Infancia: el transantiago de la protección social

Hace unos días, Chile fue sacudido por la noticia de un acto brutal en un establecimiento educacional: dos púberes habrían empalado a un compañero, dejándolo gravemente herido, tanto física como psicológicamente. La víctima, el niño de 10 años con condición TEA, sufrió graves lesiones al caer sobre una barra de fierro en la Escuela Cervantes Básica de Santiago.

La madre del menor denunció que fue empujado por compañeros en un acto de matonaje (habitualmente conocido como bullying), mientras que el colegio lo catalogó como un “accidente escolar”, señalando que la herida era en el glúteo en el contexto de una caída jugando fútbol, aunque el informe médico señala que la herida fue recto-uretral por empalamiento.

Chile y su retroceso en la protección infantil

La violencia entre niños y adolescentes es solo una parte del problema. La crisis de la infancia en Chile no se corresponde con los avances en el nivel de desarrollo de Chile. Para decirlo en simple, no es coherente el avance del país con el retroceso en protección de la infancia.

La relación entre el ingreso per cápita y la mejora en las condiciones de la infancia vulnerada está ampliamente documentada a nivel internacional. Sin embargo, Chile presenta un caso de saldo negativo, con algunos avances, pero con deficiencias estructurales que no han sido abordadas adecuadamente.

Según UNICEF, los países con mayor inversión en políticas de infancia, proporcional a su PIB, tienden a reportar menos casos de vulnerabilidad. Por ejemplo, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se observa que los países con gasto público infantil superior al 3% del PIB muestran mejores indicadores en mortalidad infantil, educación y protección social.

Vale preguntarse, ¿es normal el caso chileno?

Chile ha experimentado un crecimiento económico sostenido en las últimas décadas, con un ingreso per cápita que supera los $17.000 USD anuales (ajustado por paridad de poder adquisitivo). Sin embargo, esto no se ha traducido en mejoras sustanciales en los indicadores de protección de la infancia. Según la UNICEF, en Chile persisten altas tasas de pobreza infantil (alrededor del 20%) y la inversión en la infancia sigue siendo baja en comparación con otros países de la OCDE.

Pero hay más.

Chile registra tasas preocupantes de abuso y negligencia infantil. Según el Ministerio de Desarrollo Social, más de 100.000 niños y adolescentes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad severa. Estos datos muestran que el país no ha logrado un nivel de inversión proporcional al crecimiento del PIB para abordar las causas estructurales de la vulnerabilidad.

En América Latina, Chile tiene indicadores económicos mejores que países como México o Brasil, pero sus problemas en la protección infantil son similares. Esto apunta a una desconexión entre su desarrollo económico y el fortalecimiento de las políticas públicas para la infancia.

Menos del 1% del PIB a la protección infantil

Hay factores estructurales. Las tesis que sustentan la perspectiva de los programas focalizados suponen necesariamente abandonar una mirada compleja de cada fenómeno. Y la problemática de la vulneración de la infancia es un caso de altísima complejidad.

Para colmo, luego de largos años, la discusión para reducir la desigualdad se puede dar por abortada o, en el mejor de los casos, resuelta en el marco de una mediocridad y un silencio cómplice. Mientras tanto, los niños de los quintiles más bajos experimentan tasas desproporcionadamente altas de desnutrición, deserción escolar y violencia intrafamiliar.

Por lo demás, los fríos números son claros: según el Banco Mundial, Chile destina menos del 1% de su PIB a programas dirigidos a la protección infantil, una cifra muy inferior al promedio de los países desarrollados.

Estos datos son alarmantes, pero la casuística es peor.

Un informe de la PDI (2017) señaló que, luego de indagar en 240 hogares de menores, se constató que en el 100% de los centros administrados por el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tenían connotación sexual. Este informe fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018, pero no se hizo público de inmediato.

Hace algunos años, la Fiscalía Regional de Los Lagos investigó 347 fallecimientos de niños, niñas y adolescentes en programas del SENAME durante ese período. De estas investigaciones, solo se lograron cuatro condenas.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Lissette Villa, una niña de 11 años que falleció en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino. Su muerte evidenció las graves deficiencias en la atención y protección de menores en estos centros.

