Uno de los primeros pasos que da el crimen organizado para establecer su dominio es ocupar el espacio público, multicanchas, plazas o centros comunitarios, áreas originalmente destinadas a promover la interacción social y fomentar la confianza entre vecinos, se convierten en puntos estratégicos de actividad criminal.
Este control territorial es más que simbólico: se convierte en un mandato real que establece las reglas del vecindario. El miedo y la desconfianza reemplazan la cooperación y la solidaridad. La pérdida de estos espacios deja a los vecindarios aislados, vulnerables e incapaces de organizarse para resistir colectivamente.
Estas organizaciones utilizan su poder sobre las familias del sector para involucrar a las generaciones más jóvenes en actividades criminales. Este fenómeno, no solo perpetúa el círculo vicioso de violencia, sino que también socava aún más la cohesión social, fomenta la desconfianza entre vecinos y dificulta la cooperación con las autoridades, donde se percibe a los jóvenes como aliados potenciales del crimen organizado en lugar de víctimas, lo que hace más difícil reconstruir las estructuras sociales.
Las familias enfrentan decisiones difíciles: resistir o cooperar
En Chile las estadísticas nos muestran un aumento en el número de jóvenes involucrados en delitos relacionados con las drogas, particularmente entre poblaciones vulnerables. Sin embargo, paulatinamente este fenómeno se irá democratizando hacia zonas de menor exclusión social, de la mano del involucramiento delictivo juvenil.
El resultado de esta estrategia es la creación de burbuja de autoridad delictiva, ajena al poder del Estado. No hay acceso a quienes deben brindar protección a los vecinos y resguardar el orden público. El crimen organizado establece sus propias reglas. La cooptación de las comunidades no solo destruye la cohesión vecinal, sino que también perpetúa sistemas de exclusión y violencia que impactan a la niñez.
Por todo lo anterior es que necesitamos restaurar las conexiones sociales y recuperar el espacio público.
Experiencias internacionales, como las realizadas en Medellín, muestran que las intervenciones basadas en la urbanización social y el empoderamiento comunitario pueden devolver el control a las comunidades locales.
Si no se actúa con decisión, el impacto se sentirá no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, erosionando la confianza en las instituciones y dividiendo aún más a la sociedad. El desafío es abordar este fenómeno con una estrategia integral que combine prevención, intervención y persecución penal efectiva, para devolver la esperanza a las comunidades que hoy viven bajo dominio del crimen organizado. No podemos seguir esperando, el desarrollo positivo de nuestros Niños, Niñas y Adolescentes, depende de ello.