El director de Chile Transparente, Alberto Precht, si bien asegura que nuestro país no podría ser catalogado de corrupto, aún hay situaciones a las que se debe estar alerta. Por ejemplo, evitar que un candidato presidencial como Franco Parisi, termine pagando con nuestros impuestos la deuda en pensión de alimentos por la que se le acusó en Tribunales.

Director Ejecutivo de Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional, y además miembro de la Junta directiva de este último organismo, Precht es una voz autorizada para hablar del tema en el que nuestro país ha avanzado, pero “a la chilena”.

En ese sentido, enfatiza en que la nueva Constitución debe incluir el derecho a la información, pero sin entrar en temas puntuales para evitar que se transforme en una norma que no trascienda en el tiempo. Crítico de los casos de corrupción, Precht asegura que lo peor que nos puede pasar como país, es que los casos no salgan a la luz, por dolorosos que sean.

¿Cuál es el balance de la Transparencia en nuestro país? ¿Está muy al debe aún?

Transparencia es una más de las herramientas que se tiene para la lucha contra la corrupción, que consiste en poder levantar el manto de aquello que está oscuro y que debe ser público. Y esto tiene que ver con evidentemente las informaciones que tiene el Estado, pero también con otras informaciones de interés público que son muy importantes en la vida de las personas.

En eso Chile si bien ha avanzado importantemente desde el año 2008, ha tenido en el último tiempo algunas señales que son peligrosas, algunos fallos de los tribunales de Justicia, por ejemplo condenando en costas cuando se solicita una determinada información al solicitante, o también el exceso del recurso de queja en materia jurisdiccional, hace un tiempo hubo problemas importantes en la gestión de un presidente del Consejo Para la Transparencia, y evidentemente eso hace urgente de que no porque hayamos avanzado en estos años, nos tengamos que dormir en los laureles. Pero claramente Chile sigue manteniendo un sistema de medios que permite informar y un sistema general de acceso a la información, a lo menos pública, que permite llegar a información que sean relevantes para la ciudadanía.

Precisamente, llamó la atención lo sucedido con el fallo de la Corte de Apelaciones que condenó en costas a un reclamante de información del Consejo de Defensa del Estado ¿fue inédito?

Había ocurrido otras veces según pude investigar, pero es algo absolutamente anómalo y algo además antijurídico, completamente, por varias razones. Primero, porque el que va por la vía juridiccional es el Consejo Para la Transparencia, es él el encargado de defender los intereses cuando un solicitante no quiere entregar la información que el Consejo Para La Transparencia ha pedido que se entregue, por lo mismo el solicitante, que ni siquiera comparece ante el tribunal , no debiese en ninguna forma tener que cargar con las costas del juicio, tampoco el Consejo. Y además esto viola absolutamente el principio de la gratuidad en la entrega de la información. Este es un procedimiento que está hecho para el ciudadano, es un derecho humano, esta es una continuación de la libertad de expresión que está establecida en los distintos tratados internacionales.

¿Y qué pasó entonces con la Corte de Apelaciones de Santiago?

Lamentablemente uno se encuentra con fallos bastante inéditos, y como digo, el abuso del recurso de queja, que es absolutamente anómalo también. Nunca se ha sancionado después disciplinariamente a un juez de la Corte de Apelaciones por revertir una solicitud de acceso a la información. Yo creo que hay resistencia, y en el Estado siguen habiendo resistencias de aquellos que creen que el acceso a la información y la transparencia lo único que ha hecho es deteriorar las cosas en Chile, más que ayudar a la democracia, esto es realmente querer tapar el sol con un dedo.

Lamentablemente esta es una posición, no mayoritaria, pero si que tiene bastantes adherentes de creer que la Transparencia es negativa para el funcionamiento de los países.

La resistencia a entregar información pública

¿Y cuál es la institución pública que mantiene esa resistencia y que está en deuda en temas de Transparencia?

