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El fenómeno de la violencia en los liceos emblemáticos ha deteriorado gravemente la educación pública.
El viernes 25 de octubre de 2024, un grupo de 23 encapuchados, vestidos con overoles blancos, irrumpió en el patio del Internado Nacional Barros Arana (INBA), lanzando fuegos artificiales. Cerca de 40 estudiantes se refugiaron en un baño del establecimiento, donde quemaron overoles y se encontraron con una gran cantidad de bombas molotov. Un petardo desató una explosión de gran magnitud, dejando un saldo de 35 estudiantes heridos, 5 de ellos en estado crítico. ¡Un verdadero drama!
La directora del INBA calificó el hecho como aislado, aunque en noviembre de 2022 ella misma fue rociada con bencina, al igual que otros directores y profesores de liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, el Liceo Lastarria y el Liceo de Aplicación, por mencionar algunos.
¿Qué está pasando por la mente de estos adolescentes?
En los últimos 15 años la violencia fue tomando poco a poco el protagonismo del movimiento estudiantil secundario, con grupos de corte anarquista que han capturado su agenda. Grupos que apuestan por la “acción callejera” como herramienta de acción política, utilizados por adultos como carne de cañón.
Esta ola de violencia ha mermado la educación pública, con tomas y violencia política, con acciones de amedrentamiento a compañeros y profesores. La falta de empatía total contra todo aquel que piense distinto es en parte expresión de impunidad y resentimiento.
Recordemos que el 2016 hubo una toma de más de 50 días en el Instituto Nacional, una toma manejada por una minoría que fue capaz de dejar sin clases a todo un colegio, en circunstancias que existían canales de participación. Pero además, la misma Corte Suprema señaló en esa época que el Municipio de Santiago debía garantizar el derecho a la educación de todos porque no estaban actuando.
Con los Centros de Padres divididos entre grupos que respaldan los paros y una mayoría que vive con la incertidumbre de si habrá clases o no, surge la pregunta: ¿Cuál ha sido el papel de la Dirección de Educación Municipal de Santiago, de los municipios, de los parlamentarios y de la institucionalidad de la niñez durante todos estos años? ¿Se ha escuchado a todos los padres y apoderados, tanto de un lado como del otro? Sería valioso que cada institución realizara una reflexión retrospectiva sobre su rol en este conflicto.
¿Qué pasa con los adultos y las instituciones?
Sobre estos incidentes de violencia ya existe información en las investigaciones penales sobre participación de adultos, pero al mismo tiempo me pregunto, ¿qué pasa con el activismo que algunos adultos tienen al idealizar la violencia, y justificarla como una expresión de reivindicación social?
Sobre esto sólo puedo decir por experiencia que esa idealización está instalada en algunas esferas del Estado. En un Consejo de la Sociedad Civil de SENAME de 2023, se planteó la falta de programas para trabajar la violencia de este tipo y un asesor del ex Director (S) del SENAME señaló que se quería perseguir la protesta social, la conversación se cerró ahí.
Afortunadamente esa no es la actitud de hoy pero refleja la falta de visión estratégica en este tema.
Tenemos grupos anarquistas que tienen vías de acción directas que implican desconocer la presencia o existencia de cualquier autoridad, utilizando la violencia como mecanismo de acción política, que incluyen agresión a profesores y la fuerza pública. La gran paradoja es que aquellos que dicen querer a la educación pública, la están destruyendo, y los adultos que hacen funcionar las instituciones no han tenido una capacidad de respuesta adecuada al problema.
La crisis de autoridad en la educación
El fenómeno de la violencia no está solamente circunscrito a los overoles blancos, tenemos un mega problema. Según cifras de la Superintendencia de Educación las denuncias por maltrato entre estudiantes aumentaron un 38% el año 2022. Según la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, Chile estaría dentro de los treinta primeros lugares de Bullying del mundo: en el lugar número 22 con 28.500 casos. Esto quiere decir que entre 2020 y 2022 la violencia física y psicológica aumentó en un 40% tanto en colegios públicos como privados.
La violencia en los establecimientos de educación y su relación con la crisis del concepto de autoridad debe ser parte de la discusión pública.
Esta crisis de la autoridad se expresa en una oposición a todo tipo de autoridad, pero también en una falta de apoyo real a los docentes, que solo refleja una falta de apoyo institucional. Esta ambivalencia socava las bases de la educación. La autoridad y las instituciones son necesarias para la vida social, porque ponen límites a las pulsiones de los seres humanos y particularmente, en esta caso, el ímpetu juvenil.
