Sobra arrogancia, falta honestidad

Atrás quedó la arrogancia que menospreciaba los análisis, atrás quedó la soberbia que pagamos todos los chilenos.

En lugar de avanzar al ritmo de países emergentes (con tasas proyectadas de 4%), seguimos estancados por debajo del promedio de América del Sur (2,75%) y miramos cómo nuestros vecinos poco a poco nos adelantan en todo ámbito.

Sin embargo, ya es habitual que las pomposas promesas de este Gobierno se estrellen con la realidad y los datos, por lo que nadie se sorprendió mucho con la confesión de Marcel. La tragedia es que hoy no hay razón alguna para esperar una mejora y la proyección más realista a futuro es otra década de somnolencia.

El gasto público y su impacto en el desarrollo económico

Las trabas al crecimiento persisten y se agudizan. La suma de un sistema tributario sofocante para el privado, un Estado ineficiente en su gasto, una burocracia latosa en la entrega de permisos, un marco regulatorio incierto, una agudización de la corrupción institucional y un clima de violencia e inseguridad pública, no hacen más que espantar las buenas inversiones, paralizando la generación de empleo y aumentando la informalidad de los trabajadores.

Mientras tanto, en La Moneda sigue reinando la irresponsabilidad y se gasta como rico, cuando se gana como pobre. Los gastos del Estado no dejan de subir, desde 1990 el gasto público de Chile ha crecido un 40% más rápido que nuestra economía, y cabe preguntarse si ese gasto se ha visto reflejado proporcionalmente en mejores servicios para la ciudadanía.

Casi un 30% del gasto del Estado se destina hoy a sueldos y burocracia, cuando el promedio de la OCDE es de solo un 20%. Ese 10% de ahorro recaudaría por sí solo casi 5.000 millones de dólares, buena parte de lo que quiere recaudar la nefasta reforma tributaria de Marcel. Somos el país OCDE que destina la mayor cantidad de recursos a personal municipal, un gasto que se ha incrementado un 80% en diez años.

Seguimos malgastando recursos en programas sociales de pésimos resultados, según las evaluaciones que realiza la propia Dipres, cerca de 3.000 millones de dólares en los últimos cinco años. La deuda pública superará los $140 mil millones de dólares este año, lo que representa un 41,2% del PIB. Para paliar gastos, el gobierno ya ha sacado $2.400 millones del Fondo de Estabilidad Económica y Social, recursos reservados originalmente para emergencias y catástrofes nacionales.

Como se dice coloquialmente, estamos jugando con la plata del pan, y a nadie le interesa la discusión de cómo generar más ingresos.

Ciudadanos y economía: ¿por qué deberíamos exigir transparencia?

Con esta realidad, no existe camino al desarrollo posible. Ya es hora de transparentar la discusión económica y darle el lugar que merece, porque sin crecimiento, no hay futuro auspicioso para nuestro país. Cuando hablamos de economía, a nuestras autoridades les sobra arrogancia y les falta honestidad. El costo de esta disonancia lo pagamos todos.

¿La responsabilidad, entonces, es de nuestras autoridades? Por supuesto, pero no de forma exclusiva. Todo ciudadano debe ser consciente de que dedica un tercio de su tiempo y su trabajo al Estado, y que este se lo cobra en forma de impuesto, a diario, cada vez que compra un kilo de pan o carga combustible.

Por eso el uso de los recursos públicos debería interesarle de sobremanera a todos quienes están leyendo, al nivel de exigir desde ahora en adelante, a todos sus políticos y autoridades, que acompañen sus promesas y propuestas de cifras concretas, de números y datos, de sumas y restas, que expliquen cuánto cuesta y cómo se financiará cada uno de sus voladeros de luces. No crea más en cantos de sirena.