Evidentemente se ha ido avanzando, pero sigue habiendo resistencia en aquellas que tienen mayor discrecionalidad. El Congreso Nacional sigue siendo un problema, de hecho si bien nosotros tenemos el mejor ránking en el índice de transparencia legislativa, nos estamos comparando con las naciones latinoamericanas, que la verdad que son índices paupérrimos, y punteamos 56 de 100, o sea, tampoco es que estemos demasiado bien. El Congreso sigue siendo, y sobre todo el Senado, un problema para el acceso a la información, sobre todo porque no tenemos una instancia independiente que nos pueda defender en el caso que una información se niegue de manera anómala.

También, pero se ha ido mejorando muchísimo y eso hay que destacarlo, las instituciones armadas. Carabineros ha tenido algunos retrocesos, eso sí, pero creo que son debidos a la contingencia, pero eso no debiese llevar a un cambio de línea, pero el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea han tenido avances importantes en fortalecer sus unidades de acceso a la información.

Y el sector Salud, que ha sido evidentemente el centro de las solicitudes de acceso a la información en el último año, ha tenido un rendimiento bastante mediocre en esta materia y por lo mismo el Consejo Para La Transparencia está incluyendo una serie de procedimientos administrativos en su contra.

¿Y que las Fuerzas Armadas estén dentro de este grupo es un resabio de la dictadura y un secretismo militar arraigado?

No, no creo que sea necesariamente un problema de la dictadura, no es algo que le podamos achacar porque creo que viene de mucho antes, que tiene que ver, y lo mismo pasa con el Congreso, en que ciertas instituciones creen tener una especie de trato diferente respecto a otras. Pero insisto, en el caso de las Fuerzas Armadas en este último año se ha visto un cambio de tendencia y ese cambio creo que es importante.

Siguiendo con las Fuerzas Armadas, hay un tema que siempre genera polémica que son los gastos reservados ¿Se deben derogar en pro de la Transparencia?

No, los gastos reservados son necesarios, sin duda. Pero aquí el problema es que muchos altos generales, entre ellos algunos comandantes en jefe, entendieron que los gastos reservados eran gastos discrecionales, y gastos reservados no significan gastos discrecionales, significa un gasto que debe rendirse y que tiene que ser para un fin específico. Y como evidentemente tiene un interés superior, como la Defensa Nacional, Inteligencia, etcétera, obviamente no se puede dar el mismo detalle que una compra pública cualquiera. Pero acá se malentendió el concepto y eso ha llevado que se cometieran delitos que se están investigando y que son casos de corrupción de bastante vuelo y bastantes ceros, por lo demás.

¿Y qué opina de la Operación Topógrafo, donde el Ejército utilizó la inteligencia militar para espiar a periodistas y denunciantes de casos de corrupción?

Nosotros hemos sido muy firmes desde el inicio en rechazar absolutamente el uso de la Ley de Inteligencia para fines distintos a los que fue creado. Y en este caso, los antecedentes que se han indo entregando, demuestran que la forma de utilizar la Ley de Inteligencia, por esos quizá vacíos o discrecionalidad que entrega, no ah sido la correcta afectando a personas que lo único que estaban haciendo era poder hacer su trabajo, en el caso de los periodistas, o en el casos de algunos denunciantes, entregar antecedentes importantes de denuncias de lo que estaba ocurriendo al interior de las Fuerzas Armadas.

Hay una actuación de militares que a lo mejor se sienten amparados por la Justicia Militar, que en los últimos fallos les ha dado el favor, como lo que pasó recientemente en la arista “Empresas de Turismo” donde se sobreseyó a un oficial pese a que la jueza Romy Rutherford lo había sentenciado ¿La Justicia Militar es realmente una ayuda para evitar corrupción o es un punto en donde se debe trabajar?

La Justicia Militar ha tenido avances importantes, sin duda ha habido reformas, pero siguen habiendo resabios que no permiten que el trato sea absolutamente igualitario. Y uno de esos ejemplos son las Cortes Marciales. Pero también por otro lado uno ve que se han abierto espacios, como lo que ha podido hacer la ministra Rutherford, que antes era absolutamente imposible.

