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Esperamos tener el apoyo del Congreso y los distintos actores con interés en el uso del borde costero para mejorar el procedimiento de entrega de concesiones marítimas y rediseñar su institucionalidad.
Todos los años, por esta época, los ministros de Bienes Nacionales nos preparamos con nuestros equipos para fiscalizar el acceso a las playas, que son bienes nacionales de uso público. Pero este año en el Ministerio de Bienes Nacionales acabamos de sumar otra tarea más para mejorar la gestión de las playas y el territorio junto al mar: ingresamos indicaciones al proyecto de ley sobre administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas.
El primer objetivo es acelerar la tramitación de estos permisos y que la administración de las costas, quede a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales.
Por qué es importante que Bienes Nacionales administre las concesiones marítimas
El proyecto de Ley y las indicaciones contemplan elementos para agilizar la tramitación de concesiones marítimas, tales como: plazos establecidos para cada etapa; no solicitar información con la que ya cuenta el Estado y la obligación de solicitar informes a otros organismos en un solo acto, para generar un único informe consolidado.
Pero ¿por qué traspasar la administración de las concesiones marítimas desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales? Para hacernos cargo de un problema que va más allá de la reducción de los tiempos de tramitación y que se arrastra por años.
Más eficiencia
En primer lugar, es necesario recordar que la principal misión del Ministerio de Bienes Nacionales es la correcta administración de los bienes fiscales y nacionales de uso público, lo que incluye a la zona costera, pero que hoy es administrada por la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.
En este sentido, tenemos la convicción de que, concentrar en una sola institución la administración de estos bienes, es más eficiente, evitará la duplicidad de funciones y permitirá reunir el conocimiento, las capacidades y los recursos en una misma cartera, con experiencia histórica en la administración de inmuebles fiscales.
Esto tendrá efectos prácticos, como en el caso de algunos proyectos mineros o de hidrógeno verde, que necesitan una concesión de un predio administrado por Bienes Nacionales y una concesión marítima, otorgada por Defensa. La propuesta de las indicaciones permitiría que las empresas acudan a un único ministerio.
Esperamos tener el apoyo del Congreso
Además, lo óptimo es que la responsabilidad política de la administración del patrimonio fiscal esté a cargo del o la ministra de Bienes Nacionales, quien tiene como tarea resguardar el 54% del territorio nacional y rendir cuentas sobre el uso del suelo fiscal y el destino que se le da en materias productivas, sociales o ambientales.
Esto, a diferencia del Ministerio de Defensa, que debe rendir cuentas sobre la defensa nacional. Optimizar la gestión administrativa en las instituciones permitirá dar un paso adelante en las políticas que beneficien a los chilenos y chilenas.
