Este año que comienza tiene varios desafíos legislativos para el mundo político. Y lo digo de esta manera porque avanzar en la modernización del Estado y de las actuales normas que regulan las actividades del país no solo es responsabilidad del gobierno, sino que de todos los actores que ocupamos un escaño en el Parlamento en representación de partidos políticos diversos.

Hablo tanto de aquellos que forman parte de la coalición que respalda al Presidente Gabriel Boric, como de los que se identifican con partidos y movimientos opositores a la actual administración.

1. Pensiones:

Hay urgencias que atender. La ciudadanía espera, por ejemplo, que lo antes posible este país cuente con un nuevo sistema previsional que pueda otorgar jubilaciones dignas a quienes han ahorrado durante 30, 40 o más años, pero, cuando llega el momento del merecido descanso, ven que sus dineros se traducen en pensiones miserables que no les alcanza para subsistir.

Estamos en enero de 2025 y todavía hay voces que rechazan innovar y terminar con el enriquecimiento del sector privado a costa del dinero de los trabajadores. Cuando hay que dar explicaciones por las miles de trabas, cuestionamientos y rechazos a la propuesta de reformar el sistema, la derecha acude a la vieja excusa de acusar a la izquierda de dogmática, doctrinaria e ideologizada, lo que no permite avanzar en un proyecto de ley.

Y es todo lo contrario. Nosotros nos hemos abierto a los cambios, a perfeccionar la propuesta original, a ceder en algunas posiciones en pos del objetivo final, que es mejorar las pensiones. Lo hacemos porque sabemos que no tenemos mayoría en el Parlamento, pero que la gente espera estos avances que les permitirá aumentar sus ingresos como jubilados.

Es indispensable cambiar el modelo. La seguridad social no puede estar entregada a manos de privados, donde el objetivo último es obtener ganancias, pero sin pensar en que deben mejorar los beneficios de quienes les aportan obligatoriamente su capital durante toda la vida.

2. Seguridad Pública:

El segundo objetivo de este año debe ser la seguridad pública. Es innegable que hay avances en distintas materias, como la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la aprobación de la Ley Antiterrorista, que son hitos que permitirán avanzar en mejorar la seguridad de las personas.

Pero no basta con eso. Es imperioso modernizar los sistemas de prevención, de investigación y persecución de delitos. Es urgente avanzar en los proyectos de ley sobre infraestructura crítica y el uso de la fuerza de personal de las Fuerzas Armadas y de Orden. Estas normativas son clave para la actuación de las policías ante la creciente presencia del crimen organizado.

También la reforma constitucional destinada a la creación de una Fuerza de Tarea Operativa contra el Crimen Organizado, el Narcotráfico y el Terrorismo.

Junto al senador Iván Flores (DC), presentamos este proyecto con el convencimiento que este grupo operativo debe estar compuesto por Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Ministerio Público, DIRECTEMAR, Superintendencias, el Servicio Nacional de Migraciones, entre otras entidades, según las características de la amenaza.

Esta reforma constitucional permitirá al Presidente de la República convocar a este grupo especializado en un territorio específico y dirigirla contra determinadas organizaciones criminales.

Por último, es impostergable apoyar y aprobar el fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de la Fiscalía Supraterritorial. Esta última tiene prioridad como una unidad especializada en combatir el crimen organizado y delitos de alta complejidad, tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional.

Si logramos fortalecer el Ministerio Público, y no reducir su presupuesto, el primer año crecerá el número de nuevos fiscales, desde los 17 considerados en el proyecto original a 70, representando un aumento del 412%. Y para el mismo año se incrementará el número de nuevos profesionales de 70 a 100. Eso permitirá mejorar la eficacia de la investigación y persecución penal y la atención a víctimas y testigos de delitos.

Este 2025 es perentorio pensar en las personas y dejar de lado los intereses partidistas, sean del oficialismo o de la oposición.

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Es obligatorio avanzar en la modernización de políticas públicas, un acto fundamental para responder a lo que exige la ciudadanía, como es mejores pensiones, seguridad y rapidez en hacer justicia. Como he insistido, estas no son reformas del gobierno ni para el gobierno, sino que para beneficiar a todos los chilenos.
- Paulina Vodanovic