En el 2024 se cumplen siete años de la promulgación de la ley que despenalizó el aborto en tres causales. Un derecho que nos ganamos a pulso, después de muchas batallas y, sobre todo, gracias al trabajo de miles de mujeres a lo largo de todo Chile que levantaron su voz. Derecho que no estamos dispuestas a perder.

La llamada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, conocida como Ley IVE, ha sido acompañada por otro tipo de medidas que van en apoyo de las mujeres, adolescentes y niñas que optan por este procedimiento.

Es importante destacar que este Gobierno incorporó las agresiones sexuales agudas a las prestaciones del GES, garantizando el acceso a una atención oportuna e integral de salud. Tras la implementación de esta medida, se duplicó la interrupción del embarazo por la causal de violación, lo que nos muestra que las pacientes que reciben ayuda médica pertinente, pueden decidir interrumpir o no su embarazo tras un acto de violencia sexual.

Aborto en 3 causales: un derecho obstaculizado por los objetores de conciencia

Sin embargo, este derecho no siempre está disponible para todas. Pese a ser una garantía de salud, aún existen casos en Chile en que mujeres, o incluso niñas violadas, no pueden acceder a esta prestación de salud porque los hospitales tienen solo médicos objetores de conciencia, como es el caso de cinco hospitales públicos, según el Informe de Corporación Humanas sobre la Objeción de Conciencia en Chile 2023.

Mejorar el acceso y la aplicación de la ley de despenalización es necesario. Por ello, el Gobierno modificó el actual reglamento de la ley para garantizar este derecho, evitando que las mujeres, adolescentes y niñas tengan que deambular entre centros de salud o, incluso, moverse de ciudad o región para acceder a una atención oportuna.

Las modificaciones ingresaron hace meses a la Contraloría, pero su toma de razón aún está pendiente.

Apenas ingresó, el nuevo reglamento ha sido torpedeado por exministros de la oposición, parlamentarios de las derechas e incluso la Conferencia Episcopal, que presentó una solicitud para declarar inconstitucional e ilegal esta norma. Además, un abogado republicano presentó un recurso de protección para frenarlo.

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La derecha insiste en hacernos retroceder

Así, vemos como nuevamente la derecha no pierde ninguna oportunidad para hacernos retroceder en derechos tan anhelados para las mujeres. Lo hicieron al votar en contra la Ley IVE, después al llevarla al Tribunal Constitucional e, incluso, en el proyecto constitucional que nos ofrecieron en el último proceso.

Hoy nos preguntamos qué le dice la derecha a las 5.370 mujeres, adolescentes y niñas que han acudido a los centros de salud para acogerse a alguna de las causales. A las 354 niñas y adolescentes que se han acogido a la causal de violación.

¿Les decimos que no es legítimo abortar en las causales que hoy permite nuestra regulación? ¿Que una niña violada debe convertirse en madre?
¿Que el derecho a planificar su vida no debería existir?

Es que la derecha tiene que entender que el aborto es un tema de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que debe ser garantizado por el Estado. También que las mejoras al reglamento es para informar a las mujeres, adolescentes y niñas las opciones que tienen, que puedan tener una atención oportuna, que sabemos que es clave en las situaciones límites en que es legal.

Esperamos que esta vez no nos hagan retroceder y logremos fortalecer esta ley, que la mayoría de chilenos y chilenas respaldan.