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El desafío no es menor, pero la pregunta es clara: ¿Para quién crece realmente la industria salmonera en Chile?
Durante las últimas décadas, la industria salmonera en Chile ha logrado consolidarse como un pilar de las exportaciones nacionales, alcanzando un 6% del total de valores exportados en 2024. Según los datos recopilados en nuestro informe “Exportaciones de la Industria Salmonera en Chile”, entre 2012 y 2024, el país ha exportado en promedio el 72% de su producción anual, con mercados como EE.UU., Japón y Brasil concentrando cerca del 75% del valor total exportado.
Cifras que generan dudas
En términos económicos, los números son elocuentes: el crecimiento del sector ha sido sostenido, las exportaciones de salmones y truchas generaron en promedio US$ 4.790 millones anuales durante el período analizado, representando el 73% del valor de los productos del mar enviados al extranjero. Estos ingresos crecieron en un 120%, pasando de los US$ 2.890 millones en 2012 a los US$ 6.371 millones en 2024.
El crecimiento de los ingresos ha estado impulsado principalmente por el aumento (52%) de los precios promedio —de US$ 5,35 por kilo en 2012 a US$ 8,15 en 2024— y, en menor medida, por el incremento de un 45% en el volumen exportado durante el mismo periodo.
Este modelo industrial basado en la exportación, que ha generado un aumento significativo de los ingresos, plantea distintas interrogantes: ¿Qué tan sostenible es una industria que depende de la fluctuación de la demanda internacional? ¿Quién se beneficia realmente de este auge, como lo es el aumento de los precios?
El costo ambiental de la salmonicultura
Si bien la industria ha sido un motor económico clave en el sur del país, principalmente por el empleo que proporciona, es importante considerar que el empleo directo en los últimos años no se ha correlacionado proporcionalmente con la producción, debido a la tecnificación del sector.
Considerando que, a la fecha, no existen datos oficiales levantados por los organismos públicos pertinentes, por lo tanto, los datos catastrados son los que la misma industria declara, principalmente para fines tributarios. Además, su crecimiento ha estado basado en el uso y la explotación de bienes nacionales de uso público, como son los ríos y mares de Chile. Muchas concesiones acuícolas donde se engordan salmones -ubicadas en el mar- están emplazadas al interior de áreas protegidas, facilitando a las empresas maximizar sus ingresos sin asumir proporcionalmente los costos ambientales de su actividad.
Esta industria ha logrado aumentar su producción en un 3.652% entre los años 1990 y 2023, manteniendo una orientación exportadora, lo que evidencia otro problema: mientras las empresas privadas maximizan sus utilidades, las externalidades negativas quedan en el territorio, afectando ecosistemas, generando degradación ambiental e impacto en economías locales tradicionales. A esto se suma la falta de fiscalización por parte de los organismos competentes, que han permitido prácticas como el aumento de biomasa sin evaluación ambiental adecuada y la sobreproducción en centros de cultivo que han quedado sin sanción.
Un modelo que fuerza los límites de la naturaleza
Las cifras del informe dejan en evidencia que los incentivos de la industria no están alineados con la protección de los ecosistemas donde opera. Eventos como los Florecimientos de Algas Nocivas (FAN) o la crisis del virus ISA años atrás, no son meros accidentes: son señales de un modelo que fuerza los límites de la naturaleza.
La rentabilidad a corto plazo se maximiza mediante el uso intensivo de bienes nacionales sin internalizar los costos ambientales, la dependencia de mercados externos y la falta de restricciones efectivas al crecimiento, facilitada por la debilidad en la fiscalización y regulación nacional.
El éxito económico de la salmonicultura chilena es innegable, pero su consolidación como una potencia exportadora se ha construido sobre una base frágil. ¿Es sostenible seguir expandiendo una industria sin corregir sus externalidades? ¿Se justifica el crecimiento cuando el país asume los costos ambientales y otros se llevan los beneficios? ¿Está dispuesta la industria a mejorar sus prácticas y respetar la legislación vigente; dejando de sobreproducir o eludir la evaluación ambiental?
