Por: Claudia Carrasco Aguilar
Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha. Investigadora del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa (IESED-Chile).

Luis Felipe de la Vega
Investigador del Centro de Estudios y Desarrollo de Educación Continua para el Magisterio Saberes Docentes, Universidad de Chile.

Marcela Peña Ruz
Académica-Subdirectora, Centro de Estudios y Desarrollo de Educación Continua para el Magisterio Saberes Docentes, Universidad de Chile.

La educación pública en Chile enfrenta uno de los desafíos más importantes de las últimas décadas: repensar su estrategia de mejoramiento. Durante años, el sistema educativo ha estado dominado por evaluaciones estandarizadas como el SIMCE, enmarcadas durante la última década en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SAC), el que, en muchos casos, ha generado más una sensación de presión y control que de apoyo pedagógico real.

Si bien las evaluaciones pueden ser útiles para monitorear el avance educativo, cuando se transforman en el eje central de la mejora, pierden de vista las realidades complejas de cada territorio, comunidad y escuela.

Una reforma del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación

Existiendo una amplia evidencia que sostiene el juicio recién mencionado, el gobierno del Presidente Boric incluyó en su programa -y como una de sus prioridades- una reforma al SAC. Sin embargo, casi promediando su mandato, solo se identifica un manto de dudas de si esta importante iniciativa logrará, al menos, conocerse y discutirse.

Debido a su gran relevancia, es importante no dejar caer en el olvido esta iniciativa. Las siguientes líneas consideran una propuesta para abordar dicho desafío, pensando desde la Nueva Educación Pública, otra importante transformación del sistema educativo, el que -este sí- está en pleno proceso de instalación.

NEP y los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)

La creación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), como parte de la Nueva Educación Pública (NEP), buscaban, entre otros objetivos, dar cuenta de una forma diferente de gestionar la mejora de la educación.

La idea central era promover una mayor corresponsabilidad entre las comunidades educativas y el Estado, descentralizando la gestión y brindando a los establecimientos la autonomía necesaria para adaptarse a sus contextos. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora no ha sido suficiente como para alcanzar dichos propósitos.

A pesar de las buenas intenciones detrás de la NEP, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, sigue enfocado en la medición de resultados estandarizados, lo que limita la capacidad de las escuelas para ejercer plenamente esa autonomía prometida.

Es crucial que el debate sobre el SAC avance hacia un enfoque más equitativo y colaborativo. La actual versión de esta estrategia, que depende casi exclusivamente de la medición de resultados a través de pruebas estandarizadas, no es capaz de capturar la riqueza y la diversidad de los procesos educativos. En lugar de castigar a las escuelas que no logran cumplir con los estándares nacionales, la política pública debería ofrecerles el apoyo necesario para que puedan mejorar sus prácticas y resultados de manera sostenible.

Aquí es donde los SLEP, en teoría, deberían jugar un papel fundamental.

Estos servicios locales fueron concebidos para dar mayor autonomía a los territorios, permitiendo una gestión más cercana a las necesidades de cada comunidad. Sin embargo, para que esta promesa se cumpla, es necesario replantear el sistema de evaluación y rendición de cuentas. La colaboración y la corresponsabilidad entre los actores locales, las escuelas y las autoridades educativas debe ser el motor de la mejora, y no la competencia por los resultados de pruebas estandarizadas.

El rol de las comunidades educativas, la diversidad y el profesorado

La Nueva Educación Pública ofrece una oportunidad única para cambiar el rumbo, pero este cambio no ocurrirá automáticamente. Las comunidades educativas deben estar en el centro de este proceso, participando activamente en la definición de las metas educativas y en la evaluación de los avances.

Un aspecto que no debe pasarse por alto es la gran diversidad que caracteriza al sistema educativo chileno. Las escuelas en contextos rurales enfrentan desafíos muy distintos a las escuelas urbanas, y dentro de estas, las diferencias de recursos, infraestructura y apoyo también son significativas.

Es injusto exigir los mismos resultados a escuelas que no cuentan con los mismos recursos o condiciones. Por eso, un sistema de evaluación justo debe, además, reconocer las particularidades de cada contexto y ofrecer mecanismos de apoyo que se ajusten a las necesidades locales.

Además, no podemos olvidar el papel del profesorado en este nuevo escenario. El aseguramiento de la calidad debe incluir también un espacio para la autoevaluación docente y para el reconocimiento de sus esfuerzos. Esto implica crear instancias de formación continua, apoyo pedagógico y redes de colaboración que les permitan enfrentar los desafíos de la enseñanza de manera conjunta.

Finalmente, es importante recordar que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr una educación de calidad. El sistema actual, centrado en la medición y en la competencia, ha demostrado ser insuficiente para abordar las necesidades más profundas del sistema educativo chileno.

Si queremos que la Nueva Educación Pública cumpla con su promesa, necesitamos una política que promueva un enfoque más integral, inclusivo y colaborativo, donde las escuelas, los docentes, las familias y las comunidades puedan trabajar juntos en la mejora continua de la educación.