Aquí en general lo importante es que los delitos que sean delitos de civiles, los pueda perseguir la justicia. Y cuando hablamos de delitos de civiles, no hablamos de quién los comete necesariamente, sino si la Justicia Militar debiese ser absolutamente residual y lo hemos visto en otros casos donde a podido haber persecución de militares por la justicia civil sin ningún tipo de problema.

La corrupción en Chile

Viendo todos los casos de corrupción que han sucedido ¿Podríamos decir que Chile es un país corrupto?

Uno no podría hablar que un país sea o no sea corrupto, lo que uno puede hablar es que en ciertos países hay más factores que hacen proclive que actos de corrupción se cometan. En Chile y eso lo muestran nuestros mismos índices, está en la medianía de la tabla, es un país que tiene ciertas instituciones, un sistema de medios abiertos, ambos podemos conversar de esto sin miedo, por ejemplo, niveles de violencia menor que otros países que hacen que Chile sea hoy día 27 en el mundo en el indice de percepción de la corrupción, entre los países de menor corrupción. Pero 27 no es una buena posición, si lo viéramos en términos futbolísticos claramente no estaríamos en la primera división del mundo en lucha contra la corrupción.

¿Y qué opina que se haya intentado levantar el secreto bancario en el Congreso?

Hay que avanzar en dos cosas. El secreto bancario tiene que tener mayor facilidad de levantarse, pero para sobre todo el buen trabajo de Contraloría, el Ministerio Público, de las instituciones que están dedicadas a esto, y por otra parte, tenemos que avanzar en algo más importante aún que tiene que ver con la creación de un registro público de dueños finales de empresas, es decir, quiénes son las personas naturales dueñas de las empresas, tal como lo hace Reino Unido, entre otras juridicciones.

Esta sería una buena iniciativa ¿Pero qué otras medidas concretas se pueden tomar y hacia dónde debemos avanzar?

En Chile no hay un problema de falta instituciones y muchas veces tampoco hay un problema de falta de recursos, lo que sí falta es coordinación. No puede ser que cada una de las organizaciones que luchan contra la corrupción trabajen aislados en su parte de la realidad. El caso Telecom, por ejemplo, es un caso paradigmático donde se pudo haber detenido mucho antes de que se llegara a hacer un negocio con un municipio. Pero claro, cada uno hizo su parte y como sin coordinación esas partes no conversan, no se lograba esa detección y llegamos muy tarde, y tiene que ser el derecho penal, que debiese ser el residual, el que tiene que venir a resolver la situación de alguna forma.

En la nueva Constitución van a establecer un plan anticorrupción, lo que sería un fracaso. Lo que debiésemos hacer es poder establecer un ente coordinador entre los distintos órganos que luchan contra la corrupción, el Ministerio Público, la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos. Y por otra parte, se requiere perfeccionar estas instituciones, quitarles algunas atribuciones, como es el caso del Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Electoral, para que sea el Ministerio Público el que tenga la facultad primativa de perseguir estos temas en nuestro país.

El rol de la Convención Constituyente

En ese sentido ¿Qué papel entonces cumple la Convención Constitucional en hacer cambios relativos a Transparencia?

Es muy importante. Nosotros la verdad no creemos que la Constitución tenga que tener un tratado anticorrupción, pero si, que la Convención pueda establecer determinadas cosas. La primera, establecer un principio que la corrupción es un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho, creemos que eso es importante junto con el principio de probidad y el principio de publicidad, que hoy día ya existe en el texto constitucional.

Segundo, extender el derecho a la libertad de expresión, pidiendo explícitamente el acceso a la información como una garantía constitucional. Tercero, poder generar este ente de coordinación anticorrupción al más alto nivel y fortalecer cada una de las instituciones autónomas que están hoy día incluidas en el texto constitucional que deberían seguir incluidas en el nuevo texto constitucional.