En esta línea la psicóloga e investigadora del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Kathya Araujo, ha tratado ampliamente el fenómeno de crisis en que se encuentra el concepto de autoridad en su libro “El miedo a los subordinados” Una teoría de la autoridad; por cuanto esta es percibida como una potestad que solo se ejecuta mediante la fuerza o a través de la dominación.
Al mismo tiempo, estamos vivenciando esta narrativa del deseo fluido de los jóvenes, que ve la violencia como un mecanismo legítimo para resolver conflictos o demandas sociales, con una producción ideológica del odio. La sociedad debe sentar sus bases en la colaboración social, en la confianza, porque vivir en comunidad es un acto de respeto propio y mutuo.
Esto está pasando en un contexto de anomia, que tiene una dimensión estructural de integración de los subsistemas y al mismo tiempo una falta clara de orientación normativa, como rasgo de las sociedades modernas donde existe una aguda diferenciación social. La violencia en los establecimientos de educación y su relación con la crisis del concepto de autoridad es un problema que necesita una solución integral.
¿Cómo salimos de esta crisis?
El principio de la solución es la educación. En la década de los sesenta, Alemania Federal se vio envuelta en varios episodios de violencia política estudiantil que implicó un acuerdo de la DCU alemana y los socialdemócratas para fortalecer la educación y la prevención.
Lamentablemente, la educación cívica fue eliminada de la malla curricular y posteriormente se aprueba la ley 20911 que crea el plan de formación ciudadana para establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Sin embargo creo que es necesario reformar esta ley por cuanto no está dando frutos. Un plan que no contempla un sistema para evaluar su impacto, ni articulación con otras políticas públicas, con objetivos muy generales y poco claros, carece de fuerza.
Hoy necesitamos un modelo de educación cívica orientado en la formación para vivir en sociedad, en la formación de valores cívicos y pensamiento crítico que debe tener todo ciudadano que conoce sus derechos, pero también sus responsabilidades y obligaciones, un modelo que no se sustenta en principios básicos morales y éticos no tiene destino. Porque hoy por hoy estamos en presencia de un fenómeno donde los adolescentes están siendo bombardeados por una modernidad anclada en el mercado y el consumo. Dime cuanto tienes y te diré cuanto vales, donde la actividad en redes sociales determina la existencia. El consumo masivo ha generado cambios significativos estructurales y simbólicos, existen ciertos paralelismos entre consumismo y ciudadanía que es importante considerar en el análisis.
Responsabilidad penal adolescente y la reinserción social
Se requiere una solución integral desde lo socioeducativo. Los establecimientos educacionales deben aplicar los reglamentos de convivencia escolar y, en caso de ser necesario, recurrir a la Ley Aula Segura si la situación escala, o a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, si corresponde. En cualquiera de estos escenarios, es fundamental que los adolescentes asuman la responsabilidad por sus actos, siempre considerando el enfoque del interés superior del adolescente, con el objetivo de reinsertar, educar y evitar la estigmatización.
Sin embargo, bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los agresores queden en la impunidad o permanezcan en la misma comunidad escolar cuando el caso sea grave. Para abordar este problema, ya existen criterios establecidos que incluyen el acompañamiento psicosocial; lo que falta es aplicarlos de forma integral. Asimismo, la mediación penal juvenil debe ser una herramienta clave para facilitar acuerdos y garantizar que la responsabilidad del infractor sea efectiva.
Cuando hablamos de responsabilidad penal adolescente debemos pensar en la reinserción de los jóvenes. La ciencia entendió que el cerebro de un joven no termina de desarrollarse hasta pasados los 25 años, porque el lóbulo frontal no está del todo desarrollado y eso los hace ser impulsivos e irreflexivos. Por eso el legislador dispuso aplicar un estatuto penal diferenciado para los mayores de 14 y menores de 18 años. Se deben encontrar respuestas integrales, socio-educativas a este fenómeno juvenil, y penales para los adultos implicados.
Es lamentable comprobar que en la instalación del nuevo sistema nacional de reinserción social juvenil no están considerados protocolos para trabajar con los infractores de ley, ni aquella asociada a la delincuencia común, ni crimen organizado, ni menos aquella que tiene ribetes políticos, las cuales además requieren programas distintos y segmentación para evitar contaminación criminógena.
Es fundamental que se arme una mesa intersectorial (apliquemos la ley de garantías Art 21) para encontrar soluciones a la violencia que hoy tiene a la educación pública por el suelo. Educar es convertir a un ser humano en persona, es una tarea artesanal que en este contexto requiere un esfuerzo colectivo para evitar que el odio termine destruyendo el derecho de la mayoría a recibir educación.
