Enviando corrección, espere un momento...
Los diagnósticos están claros y las conclusiones categóricas, pero se requiere un plan de acción que va más allá de los que puede resolver el director de turno en el Servicio.
Un cambio que prometía más protección
Cuando en 2021 se anunció la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como “Mejor Niñez”, se esbozó como la solución al antiguo Sename.
En 2018 el Comité de Derechos del Niño (Naciones Unidas) analizó las precarias condiciones del Sistema de Protección, levantando serias observaciones, algunas fueron inmediatamente acogidas, otras implicaron el cierre de los Cread, la creación de nuevos servicios especializados y la promulgación de la Ley del Sistema de Protección Integral de la Niñez (Ley de Garantía).
Se prometió un sistema centrado en la protección de la niñez en vulnerabilidad, con altos estándares de atención, fiscalización y supervisión técnica. Tres años después, vemos una realidad preocupante: Cierre de residencias; hacinamiento significativo; listas de Esperas que cuadruplican las del antiguo sistema; licitaciones cuestionables, que dieron origen a una comisión investigadora; precariedad laboral y; una implementación apresurada que no ha comprometido sus objetivos.
Hacinamiento, listas de espera y problemas de planificación
El reciente informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, presidida por la Diputada Marlene Pérez, fue tajante: “Mejor Niñez” se ha implementado con fallas estructurales graves.
La falta de planificación llevó a una ejecución desordenada, con falencias en la selección de personal, déficit en supervisión de residencias y enormes listas de espera para la niñez en riesgo, aumento sostenido en las denuncias de explotación sexual infantil, traslados interregionales de niños por falta de cobertura regional, falta de acceso a tratamientos en materia de salud mental y un alto porcentaje de exclusión educativa, entre otras.
En paralelo, un informe del Poder Judicial reveló que al menos el 40% de los hogares administrados directamente por el Estado presentan condiciones de hacinamiento. En otras palabras, las mismas graves condiciones del Sename antiguo, siguen presentes.
La Contraloría General de la República, por su parte, ha cuestionado la transparencia en los procesos de licitación de programas ambulatorios.
Hace pocos días, se despachó un oficio desde la Comisión de la Familia de la Cámara dirigido al Servicio Mejor Niñez, para que rinda cuentas por “circunstancias (que) evidencian la insostenibilidad del sistema”, respecto a la gestión de traslados de niños hospitalizados. No se trata solo de recursos y datos estadísticos, es la vida de niños y adolescentes abandonados en la burocracia y la reacción insuficiente, cuanto más de planificación.
Mientras tanto, los trabajadores del servicio denuncian condiciones insostenibles: sobrecarga laboral, alto número de licencias, falta de recursos y un sistema de fiscalización insuficiente que les impide realizar su labor de manera efectiva.
Urgencia de una reforma estructural en Mejor Niñez
Vemos que es la urgencia la que debe marcar un ritmo sin pausa. El Estado, con la participación de los Garantes, debe asumir la necesidad de una planificación estratégica realista y un fortalecimiento institucional profundo. No solo sumar recursos, sino gestionar los existentes adecuadamente, seleccionando la oferta en base a lo que funciona, con evidencia y no inercia de programas que no cumplen su objetivo.
Es imperativo avanzar en fortalecer el modelo de “Familias de Acogidas” para hacerse cargo de distintos perfiles de necesidades, esto implica incluso avanzar a sistemas profesionales de acogimiento familiar. Por su parte, las residencias -además de una infraestructura adecuada- deben contar con profesionales especializados y acceso garantizado a las prestaciones de salud y educación. Es importante avanzar en una gestión de oferta abierta, basada en evidencia y que cubra los importantes déficits que hoy hacen engrosar listas de espera en programas especializados.
Los diagnósticos están claros y las conclusiones categóricas, pero se requiere un plan de acción que va más allá de los que puede resolver el director de turno en el Servicio, implica un trabajo intersectorial de cara a los Garantes, con información trasparente y unificada con el Poder Judicial, se requiere dotar de herramientas presupuestarias y técnicas a la Corte Suprema y a la Defensoría de la Niñez para un monitoreo estrecho del cumplimiento de los marcos normativos.
Estamos en una crisis de la niñez vulnerada a la que solo atendemos cuando la vemos involucrada en hechos delictivos sin mirar toda la cadena de vulneraciones y abandono que hay detrás, desde la familia hasta el Estado que asume su cuidado. No podemos seguir fallando. Esto debe ser prioridad. Dejemos de llegar tarde.
