Los funcionarios del Congreso Nacional rechazan un bono de incentivo al retiro aprobado para todos los funcionarios del sector público, y exigen una negociación separada con Hacienda que incluya un bono sin tope de hasta 18 meses de sueldo. En caso de ser aprobado, alcanzaría hasta $200 millones para los sueldos más altos.

En conversación con Expreso Bío Bío, Dimitri Morales, presidente de la Asociación de Funcionarios de los Parlamentarios (Afunpar), indicó que debe realizarse una precisión en que quienes solicitan este bono son funcionarios de la Cámara de Diputados propiamente tal, mientras que ellos prestan servicio a los equipos de apoyo de los parlamentarios, existiendo diferencias desde el punto de vista contractual-laboral.

“Nos causa mucha sorpresa y molestia porque hace más de un año, casi dos, estamos luchando por una serie de reivindicaciones laborales de parte de este personal que yo represento”, dijo.

Agregó que la agrupación representa a más de 358 colegas versus los 250 que solicitan estos $200 millones de bono.

“Nos molesta porque hasta el 2011 éramos contratados por los diputados y la Cámara nos hacía los contratos. A partir de 2012, pasamos a ser parte del contrato nuestro, el empleador directo es la Cámara, por lo tanto, de sindicato pasamos a ser Asociación como tal”, dijo.

Añadió que por años lucharon para que se les reconociera y le dieran un bono, ya que históricamente la Cámara nunca les ha pagado las horas extras.

“Hoy los propios funcionarios reciben estos 4 sueldos, nosotros no los recibimos”, dijo y agregó que les da hasta vergüenza porque ellos necesitan el 1% de estos $200 millones para habilitar un lugar digno a los conductores que trabajan para los parlamentarios, asegurándoles un tiempo de descanso en buenas condiciones.

“Todas estas cosas obviamente nos causan escozor que salgan este tipo de informaciones, este jubilazo de $200 millones para un grupo determinado y que nosotros también caigamos”, dijo y explicó que si él se fuera el 11 de marzo de 2018, no recibirá más de $8 millones entre indemnización, periodo de servicio y vacaciones proporcionales versus los $200 millones que recibirían los funcionarios.

“Pedimos por favor que no nos pongan a nosotros en el mismo saco que están poniendo a estos funcionarios” (…) todavía después de un más de un año y medio aún no tenemos respuesta y nos salen con esto de darle $200 millones a 40 funcionarios, son $8 mil millones que saldrían del Congreso”, dijo.

“No puede seguir que en un lugar donde se hacen las leyes, donde se busca reivindicar la gestión de los trabajadores, hoy se siga discriminando entre unos y otros. Nos sentimos el lado B, casi la tercera división por no irnos a cuarta al potrero de lo que hoy se está realizando en el poder legislativo, lo que pedimos es justicia, que se nos considere la importancia que tenemos en el poder legislativo”, concluyó.

Escucha la entrevista realizada por Katherine Ibáñez y Álvaro Escobar en Expreso Bío Bío: