Desde la implementación de la ley vigente en 1984, hemos visto cómo su ineficiencia ha impedido condenas significativas por terrorismo en las últimas décadas. Hoy, Chile ocupa el lugar 17 en el índice global de terrorismo, una realidad que no podemos seguir ignorando. Las acciones de grupos radicales que queman camiones, destruyen iglesias, toman caminos e infunden miedo entre comunidades enteras no pueden seguir siendo catalogadas como simples actos de “violencia rural”.
Esta nueva ley viene a modernizar nuestro ordenamiento jurídico en varios aspectos clave. Se incorporan delitos graves como secuestro, tortura y homicidio con carácter terrorista, así como el financiamiento ilícito de organizaciones radicales y la incitación a cometer estos delitos a través de redes sociales. Además, la ley facilita herramientas investigativas más robustas, como la intervención de comunicaciones, indispensables para enfrentar grupos que, incluso desde cárceles, continúan operando.
Ley antiterrorista: mucho más que un tema jurídico
Pero la norma no se limita a la persecución. La creación de una Estrategia Nacional de Prevención y Combate al Terrorismo es uno de los logros más relevantes. No podemos seguir reaccionando tarde, después de que ocurran los atentados. El terrorismo debe anticiparse y desarticularse mediante inteligencia y coordinación eficiente entre todas las instituciones del Estado.
Para quienes vivimos en La Araucanía, esta ley no es solo un tema jurídico. Es la posibilidad de recuperar la paz y la esperanza para familias campesinas, trabajadores y pequeños emprendedores que han sido víctimas de actos terroristas por décadas.
La reciente declaración de grupos como la WAM, que públicamente reconocen su violencia y justifican sus objetivos separatistas, es una prueba más de que enfrentamos una guerrilla organizada que busca apropiarse del territorio mediante el miedo y las armas.
Este desafío no termina con una ley
Se requiere también avanzar en Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), una Ley de Inteligencia eficiente y un programa de reparación integral para las víctimas del terrorismo. Además, debemos garantizar que jueces y fiscales puedan actuar con independencia y seguridad, incluso trasladando causas fuera de la región, cuando sea necesario.
Como país, debemos asumir esta realidad con claridad. El terrorismo existe, está presente y golpea con fuerza a regiones enteras, con consecuencias económicas y humanas devastadoras. La nueva Ley Antiterrorista no es una solución mágica, pero sí es un gran paso adelante para enfrentar este desafío y devolverles a los chilenos la seguridad y la tranquilidad que merecen.
Es momento de actuar con decisión, sin cegueras ideológicas y con un objetivo común: proteger la democracia, el Estado de Derecho y la vida de todos quienes habitamos este país.