El pasado 27 de agosto, el ex asesor del Ministerio del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Luis Hermosilla, quedó en prisión preventiva por delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios. La trama, que se popularizó como “Caso Hermosilla”, dejó en evidencia una verdadera maquinaria de corrupción y tráfico de influencias que opera a través del poder político, económico y judicial.

Gobierno, policías y jueces involucrados

Recordemos que el caso comenzó por un millonario fraude tributario, a raíz del cual se filtran los chats de Hermosilla. Nada hacía presagiar que dicha revelación tendría hoy a Andrés Chadwick, corazón de la UDI, imputado en una de sus aristas, al igual que el exministro de Piñera, Felipe Ward. Que el ex General Director de la PDI, Sergio Muñoz, nombrado por Piñera, terminaría formalizado por filtrar información sobre casos que afectaban al propio expresidente (Dominga y Enjoy). Que Ángela Vivanco, nombrada también por Piñera en la Corte Suprema, fuera destituida por filtrar información a Hermosilla sobre causas judiciales.

Gobierno, policías y jueces involucrados. No obstante, hay algo que no podía faltar: el poder económico, los megaempresarios. Cuatro relatores de la Corte Suprema acusan a Vivanco de incumplimiento de las normas y criterios existentes en la tramitación del caso Cascadas, donde el yerno de Pinochet y dueño de SQM, Julio Ponce Lerou, que debía pagar una multa de 69 millones de dólares, terminó pagando una de tres millones.

Las más recientes filtraciones nos llevan al viejo conocido fiscal Guerra, quien trabajó en los municipios de dos candidatos presidenciales de la derecha, Evelyn Matthei y Rodolfo Carter, y cuyas conversaciones con Hermosilla nos devuelven al bullado caso Penta. Nada más emblemático, considerando que los principales involucrados, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín terminaron con clases de ética tras financiar ilegalmente la política. Delictual ¿no?

El verdadero estallido delictual

La guinda de la torta la pone la Universidad San Sebastián, “proyecto educativo” transformado en un reducto político de la UDI y toda esta poderosa trenza, hoy en la mira de la opinión pública, e incluso de la fiscalía, por los 17 millones que recibía Marcela Cubillos y los millonarios traspasos realizados desde el gobierno de Piñera hacia la casa de estudios donde luego desembocaría buena parte de ese gabinete.

Este es el verdadero estallido delictual, uno que ha sido permanente y sistemático, organizado y ejecutado por un sector de la derecha política y empresarial.