En octubre de 2023 el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca regular la prevención de incendios forestales y rurales. Aunque este fue aprobado en marzo por el pleno de la Cámara de Diputados (y se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional, donde el gobierno le ha puesto suma urgencia una y otra vez), el Senado aún no le ha dado la prioridad que esta normativa necesita.

Es triste constatar, una vez más, que muchos de nuestros parlamentarios parecen olvidar que nuestro país es particularmente vulnerable a la crisis climática, y que este tipo de siniestros representa una amenaza casi segura para gran parte de la población del país, particularmente, para las personas que habitan entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía, desde que comienzan las temperaturas estivales.

Cuesta entender que habiendo sido testigos de los feroces incendios que se han registrado los últimos años en Chile -considerando, por ejemplo, que aquellos de 2017 marcaron un antes y un después en la escala en que los medimos. O que el incendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de este año fue uno de los que más víctimas fatales ha tenido en nuestra historia reciente- los senadores prioricen atrincherarse en discusiones ideológicas en vez de poner el centro de sus discusiones al 80% de los ciudadanos del país, que habitan las ya mencionadas regiones, que cada año están más expuestas a estas catástrofes.

Políticas públicas a la altura de las circunstancias

El desarrollo inmobiliario, que ha arrasado con ecosistemas completos cuya función era preservar la vida de diversas especies e, incluso, de las ciudades cercanas a ellos; la pérdida de bosque nativo, producto de la expansión de las industrias agrícola y forestal; la grave crisis hídrica que afecta a la mayor parte de los territorios del país, que no se soluciona con uno o dos años de lluvias normales; y la crisis climática, con temperaturas cada vez más altas que empujan la ocurrencia de diversos eventos meteorológicos extremos, son en parte responsables de esta situación. Pero uno de los principales protagonistas es, también, la falta de políticas públicas a la altura de las circunstancias.

Es por ello que necesitamos con urgencia una ley que regule estas materias: que brinde nuevas herramientas para prevenir y, por cierto, combatir los incendios. Que genere nuevas institucionalidades para ello y robustezca las existentes. Que sancione severamente a sus responsables. Que proteja de manera efectiva las zonas de interfaz urbano-rural, que son las que revisten mayor riesgo en materia de ocurrencia de incendios forestales, y que incorpore zonas de amortiguación que eviten su rápida propagación y permitan controlarlos.

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Es cierto que la discusión no es simple. Es cierto que hay materias que se deben abordar con dedicación -como el financiamiento de estas medidas- y que la normativa es aún perfectible, ya que no es suficiente abordar solo la prevención. Es también necesario contemplar medidas para la restauración de territorios siniestrados, pero es imperativo poder avanzar hoy con una ley que comience a hacerse cargo de uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país cada año.

Esperamos que los senadores pongan a Chile y sus habitantes en primer lugar y avancen en destrabar la discusión de este proyecto de ley a la brevedad.

También hacemos un llamado a los alcaldes y alcaldesas -y sus concejos municipales- que recientemente han asumido un nuevo periodo edilicio, para actualizar sus planes reguladores y trabajar -si aún no lo han hecho- sus planes locales de cambio climático.

Lamentablemente, ya es tarde para enfrentar los desafíos que nos traerá esta temporada estival, pero debemos avanzar cuanto antes en prevenir y buscar las soluciones que necesitan los territorios y sus comunidades para ser más resilientes frente a la crisis climática.