El coordinador de Seguridad para la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, llamó al líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y al vocero de la CAM, Juan Pichún, a declarar ante Fiscalía tras el ataque armado que sufrió el equipo de prensa de TVN.
“Se intentó asesinar, se intentó matar al periodista y al camarógrafo a través de 17 disparos, donde hay perdigones… hay balas de 9 milímetros, sin lugar a duda el objetivo era matar”, indicó sobre el ataque en entrevista con Radio Bío Bío en Temuco.
La autoridad, quien asumió su cargo este 17 de marzo, señaló que por el motivo anterior, y además por la “afectación grave” a la libertad de prensa y al ejercicio periodístico, como Gobierno decidieron interponer una querella por homicidio frustrado.
Debido a que la entrevista que realizaría Televisión Nacional de Chile (TVN) era al líder de la CAM, Héctor Llaitul, el coordinador de Seguridad lo emplazó a declarar ante Fiscalía y a entregar “todos los antecedentes que tenga” a disposición de la investigación. A su vez, agregó que el vocero de la CAM, Juan Pichún, también debería colaborar con información.
Lo anterior con el fin de “condenar prontamente a los responsables de este cobarde ataque armado”.
“Claramente identificados”
Radio Bío Bío de Temuco le consultó al coordinador si como Gobierno saben cuántos grupos de este tipo operan en las regiones de la Macrozona (Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos), a lo que Urquízar respondió que “tenemos claramente identificados los grupos más extremos que operan”.
Agregó a ello que “por razones de seguridad” no podía profundizar ni entregar detalles, sin embargo, recalcó que “no sólo el Gobierno tiene información”, refiriéndose a que Llaitul y Pichún también tienen conocimiento pertinente de estos casos en la zona.
“Es cosa de escuchar la entrevista en La Red de Juan Pichún como vocero de la CAM, en donde atribuye disputas territoriales a otras comunidades mapuche, algunas ligadas, según él, a las forestales, por lo tanto hay mucha claridad de que tiene mucha información”, argumentó.
La autoridad detalló que en La Araucanía, desde el año 2013 al 2020 “los atentados han subido un 241%” y afirmó que como Gobierno “lo que estamos haciendo es regular y establecer estrategias preventivas”, a su vez indicó que “estamos haciendo todos los esfuerzos para que jurídicamente (…) se pueda condenar”.
Respecto a las tomas de terreno, el coordinador coincidió en que existe una déficit en la legislación actual y enfatizó en que “lo que está ocurriendo es un problema de Estado”.
Planteó que la ocupación de predios es un problema que va en aumento, ya que en 2020 – según Urquízar, hubo 221 usurpaciones (violentas y no violentas) y a la fecha, en 2021, ya van 96.
El también abogado opinó que las penas son “extremadamente bajas”, ya que hay un cobro pero no presidio. Ejemplificó que por una “usurpación no violenta” la pena es pagar de 6 a 10 UTM y por una “violenta”, 11 a 20 UTM.
Por esta razón argumentó que “el Gobierno puso discusión inmediata para efecto de urgencia del proyecto de ley para elevar las penas a privativas de libertad” y precisó que ellos sugieren entre 60 y 541 días de presidio efectivo para la usurpación no violenta y de 3 a 5 años a aquellas que fueron violentas.
“Necesitamos sí o sí del apoyo del Congreso (…) para que nos pueda colaborar y pueda con política de Estado poder tener la legislación que La Araucanía y la Macrozona Sur necesita (…) hay nueve proyectos de ley que están pendientes, hoy día nosotros constatábamos 643 días que llevan tramitando en promedio y todavía no hay ningún proyecto que haya salido (…) (necesitamos) empatía con las víctimas para efectos de mayor protección, persecución penal y paz social”, sentenció.
Escucha la entrevista completa a continuación: