealmente por la Contraloría General de la República para fines de auditoria y control en los flujos del dinero para las necesarias inversiones.

Lo importante es que la idea se formalizó y ahora esperamos que las actuales autoridades se relacionen con los profesionales que asumirán responsabilidades en el futuro gobierno para que ellos, en conjunto, definan una plataforma y un plan de acción que impida la impunidad y ganancia sin causa legal por parte de esos agudos inversionistas.

Si llega a buen puerto esta idea, en unos años más la comuna de Estación Central, con excelentes servicios públicos desarrollados con ese dinero, podría tener una calidad de vida comparable a las existentes en las comunas más al oriente de esta región.

Patricio Herman
Presidente de la fundación Defendamos la Ciudad

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