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La Amazonía está más cerca de Chile de lo que imaginamos, y con ella, también lo está el crimen organizado.
La Amazonía es el pulmón de nuestro planeta, un regulador natural que alberga secretos inimaginables dentro su biodiversidad única. En sus 7 millones de kilómetros cuadrados que se extienden por nueve países, se absorben y transforman miles de millones de toneladas de dióxido de carbono para liberar oxígeno, los llamados “ríos voladores” generados por la evapotranspiración transportan humedad a gran parte de Sudamérica influyendo en las precipitaciones de países como Chile.
Ecocidio criminal
Desde hace años, y de manera sostenida e invisibilizada, la Amazonía se ha convertido también en un ecosistema perverso donde prolifera el crimen organizado, fertilizado por la corrupción y el desinterés social. Hoy, es el epicentro de un ecocidio criminal que afecta a poblaciones extremadamente vulnerables.
La producción de cocaína, la deforestación, la explotación sexual, los desplazamientos forzados y la adicción están destruyendo los equilibrios de comunidades y pueblos indígenas, tanto en aislamiento voluntario como aquellos en contacto inicial.
En 2022, la Amazonía fue escenario del 29% de los asesinatos de defensores ambientales a nivel mundial, con Colombia y Brasil como los países más peligrosos para esta labor. La violencia en la región supera las tasas promedio de homicidios en América Latina, con un incremento notable desde 2016 debido a la expansión de grupos criminales.
La minería ilegal del oro, contamina los ríos con mercurio, envenenando tanto a las comunidades locales como a la biodiversidad. Diversos proyectos de infraestructura se han vuelto funcionales para potenciar las economías ilícitas que han elegido a la Amazonía como su centro de operaciones globales, donde se extrae una buena parte del oro mundial y se genera toda la producción global de cocaína.
Las advertencias
Gran parte de la información que alerta sobre esta crisis proviene del esfuerzo investigativo realizado por hombres y mujeres comprometidos, quienes integran observatorios, fundaciones y centros de estudios. A ellos se suman valientes periodistas que recopilan testimonios gráficos y de las comunidades, enfrentando constantes amenazas, intimidaciones, secuestros e incluso asesinatos.
Estas labores, por lo general, se desarrollan con escaso apoyo estatal y un financiamiento limitado, logrado únicamente gracias al extraordinario compromiso y la admirable tenacidad de sus integrantes.
Informes recientes, como el reporte “Fronteras Ilícitas” del investigador Gabriel Funari realizado por Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), presentan advertencias dolorosas.
El estudio ejecutado en terreno demuestra la brutal gobernanza criminal transfronteriza en las ciudades gemelas de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil), ubicadas en la triple frontera amazónica, con tasas de homicidios alarmantemente altas. En Tabatinga, la tasa fue de 95.9 por cada 100,000 habitantes en 2023, mientras que Leticia registró 31.4; una cifra que, aunque menor, la posiciona entre las ciudades más violentas de Colombia.
Otro interesante estudio realizado por la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Perú (FCDS) destaca cómo la construcción de infraestructura sin regulación en la región puede facilitar los intereses económicos criminales e ignorar el impacto sobre las comunidades afectadas.
Señala cinco iniciativas viales en la Amazonía peruana que fortalecerían la logística del narcotráfico y la minería ilegal, impactando directamente a al menos cuatro países. Aunque los actores criminales no necesitan carreteras para asentarse y expandirse, una vez construidas, las utilizan para reforzar las cadenas logísticas del crimen organizado.
Control de tierras para la propia gobernanza
Pero, no es solo eso, en la Amazonía, las carreteras suelen provocar una ocupación desordenada del territorio y deforestación, ampliando su impacto hasta 10 kilómetros alrededor de las vías.
El caso de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) es particularmente impactante, son comunidades vulnerables que enfrentan la violencia y amenazas de organizaciones criminales que buscan controlar tierras para el cultivo de coca, minería ilegal y tala. La ausencia estatal permite que estos grupos impongan su propia gobernanza, afectando la vida y los derechos de estas comunidades.
El Estado peruano ha reconocido oficialmente a 25 pueblos indígenas en esta situación cuya supervivencia está en peligro debido a la expansión de mercados ilegales.
Según informes de DEVIDA de 2023, solo en Perú, la superficie cultivada con hoja de coca destinada al narcotráfico creció un 76% entre 2018 y 2022, alcanzando 95,000 hectáreas, mientras la minería ilegal sigue devastando la cuenca amazónica; el 45% del oro exportado desde Perú tiene un origen informal o ilegal según un informe de la UIF del 2024, en el sureño departamento de Madre de Dios por ejemplo, el 90% de las operaciones mineras son informales o ilegales; sólo entre 2021 y 2022 se perdieron más de 18,421 hectáreas de bosque amazónico debido a esta actividad—el equivalente a 23,000 estadios de fútbol.
Violencia, crimen y deforestación
La Amazonía se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de cocaína y otros recursos naturales. Los grupos criminales operan rutas fluviales y aéreas para mover drogas y contrabando, generando una economía subterránea que alimenta tanto la violencia como la deforestación, generando impactos como el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas o la trata de personas para explotación sexual, perpetuando un ciclo de explotación y violencia.
La ausencia estatal en muchas áreas permite que las organizaciones criminales prosperen. Normalmente, las respuestas gubernamentales son esporádicas, reaccionarias y poco efectivas, centrada mayormente en lógicas de represión y militarización, por lo que para muchas comunidades el Estado es una solución peor que la enfermedad, ya que no aborda las raíces del problema ni fortalecen los derechos ni las economías locales. Las comunidades quedan atrapadas entre la violencia del crimen organizado y la falta de apoyo estatal.
El crimen organizado es un virus que no conoce fronteras y está infectando nuestro único pulmón, la Amazonía, asfixiando comunidades y perpetrando un ecocidio ante los ojos de una generación que será responsable de las consecuencias de su inacción.
Chile no está ni debe permanecer ajeno a esta problemática: una cantidad significativa de precursores químicos y mercurio, utilizados en actividades ilícitas en la Amazonía peruana y boliviana, ingresan por nuestras fronteras. Además, parte del oro ilegal extraído a costa de contaminar la cuenca amazónica entra a nuestro país para ser blanqueado en origen, mientras que especies silvestres protegidas son traficadas para abastecer una creciente demanda interna.
La Amazonía está más cerca de Chile de lo que imaginamos, y con ella, también lo está el crimen organizado.
