Enviando corrección, espere un momento...
El Poder Judicial no ha estado ajeno a la creciente desconfianza ciudadana en las instituciones. De hecho, nuestro sistema de justicia enfrenta una de sus crisis más profundas.
Por esa razón, quienes integramos la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) evaluamos positivamente la decisión del Ejecutivo de realizar cambios al sistema de nombramientos judiciales, sin duda, uno de los elementos que estuvo en el debate público durante 2024.
Sin embargo, la propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso, y que se discute por estos días, está lejos de generar transversalidad y de satisfacer los estándares que, como Asociación, esperamos para un sistema acorde con un Estado Constitucional de Derecho, según los distintos acuerdos y análisis que, desde hace años, hemos planteado en diferentes instancias.
Por qué el proyecto del ejecutivo no es el más adecuado
Estamos de acuerdo en la necesidad de un cambio profundo al sistema de nombramientos, pero pensamos que el proyecto no es el más adecuado, porque a juicio de la ANMM, mantiene intactas las bases que han permitido la captura política, la falta de transparencia y la escasa rendición de cuentas en el sistema judicial.
Un ejemplo de esto es la creación del Consejo de Nombramientos Judicial, que creemos, es más bien un Consejo de Selección —por el rol que cumple— y además la creación de un ente de gestión administrativa. Esta propuesta, aunque positiva en teoría, no garantiza una mayor independencia ni una mejora en el desempeño del Poder Judicial.
Los mecanismos propuestos para la integración del Consejo de Nombramientos —una mayoría de miembros del Poder Judicial elegidos por sorteo— no resuelven el problema de los círculos cerrados ni la posibilidad de influencias corporativas. El riesgo que las mismas lógicas de poder y la protección de intereses continúen prevaleciendo, sigue latente.
El proyecto busca además hacerse cargo de una demanda histórica: el énfasis en los concursos y la evaluación por mérito. Sin embargo, la propuesta carece de mecanismos claros para garantizar que estos concursos realmente privilegien la competencia y la transparencia. En la práctica, los concursos públicos en el ámbito judicial han demostrado ser vulnerables a la influencia de redes informales, favores políticos y criterios discrecionales disfrazados de evaluaciones técnicas. La falta de un órgano externo e independiente que supervise este tipo de procesos deja abierto un flanco crítico.
Nombramientos judiciales: Una reforma que deja intactos los problemas de fondo
Finalmente, otorgar un rol más protagónico a la Fiscalía Judicial en la supervisión de jueces y funcionarios no asegura mayor independencia ni eficacia. Históricamente, los órganos internos de fiscalización han mostrado ser insuficientes para enfrentar irregularidades y faltas éticas graves al interior del Poder Judicial.
Si bien es positivo eliminar la figura de los abogados integrantes para reducir conflictos de interés, la propuesta no profundiza en mecanismos efectivos para garantizar una fiscalización autónoma, transparente y con resultados vinculantes.
En conclusión, aunque la reforma intenta ajustar algunos engranajes institucionales, no enfrenta el problema más estructural: la cultura de privilegio, el corporativismo y la opacidad que ha caracterizado al sistema judicial por décadas.
Sin un cambio profundo en la forma en que se concibe el ejercicio del Poder Judicial, sin mecanismos externos de control y una transformación real de la cultura institucional, esta reforma corre el riesgo de convertirse en un cambio cosmético que perpetúe las mismas falencias que busca corregir.