Para colmo, se han reportado casos en los que menores bajo la tutela del SENAME fueron víctimas de explotación sexual, a veces con la complicidad o negligencia de funcionarios. Estas situaciones han sido objeto de investigaciones judiciales y mediáticas.

Infancia vulnerada: de SENAME a Mejor Niñez

¿Las soluciones? Bueno, a veces se parecen a un problema. Se ha detectado sobremedicación y control inadecuado en el uso excesivo de psicofármacos. De hecho, hay testimonios de profesionales que trabajan en centros del SENAME que indican que se administran altas dosis de antidepresivos, antipsicóticos y tranquilizantes a los menores, a menudo sin un diagnóstico adecuado, con el fin de controlar su comportamiento.

Son décadas en las que podemos vislumbrar que las instituciones encargadas de proteger a los niños han mostrado ineficiencias alarmantes. Desde la crisis del antiguo SENAME hasta los problemas persistentes en Mejor Niñez, hemos sido testigos de abusos, negligencias y desprotección en centros que deberían ser espacios seguros.

Muchos niños vulnerados pasan años en entornos familiares insostenibles, enfrentando abusos, desnutrición y falta de estímulos cognitivos. Es habitual ver casos en que las alarmas fueron constantes, pero ‘el sistema’ (decisiones de instituciones de gobierno, médicos en los hospitales, jueces, entre otros) no reacciona. Lo que cuento son casos reales.

– ¿tiene sentido que un bebé en edad de lactancia llegue desnutrido y deshidratado y que, sin embargo, no se reporte el problema? ¿Y tiene sentido que numerosos accidentes de niños en una familia no despierten preocupación?

– ¿tiene sentido que, a padres que les han quitado dos o tres hijos con anterioridad por abusos, se les permita volver a intentarlo con un nuevo bebé? ¿Hay que esperar a que sea vulnerado?

– ¿tiene sentido que un par de visitas de parientes a un bebé en un centro de Mejor Niñez sea suficiente para que no sea susceptible de adopción?

Decisiones como estas hay muchas. En todas ellas se reproduce un patrón: respuesta tardía con instrumentos modestísimos y con foco equivocado por parte de la institución principal (hoy Mejor Niñez), que parece estar más preocupada de ratificar sus convicciones que de resolver problemas.

Apoyo especializado no disponible

Pero el asunto va más lejos. Cuando finalmente se toma la decisión de separar a las niñas, niños y adolescentes de esos ambientes familiares abusivos, el Estado no asegura el soporte integral que necesitan. La ausencia de un enfoque que combine apoyo psicológico, terapia ocupacional y refuerzo educativo perpetúa el daño, consolidando desigualdades insuperables.

Chile ha tomado decisiones estructurales para enfrentar otros problemas graves, como la creación del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, no hemos visto el mismo nivel de compromiso organizacional para abordar la infancia vulnerada. La inversión en programas de intervención es mínima, y el enfoque estatal se queda corto en prevenir y mitigar los daños.

Un niño que crece en un entorno violento o negligente no solo acumula “carencias” (como se dice comúnmente); también incorpora patrones disfuncionales que no desaparecerán por sí solos. Muchas veces se piensa que los niños vulnerados saldrán de allí con amor y disciplina. Por cierto, son variables importantes y difíciles de encontrar, pero la verdad es muchísimo más dura. Los niños vulnerados necesitan apoyo especializado que no está disponible hoy. Algunas estadísticas nos ayudarán a manejar mejor la dimensión del problema:

Total de NNA vulnerados: Según datos del Servicio Nacional de Menores (SENAME), hasta el 30 de septiembre de 2021, se atendieron 165.468 NNA en el área de protección de derechos.
NNA en centros residenciales: De este total, 7.284 NNA (aproximadamente el 4,4%) fueron internados en residencias del SENAME u organismos colaboradores.
NNA en familias de acogida: 9.427 NNA (alrededor del 5,7%) fueron ubicados en cuidado alternativo con familias de acogida.

