La denuncia por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario Monsalve y la denuncia contra el actual Presidente de la República por difusión de imágenes íntimas sin consentimiento de la presunta víctima, han impactado en la opinión pública, tomándose la agenda mediática, pero dando cuenta también de la fuerza que durante estas décadas ha tenido el movimiento feminista para politizar asuntos que en el pasado fueron excluidos del debate público.
Un problema estructural
La violencia de género, en todas sus formas y expresiones, es un problema estructural en las sociedades en las que las mujeres mantienen el status de subordinadas en relación a los hombres. Se trata de una discriminación que se expresa en todos los ámbitos de nuestras vidas y que a través de la violencia impone un orden social jerarquizado entre los géneros.
La violencia contra las mujeres no distingue entre derechas e izquierdas, entre ricos y pobres, famosos y anónimos. Se funda en una cultura basada en los privilegios masculinos que se articulan en pactos silenciosos e inmemoriales que se expresan en normas y estructuras patriarcales, y en prácticas machistas.
Superar esta situación supone reconocer las relaciones de poder que subyacen en el estado de las cosas y hacerse cargo, removiendo los obstáculos que impiden la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Mujeres y la lucha por la igualdad de derechos
Un elemento fundamental para la incorporación de las necesidades e intereses de las mujeres en el debate político ha sido su participación desde la sociedad civil. Las feministas han promovido la inclusión de las mujeres en las esferas de poder porque estamos conscientes de que, al menos por ahora, es una condición para la inclusión de nuestros temas e intereses en la agenda política.
En este marco, los movimientos feministas han sido fundamentales para visibilizar uno de los aspectos más lacerantes de la cotidianeidad en que nos desenvolvemos: la violencia contra las mujeres. Hemos logrado de manera eficaz aprobar Leyes que la sancionan, que protegen a las víctimas y que instituyen garantías procesales que permiten disminuir las asimetrías de género en el ámbito judicial.
Así, el “Yo te creo” ha sido un recurso político y estratégico que ha sostenido prácticas sororas, dado cuenta de una posición política y situado a las mujeres víctimas con su palabra y agencia como un tema central en la convivencia democrática.
Está lejos de significar que cada vez que haya una denuncia la mujer tendrá la razón y el hombre siempre será culpable. Más bien, refuerza la necesidad del respeto y garantía de los derechos humanos sin discriminación y que el cómo andaba vestida, su historia de relaciones anteriores, sus hábitos, etc., no sean utilizados para mermar su credibilidad o para fundar atenuantes para el eventual agresor.
Así, esta consigna levantada por miles de mujeres en redes y en manifestaciones, en definitiva, ha exigido que se imparta justicia considerando esta realidad estructural, de manera de asegurar que el veredicto final, en su favor o en su contra, sea adoptado con la certeza de que se hizo en un marco que asegure equidad e igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Nada más, pero nada menos.
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