Crisis carcelaria en Chile, una bomba de tiempo

Un sistema al borde del colapso

Cualquier sociedad que quiera sostenerse a sí misma, en tanto comunidad política, debe resolver sus propias amenazas de convivencia. A saber, el sistema penitenciario chileno está silenciosamente desbordado, a un paso de un ruidoso colapso. Cualquier política de seguridad que quiera hacerse cargo del futuro y el cuidado, deberá resolver un dilema donde las soluciones populistas poco ofrecen hacia dentro del penal.

Durante los últimos cuatro años la población privada de libertad ha aumentado un 42%, mientras que el número de plazas solo un 4%. Tenemos una capacidad nacional de uso del 135%, con casos emblemáticos en la región de Atacama (195%), Maule (162%) y Valparaíso (144%). Si bien la tasa de ingresos a las cárceles bajó, el uso de la prisión preventiva se duplicó los últimos 10 años, aumentaron las condenas por ley de drogas u homicidios, incrementando los tiempos de reclusión.

Indiscutiblemente, Chile inauguró un nuevo perfil criminológico.

Crisis carcelaria: falta de recursos y el debilitamiento de la función de Gendarmería

No solo se trata de sobrepoblación y hacinamiento, sino que también de gestión y capacidad de control. El Complejo Penitenciario de Valparaíso, en lo alto de Playa Ancha, se construyó hace más de dos décadas, siendo diseñado para 1300 internos. Hoy aloja a más de 3300 reos, en un recinto con 80 celdas, duplicando la cantidad de personas planificadas por celda.

Disponiendo de un médico con 22 horas semanales, una ambulancia sin equipamiento y solo un furgón para traslados, los 35 gendarmes de trato directo para hombres y 11 para mujeres se encuentran absolutamente sobrepasados para cumplir con la razón penal de cualquier imaginario republicano.

Si solo consideramos el problema de disponibilidad de plazas, estamos lejos de asumir la gravedad de la crisis penitenciaria. La cárcel, en tanto símbolo del imperio del derecho, bien podría resumirse en el trágico suicidio de un gendarme en una torre de vigilancia de la cárcel de Valparaíso hace un año, reflejo de un DIPRECA con nula capacidad de contener la salud mental de quienes ejecutan el cumplimiento de la ley.

Si el agente de control debe comprar sus propias botas, portar chalecos antibalas vencidos, cumplir turnos de 48 horas de corrido, sin cumplimiento a la “Carrera Funcionaria” mientras cuida el “Guantánamo” o las celdas del Tren de Aragua -amenazado de muerte- simplemente no podemos esperar dar cumplimiento a las expectativas de los propios operadores jurídicos, fiscales y jueces.

¿Dónde iré a buscar eventuales pruebas si las cámaras (quemadas por la lluvia) no ofrecen control completo del penal a los agentes estatales? Si el trabajo humano resulta un móvil ético del individuo y la sociedad, no nos extrañemos que los principios institucionales se desdibujen, existiendo más de 60 funcionarios expulsados por hechos de corrupción durante los últimos dos años. Muchos con una estabilidad emocional y familiar corrompida.

Queriendo combatir el crimen organizado, se termina oxigenando

Veámoslo desde el fundamento “democrático” que debe inspirar a todo modelo penal. Sin oferentes que soliciten mano de obra desde la cárcel de Valparaíso, la reinserción se hace totalmente imposible, pese a que 30 internos de los 3.300 busquen, entre admirables profesores, aprender a montar ventanales, tallar muebles o realizar conexiones eléctricas.

Con una sola empresa que solicita mano de obra, el ánimo de cientos de internos que cumplen con los requisitos para trabajar no encuentra ninguna posibilidad de desarrollo. Y en este punto ya deja de tratarse de voluntad personal, si no de un modelo carcelario que la subvierte, con tasas de reincidencia de más del 50%.

Factores como la privación emocional, el estrés crónico, la exclusión social y la violencia del ambiente carcelario, no solo afectan el bienestar psicológico de internos -y gendarmes-, sino que refuerzan patrones de pensamiento y comportamientos delictivos, lo que dificulta su reintegración en la sociedad y aumenta la probabilidad de reincidencia una vez liberados.

El abandono estatal y sus consecuencias en el sistema penitenciario

Se cristaliza la marginalización y violencia estructural a la que la mayoría de los presos ha sido expuesto desde la niñez, en contextos de pobreza y segregación. En los países con menores tasas de reincidencia como Noruega, Canadá o Suecia, podríamos afirmar que el crimen es inversamente proporcional al gasto público en educación, salud o vivienda, cuestión esencial para entender el fondo del problema.

En síntesis, en relación a la crisis carcelaria no hablamos solo de un problema de metros cuadrados, sino de un abandono histórico del Estado hacia un eslabón del proceso penal que es fundamental para la seguridad de todas y todos. Los riesgos de fuga, el contagio criminal, el reclutamiento interno que ensancha las bandas de crimen organizado y la posibilidad de corromper el orden funcionarial, han dejado de ser “riesgos” para convertirse en una realidad que amenaza con colapsar nuestro sistema penitenciario.

Llevamos 200 años de república para constatar que en política jamás existen los espacios vacíos; allí donde el Estado no cubre la dignidad laboral o las oportunidades de crecimiento personal, las cubre el comercio ilícito, el mercado de drogas, las armas, la corrupción o el sicariato. En un mundo donde la cultura de la competencia y el individualismo modela nuestros propios deseos, el abandono del sistema carcelario deviene en otro crimen para nuestra propia paz.

¿Es suficiente la propuesta del Ejecutivo?

Si bien la propuesta del Ejecutivo de crear nuevas plazas de alta seguridad avanza en la dirección correcta, es solo una arista para el correcto aislamiento de determinados perfiles criminológicos. Creo que hoy se debe priorizar, así como lo ha sido con Carabineros, recursos para cumplir con el ejercicio de la carrera funcionaria de Gendarmería, otorgando herramientas que les permitan cumplir con sus principios institucionales:

– DIPRECA necesariamente debe replantearse una cobertura completa para cuidar la salud mental de los funcionarios.

– Así como se adquieren mil vehículos de carabineros al año, debemos facilitar las labores dentro de la cárcel, actualizando los instrumentos tecnológicos, los vehículos, la dotación en salud o las duplas psicosociales.

– El Estado debe poner en marcha un plan que permita acoplar la vocación de trabajo de los internos con los planes de mejora de infraestructura pública de escuelas, consultorios u hospitales, fortaleciendo la reinserción y autoestima de los internos para superar los errores de la vida.