Distribución por edades

Menores de 14 años: Representan el 70,2% de las víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves.

Adolescentes entre 14 y 17 años: Constituyen el 29,8% de las víctimas de estos delitos.

Costos de rehabilitación

La rehabilitación de NNA vulnerados implica costos significativos debido a la necesidad de intervenciones multidisciplinarias que incluyen psicología, terapia ocupacional y apoyo educativo. Aunque no se dispone de cifras exactas, se reconoce que los recursos actuales en Chile son insuficientes para cubrir estas necesidades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, en muchos países de ingresos bajos y medianos, más del 50% de las personas no reciben los servicios de rehabilitación que necesitan.

Con mi esposa hemos sido partícipes activos de algunos de los procesos de apoyo al sistema. Hemos sido familia de acogida y luego solicitamos el cuidado personal de la niña porque el proyecto de salida del programa de acogida fracasó (la persona que hizo el proceso desistió a días de su ida al nuevo hogar) y nos informaron que tendría que irse a alguno de los recintos del sistema, hasta que lograra ser adoptada.

Por entonces llevaba dos años con nosotros y consideramos impropio no otorgarle la opción de quedarse en la que ya era su casa y familia porque eso vulneraba los estándares del SENAME. Es habitual que la institución gaste energías en asuntos no críticos o incluso en cuestionar soluciones, en vez de resolver la enorme magnitud de problemas que requieren su acción urgente. La mayor parte de los niños pasan más tiempo del que debieran en un lugar donde solo pueden recibir daño. Y cuando salen de allí, no están todas las condiciones para que ese daño se minimice lo más rápido posible.

Un niño que ha estado tres años en un lugar de vulneración de derechos, con desnutrición, sin estímulos cognitivos, es un niño que no sabe cantar, apenas sabe hablar, que porta probablemente lesiones, enfermedades, parásitos y secuelas psicológicas enormes. Un infante en esas condiciones requiere un trabajo diario, lleno de dedicación y amor. Pero no alcanza con eso. Se requiere además la inversión mensual de al menos un psicólogo de gran calidad durante un larguísimo periodo de tiempo.

En estos casos normalmente se requiere un terapeuta ocupacional y probablemente refuerzos educacionales relativamente constantes para ir paliando esos déficits, ojalá ejecutados por una psicopdagoga. Ese apoyo hoy no existe. Y al no existir, se produce un problema. Esos niños avanzarán a paso lento cuando lo que deberán hacer es acortar la distancia que los separa de un niño que ha tenido una infancia normal.

La problemática es mucho peor

En el SENAME, en las charlas, nos referían a la teoría del muro, que señala lo siguiente: Un niño habitualmente a cierta edad tiene un muro lleno de ladrillos, con sus aprendizajes, seguridades, su conciencia del cuidado y amor recibido. Tal vez a muchos niños les faltarán algunos ladrillos y quizás a algunos pocos les falten varios más. Pero a un niño que viene en condición de vulneración, se nos dijo, le faltarían muchos ladrillos.

La verdad es que el problema es mucho peor. A un niño no solo le faltan ladrillos. También le sobran. La problemática es muy compleja. Han aprendido por caminos que son insostenibles socialmente. Sus lógicas, sus dinámicas de acción, sus pulsiones, su lectura de la realidad no tienen nada que ver con la de un niño que ha recibido respeto, estímulo y amor. Respecto a esto, la acción del Estado chileno es marginal. Los niños vulnerados no tienen hoy una estructura de solución clara.

¿Y dónde terminan esos niños? Cuando son pequeños, estaremos todos dispuestos a sentir una profunda tristeza por su condición. Son víctimas, relativamente invisibles, pero víctimas. Cuando pasa el tiempo, muchos de ellos se convertirán en victimarios. Sus rasgos disfuncionales serán útiles, por ejemplo, para el crimen organizado. Los veremos cometiendo atrocidades. Y serán culpables. Y lo serán, sin duda. Pero de las políticas públicas depende que esas personas, de niños no sean víctimas y de mayores no sean victimarios.

