En una lapidaria sentencia judicial, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta declaró como ilegal la decisión del actual Gobierno respecto a la evaluación ambiental del proyecto minero-portuario Dominga, reprochando, además, que la Administración resolvió de manera arbitraria, parcial y en base a criterios políticos, al denegar el permiso ambiental.
Lo anterior viene a ratificar un hecho que sabemos hace años.
A más de dos décadas de haberse establecido una institucionalidad especializada en este país, el problema de la intervención de la autoridad política en las decisiones ambientales se ha agravado. Tal como señala el Tribunal, los servicios y órganos con competencia ambiental se muestran excesivamente receptivos a los intereses de los Gobiernos de turno. Esto ha llevado, en algunos casos, a decisiones contradictorias dentro de un mismo proceso de evaluación ambiental, especialmente cuando este se extiende por más de un período presidencial, algo que ocurre con preocupante frecuencia.
Lamentablemente, la reacción del Gobierno ha sido atacar al Tribunal, amenazando con, incluso, interponer un recurso de queja en contra de las y los ministros de la judicatura ambiental, líbelo cuya finalidad es, ni más ni menos que “corregir faltas o abusos graves, cometidos por los jueces en la dictación de resoluciones jurisdiccionales y hacer efectiva su responsabilidad disciplinaria”.
Asimismo, legisladoras y legisladores -incluso algunos con aspiraciones presidenciales- no solo han olvidado la limitación constitucional de no comentar causas pendientes en sede judicial, sino que han desfilado por matinales y plataformas sociales para denostar al Tribunal, calificar sus intenciones y desplegar veladas amenazas a las y los jueces.
La situación es inaceptable, pero también, discúlpenme, ridícula.
La politización de la evaluación ambiental en Chile
El Gobierno, el mismo que ha dejado sin efecto dos años consecutivos el Servicio de Biodiversidad y que le regaló el litio del Salar de Atacama a Ponce Lerou, sin consulta indígena o evaluación ambiental estratégica previa, entre otras epopeyas propias de su carácter “ambientalista”, ahora trona contra un Tribunal de la República que solo ha cumplido su deber constitucional.
No me corresponde, como senador, pronunciarme sobre si el proyecto Dominga debe o no obtener su permiso ambiental. Sin embargo, lo que no puede permitirse es que el Gobierno, actuando como un litigante pendenciero, recurra a subterfugios ante la Contraloría o a recursos de última instancia para evitar cumplir un fallo judicial.
Lo que corresponde es que se convoque al Comité de Ministras y Ministros y, si realmente tienen la convicción de que técnicamente el proyecto Dominga no es viable, procedan a rechazarlo. Esto permitirá que el proceso continúe por el conducto regular que la Ley establece, dejando que cada parte haga valer sus derechos.
Por el contrario, actuar para complacencia de su “barra brava” en un tema de tanta trascendencia, no hace más que repetir el pésimo precedente del expresidente Piñera que, con un llamado telefónico, intervino en el procedimiento de evaluación ambiental de Barrancones.
El caso Dominga: una oportunidad para fortalecer la institucionalidad
El país y el mundo afrontan un desafío mayúsculo para dirimir situaciones complejas en que, crecientemente, los intereses económicos, sociales y ambientales entran en colisión. Por ello es que nos dotamos de normas y procedimientos especializados para evaluar técnicamente los proyectos, de manera tal que la decisión que se tome cumpla y considere, adecuadamente, las necesidades y las restricciones que una situación de crisis climática nos impone.
No respetar las decisiones de la justicia, privilegiar criterios políticos para resolver y, sobre todo, actuar de manera destemplada frente a temas de Estado, no ayudan en nada en este desafío y comprometen gravemente los intereses y la confianza de la sociedad.
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