¿Debe la Convención involucrarse en temas puntuales, como por ejemplo derogar los gastos reservados?

No, claramente no. Esas son materias de ley. Creemos que si uno se empieza a meter en todos los temas en el texto constitucional, finalmente el texto constitucional corre el riesgo de no cumplir su rol y transformarse finalmente en una norma que va a ser prácticamente cambiada todos los años.

¿Y qué opina de la Transparencia en la Convención?

Se ha ido avanzando, ha sido una lenta implementación por ejemplo en materia de solicitud de audiencia, pero donde está muy bien es en el tema de la discusión, los textos, de los comparados. Se ha avanzado, es una discusión que con su dificultad se puede seguir, eso es algo muy positivo. Hay aspectos obviamente por mejorar y lo que nosotros hemos dicho que el punto de límite para que esto esté todo implementado, es ahora una vez que se apruebe el reglamento.

¿Qué le parece lo que sucedió con Rodrigo Rojas Vade? ¿Cómo lo calificaría, es corrupción, falta a la probidad?

Lo de Rojas Vade son de esos casos que uno no los tiene en ningún manual, y los que hemos estudiado este tema y para certificarnos en antilavado, financiamiento del terrorismo, nos toca estudiar las formas más raras de poder lavar dinero, por ejemplo, y hacer fraudes que escapan de todo manual.

Es un acto evidentemente de una falta de ética personal importante, hay un fraude a la fe pública clarísimo. Cuando una persona engaña para poder obtener un cargo y lo hace además jugando con una enfermedad que le hace tanto daño a tantos chilenos que nosotros conocemos, amigos nuestros que han muerto de cáncer, es algo que evidentemente escapa incluso del ámbito de la corrupción, entra a un ámbito que tiene que ver con la moralidad, que tiene que ver con una ética mínima de cómo se debe comportar una persona en ámbito público.

Es un caso que incluso sorprendió a la institucionalidad, porque no hay una forma para solucionarlo, si renunciaba o no.

Exacto, yo lo decía que esto parecía una pesadilla, porque todos los días nos estamos encontrando con casos que son inéditos y que ni siquiera los legisladores o los que nos dedicamos a estos temas, se nos puede ocurrir. ¿Cómo se te va a ocurrir que un candidato a la presidencia de la República haga campaña desde el extranjero? Es algo impensado y hoy día tenemos un candidato que hace campaña desde el extranjero posiblemente.

Uno puede entender que pueda haber gente que engañe en una campaña con alguna mentira electoral, etcétera, pero que una persona invente una enfermedad y esa enfermedad la sostenga y sea el pilar de su campaña. Y cómo vas a creer que alguien puede falsificar firmas para una candidatura pero con un notario muerto, digamos que son tres casos que escapan de todo tipo de manual, de todo tipo de reglas, de todo tipo de imaginación y supera a la mayor de las pesadillas, más allá que no sean actos patrimonialmente gravosos, pero son actos que deterioran el acervo ético, o sea, qué confianza puede uno tener si las personas que actúan en el ámbito público pueden llegar a extremos como éste.

Y esto se suma a aquellos que habiendo sido financiados ilegalmente por la política siguen siendo candidatos, o el caso de Pedro Velásquez, que va de candidato a senador. O sea, esto se suma, pero son niveles digamos de ciencia ficción, que los hace diferente, pero los otros casos están por lo menos estudiados, son delitos y hay cómo perseguirlos. Esto otros casos son más bien de la moralidad, son distintos.

El tema Parisi

¿Y qué le parece lo que sucede con Parisi y su tema judicial pendiente?

Lo primero, es que tener un caso pendiente, una acusación en tribunales, es algo que le puede pasar a cualquier chileno y eso no lo puede limitar en sus derechos. Y yo creo que en eso hay que ser muy claro, más allá que la acusación sea escabrosa o no. De hecho, en el caso de Miguel Ángel Aguilera, nosotros como Chile Transparente hemos perseguido profundamente llevándonos hartos malos ratos en ese caso, pero siempre planteando que mientras no tuviera una acusación podía ser candidato a alcalde. Hasta en esos casos creemos que es importante cuidar determinados derechos que tenemos los chilenos.

