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En el gobierno de Salvador Allende se construyó en un extenso terreno fiscal ubicado en Presidente Riesco, entre Alonso de Córdova y Manquehue, comuna de Las Condes, este conjunto habitacional de viviendas sociales, muy bien logrado modelo de integración en la ciudad, que constaba de 27 edificios de 5 pisos cada uno con 1.000 excelentes departamentos y amplias áreas verdes de recreación.
Las viviendas les fueron entregadas, a partir del año 1972, a las familias más pobres que vivían en esa comuna, muchas de ellas en la ribera sur del río Mapocho. Quien ejercía como ministro de Vivienda en aquella época era el obrero de la construcción Carlos Cortés quien falleció en el ejercicio del cargo y por ello se rebautizó al conjunto con su nombre.
El proyecto habitacional fue desarrollado por la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu) que dirigía el arquitecto Miguel Lawner y construido por conocidas empresas constructoras privadas. La Corporación Habitacional (Corhabit) vendió a crédito los inmuebles a quienes les fueron asignados y los pobladores pagaban los dividendos sin caer en mora. Los mencionados 2 servicios del Estado dependían del recién creado, en 1965, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), los que ya no existen por decisión de los civiles y militares que mandaban en el país a partir de septiembre de 1973.
En el año 1975, pleno gobierno de facto, por solicitud de algunos influyentes vecinos del sector y por suposiciones de que en el conjunto residencial vivían algunos elementos peligrosos, el Ejército desalojó con suma violencia a todas las familias con el argumento que eran ocupantes irregulares y para ello utilizó camiones basureros de la municipalidad de Las Condes. Toda la gente fue trasladada a diferentes zonas de la periferia de Santiago.
Después del despojo, el Ejército asignó las viviendas sociales a familias de suboficiales y clases hasta el año 1992, fecha en que el Ministerio de Bienes Nacional le destina, vía afectación fiscal, los 27 edificios al Ejército para que los departamentos continuaran en posesión de esas familias castrenses de baja graduación. Para ello se publicó en el Diario Oficial un Decreto que obligaba al Ejército a restituir las viviendas al dominio fiscal si ellas no eran albergue de esas familias.
El Ejército, haciendo caso omiso del mandato de ese Decreto, vendió en 90 US$ millones la totalidad del terreno con sus bloques habitacionales de 5 pisos, casi todos hoy demolidos, a ciertas inmobiliarias que después de un tiempo, levantaron varias torres de oficinas y equipamientos, también con interesantes áreas verdes de esparcimiento, moderno núcleo comercial que se denomina Nueva Las Condes.
Ahora bien, el miércoles 28 de junio pasado, a solicitud de familias y sus descendientes que residían en la Villa San Luis, con el decidido apoyo de un efectivo comité ciudadano, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) adoptó la sana decisión de declarar como Monumento Histórico el Lote 18 A1 de 3.500 m2, con dos edificios semi demolidos, resolución que fue ratificada por la ministra de Educación el martes 4 de julio reciente. Para ello, la ministra firmó el Decreto Supremo respectivo y el mismo día lo envió para su toma de razón en la Contraloría.
Recordemos que los privados dueños de ese predio remanente carecen de un permiso de edificación para construir, es decir, ellos no tienen derechos adquiridos sobre el predio. Tan solo disponen de un anteproyecto que es un acto de mero trámite administrativo para obtener el permiso, el cual para solicitarlo en la Dirección de Obras Municipales, requiere contar con un Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) que aprueba el Seremi de Transporte, acto que tampoco tienen.
El anteproyecto aludido es de fecha 24 de enero de 2017, califica a las edificaciones como Conjunto Armónico, obligando a ensanchar la calle Presidente Riesco hasta Manquehue y consta de 6 edificios de 20 pisos cada uno con 324 viviendas, 20 locales comerciales, 520 oficinas y 2.905 estacionamientos. Como un hecho curioso, resaltamos que en el formulario del anteproyecto se omite el nombre de la empresa interesada en el negocio.
Por lo tanto, tan pronto como el Decreto Supremo sea publicado en el Diario Oficial, lo que debería ocurrir en el transcurso de los próximos 2 días hábiles, los privados dueños del lote protegido, quienes por la prensa le pedían a la ministra Delpiano que no lo firmara, interpondrán un recurso de protección en los tribunales y en tal sentido el asunto se resolverá en unos meses más cuando la Corte Suprema diga la última palabra.
Patricio Herman
