El reciente caso que involucra a la diputada Maite Orsini ha vuelto a encender el debate sobre la necesidad de reformar el funcionamiento de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Como autora de un proyecto de ley que busca externalizar esta instancia, considero imperativo que revisemos cómo se está revisando y sancionando la conducta de los parlamentarios en Chile.

¿Por qué externalizar la comisión de Ética?

Externalizar la Comisión de Ética es una idea resistida por algunos diputados, pero es cada vez más necesaria. No deben ser los propios parlamentarios quienes juzguen la conducta ética de sus pares. La naturaleza misma del trabajo legislativo, inmersa en la discusión política cotidiana, contamina los juicios que deberían ceñirse estrictamente al accionar ético.

Factores como el color político, la afinidad personal y la coyuntura noticiosa del momento, inciden en estas decisiones, restándoles imparcialidad.

El problema de fondo no es nuevo. Por ejemplo, hemos visto cómo algunos diputados se negaron a someterse al test de drogas acordado en nuestro reglamento interno, y hasta ahora no recibieron sanción alguna. Incluso el expresidente de la Comisión de Ética dio positivo a dicho test y, más allá de su renuncia voluntaria, no hubo consecuencias significativas.

Este tipo de inconsistencias genera un clima de desconfianza hacia las instituciones y sus procesos internos, siendo el Congreso una de las corporaciones más desacreditadas frente a la ciudadanía.

El proyecto de ley

En el pasado, la Comisión ha emitido sanciones bastante cuestionables, como el caso de un diputado que resultó multado por sus declaraciones sobre el 11 de septiembre 1973. Si bien este tema despierta justificado fervor de lado y lado, debemos recordar que el ejercicio de la libertad de expresión está garantizado por nuestra constitución y representa el espíritu democrático de la cámara de diputados.

Las sanciones en temas éticos no deberían ser determinadas por posiciones políticas o por la composición partidista del ente escrutador.

El proyecto de ley que presenté el año pasado, y que hasta aquí lamentablemente no ha encontrado la suficiente voluntad política para ser tramitado, propone la creación de un Comité de Ética y Transparencia Parlamentaria compuesto por siete comisionados externos. Entre ellos, un ex Contralor General de la República, un ex Consejero del Consejo de Defensa del Estado, un ex Consejero del Consejo para la Transparencia y un ex Rector de una universidad del Consejo de Rectores, entre otros perfiles con alta trayectoria y credibilidad.

Este nuevo organismo aseguraría que los procesos investigativos y sancionatorios sean justos, imparciales y desvinculados de los intereses partidistas y personales que eventualmente pudiera tener un diputado respecto a otro.

Creo firmemente que los procesos de fiscalización y control deben llevarse a cabo entre organismos diferentes. No creo estar en posición de juzgar institucionalmente la conducta de una colega, por más formada que esté mi opinión sobre su accionar.

Por esta razón y para avanzar en mejoras en transparencia y probidad en el actuar de las instituciones públicas, también presentaré un proyecto complementario para que los sumarios administrativos en el sector público sean realizados por organismos distintos a aquellos donde ocurrieron los hechos investigados.

El caso de Maite Orsini no solo es un llamado a la reflexión sobre la conducta particular de los parlamentarios, sino también una oportunidad para fortalecer nuestras instituciones. Externalizar la Comisión de Ética no es solo una propuesta innovadora, sino una necesidad para comenzar a recuperar la confianza ciudadana en el Congreso, y a su vez, para garantizar que la ética parlamentaria sea evaluada de manera justa y transparente.