El principio de inocencia…

Exactamente, porque si se viola el principio de inocencia podemos terminar en una situación de juego político de acusaciones cruzadas que hoy día también acusar y apuntar con el dedo es casi deporte. Y difamar y destruir familias y entornos con una acusación, hoy día es muy posible.

Pero respecto al caso específico de Parisi, lo peor que puede pasar en este caso, que lamentablemente esta es una historia que uno la va viendo por capítulos, es que todos los chilenos a través de nuestros impuestos podríamos terminar pagando la pensión alimenticia y esto me parece gravísimo. Por lo mismo, aquí el llamado es al Servicio Electoral que estudie muy bien la norma si efectivamente esta persona va a poder recibir devolución electoral si hace campaña, que estudie muy bien cómo van a ser esos gastos, cuáles son los subterfugios que se están utilizando, porque ya sabemos de varias acusaciones acerca de la creación de empresas ad-hoc por parte del partido que después no se van a crear, pero que había todo un sistema para trabajar esta campaña en torno a la devolución de los votos, y entenderlo como una inversión a plazo.

Esperamos, ya que esta persona es candidata, se tomen todas las medidas para que no terminemos en una especie de fraude más allá de que esto tenga un aspecto legal o no. No podemos permitir, no podemos creer que la ley siempre tenga que solucionarlo todo y como en este caso la ley no se opuso, porque no tenía cómo oponerse, vamos a tener que, con las herramientas que nos da el derecho y las herramientas del Servicio Electoral y la sociedad civil de supervisar constantemente a aquellos que quieren abusar y generarle más daño a la política, y claramente Franco Parisi está creando un nuevo daño a la política chilena.

Además que Parisi tiene antecedentes de rendiciones de gastos fraudulentos ante el Servel.

Si, y además recordemos además su compañero, que eran tan amigos, Gino Lorenzini, que por algo no pudo ser candidato a convencional. No porque Chile Transparente haya presentado la acusación, sino porque el Tribunal Calificador de Elecciones lo calificó así, aquí claramente lo que intentó hacer Lorenzini en su momento, era disfrazar a su empresa de partido político, disfrazar a su empresa en la actividad política, cosa que está absolutamente prohibida. Y tenemos que tener cuidado, ya lo están sufriendo los salvadoreños con Nayib Bukele, tenemos que tener mucho cuidado con ese populismo, lo está sufriendo los brasileños con Jair Bolsonaro también.

Pero no son sólo ellos, para donde uno gire encuentra casos, como en los municipios de la zona oriente de la región Metropolitana, como Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes ¿Hay corrupción en los municipios?

Bueno, son procesos que están abiertos, pero claramente las corporaciones municipales sobre todo se prestan, por su forma de constitución, por la huida que hacen del derecho administrativo para disimular actos de corrupción. El corrupto al final es una rata oportunista o un virus oportunista, o un parásito oportunista, como le quieras poner, y va a utilizar esos espacios. Entonces, si esos espacios estaban ahí, lamentablemente pueden haber algunos que los puedan haber utilizado.

Ahora es deber de la Justicia identificarlos con nombre y apellido, si es que eso ocurrió, y sancionarlos con las penas que a estar renovadas en nuestro derecho, podrían ser bastante importantes.

Lo peor que puede pasar en la lucha contra la corrupción, es que las cosas no se sepan. Entonces, lo que debemos nosotros intentar una y otra vez, es que efectivamente las cosas se sepan y por muy dolorosas que sean, se logren solucionar. Creo que ahí nos falta, que es la tolerancia cero a la corrupción, entender que la corrupción es un atentado a la democracia, al estado de Derecho y por lo mismo, la impunidad no cabe en la lucha contra la corrupción y lamentablemente hemos tenido mucha impunidad.