Imagínese usted de niño, abandonado, en un centro con decenas o cientos de niños, con un amor que llega a cuentagotas. No ha de ser fácil. Hay algunos (muchos en realidad) que, con un gran esfuerzo personal y con un poco de suerte de los contextos, logran sortear las rutas más ominosas. No completamente, por supuesto. Muchas veces cargarán con muchísimas problemáticas que le otorgarán una condición psicológica compleja.

Pero la infancia vulnerada enfrenta dificultades gigantes. Si salieron a los dos años será distinto que a los cuatro o a los seis. Probablemente un niño que salió del abuso tardíamente tiene mal pronóstico y no es extraño que las familias de acogida vayan renunciando ante la dificultad de la misión. Y ante el fracaso, el sistema no tiene respuesta.

Propongo un camino que me parece bastante obvio: Proporcionar vouchers para servicios como psicología, psicopedagogía y terapia ocupacional de manera constante a los casos más graves de niñas, niños y adolescentes en estado de vulneración. Por cierto, ello requeriría una inversión sustancial. Sin datos específicos sobre los costos unitarios de estas terapias en Chile, es difícil ofrecer una estimación precisa.

Sin embargo, se destaca la necesidad de una política pública que garantice el acceso a estos servicios para todos los NNA que los requieran, considerando que solo el 22,8% de la población con discapacidad ha tenido acceso a algún servicio de rehabilitación. Según mis cálculos, bastante gruesos, con doscientos millones de dólares anuales se podría tener a 25.000 NNA (el total de los casos graves) bajo atención de especialistas, con sesiones semanales de psicología, terapia ocupacional y psicopedagogía.

La política: entre la sanción y la prevención

La discusión política sobre la infancia suele polarizarse: mientras la derecha aboga por un enfoque punitivo, la izquierda insiste en entender las causas de los problemas. La derecha entonces acusa que la izquierda protege a los delincuentes y la izquierda acusa que la derecha no cree en la educación.

La verdad es que, sacando los reproches, ambos bandos tienen razón. Y es que ambas perspectivas son necesarias. Por un lado, las sanciones son indispensables en casos graves. Por otro, no podemos ignorar las causas estructurales que llevan a estos actos.

La sanción y su entorno (el juez, la fiscalía) no deben hacer análisis del origen del problema, sino juzgar los hechos. El rol del sistema judicial es sancionar el acto final, mientras que el poder ejecutivo debe intervenir antes de que estos actos ocurran. Esto requiere un esfuerzo coordinado entre los ministerios de Educación, Seguridad, Desarrollo Social y Justicia.

La agresión que conmocionó al país, con un niño empalado en un colegio, no es un hecho aislado, sino el resultado de un sistema que ha fallado en proteger a su infancia. En este caso está lo peor de nosotros, lo peor de Chile. Sumamos décadas con una infancia vulnerada que no se ha tratado. Y bajo el eslogan ‘los niños primero’ se ha marcado un énfasis nunca hecho real, una promesa incumplida.

Por eso, el ominoso caso de matonaje gravísimo en el Colegio Cervantes no solo debe llamarnos la atención por lo ocurrido, sino además porque nuestra primera reacción sea echarle la culpa a los migrantes, a otro. Hay versiones que dicen que fueron extranjeros, hay quienes dicen que fueron chilenos. Eso se está investigando, pero si creemos que esa discusión es relevante, seguiremos por mal camino.

Este caso nos obliga a mirar hacia adentro y a asumir nuestra responsabilidad y, sobre todo, la responsabilidad de quienes gestionan este tipo de problemas. No podemos seguir permitiendo que niños vulnerados pasen años en entornos que solo perpetúan el daño, ni podemos esperar que la solución venga solo desde las familias o la buena voluntad de algunos.

No hay ningún ámbito de la política pública que se compare a infancia en su fracaso… O sí, el transantiago.