El pasado lunes, el presidente envió al Congreso el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación para 2025, trámite que da inicio a la discusión anual del erario. En la cadena nacional previa a este envío, el Ejecutivo destacó algunas de las urgencias que esta propuesta pretende resolver y/o reforzar: seguridad ciudadana, control fronterizo, pensiones, vivienda, generación de crecimiento y empleos, destacaron entre las medidas prioritarias.

Sin ninguna duda, todas estas materias son fundamentales para la población y se les debe dar la mayor celeridad posible; pero preocupa la constante falta de atención, acción y envío de recursos a otro asunto clave y que debe ser abordado con la misma prioridad: las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.

Un asunto de urgencia

Desde hace años la única mención que tiene esta materia dice relación con la ampliación de dineros y recursos para el combate de los incendios -que en este caso considera un 30% de aumento para Senapred y sus Sistemas de Alertas de Evaluación-, algo que si bien es necesario y prudente, de poco y nada sirve si no se generan a la par estrategias para limitar e incluso evitar la ocurrencia de este tipo de catástrofes.

Por el contrario, vemos que cada vez más la política pública básicamente garantiza la ocurrencia de megaincendios. Ejemplo de ello es la propuesta del Ministerio de Economía -en el denominado Plan Grau- de aumentar los cultivos forestales en la Región del Biobío, territorio que ya dispone de 631.788 hectáreas de plantaciones forestales, según información del Instituto Forestal (Infor) a diciembre de 2022, lo que no sólo podría generar mayores focos de incendios en esa zona, sino que además afectar la disponibilidad hídrica de toda la región.

Es en este contexto que, hace pocos días, asumió la nueva directora ejecutiva de Conaf, la Sra. Aida Baldini. Aunque su experiencia y el foco de su gestión, como declaró recientemente en su primera entrevista en este nuevo cargo, estará puesto en el combate a los incendios forestales, entre sus principales tareas también destacarán el cumplimiento de la Ley 21.600, con la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; así como contribuir a destrabar la creación del Servicio Nacional Forestal (que, de manera insólita, se discute desde hace más de siete años en el Congreso).

Otras prioridades dicen relación con la aplicación de la Ley de Sustracción de Madera para fiscalizar el transporte de especies forestales y detectar ilícitos; la promoción de la protección de recursos y manejo sustentable a través de bonificaciones para la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal; el desarrollo de iniciativas para el programa de Restauración de Bosques Nativos a Gran Escala; continuar el desarrollo y aplicación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, y avanzar en el Proceso de Consulta Indígena de los planes de manejo de áreas protegidas en territorio Kawésqar, entre tantas otras.

Más recursos para prevención y no para el control de desastres

Es tanto el trabajo que se tiene que hacer en esta materia, que lo mínimo que se puede esperar es que se mencionen estos esfuerzos y se comprometan los recursos necesarios en la discusión del erario. Es por ello que hacemos un llamado a la clase política, y en especial a los diputados y senadores, para que incluyan estas materias en la actual discusión del Presupuesto Nacional.

Sabemos que destinar recursos para esta materia, no solo nos permitirá avanzar en la lucha contra la crisis climática y sus horribles consecuencias, sino que además nos permitirá salvar miles de vidas en el corto y mediano plazo.

Seguir destinando dineros al control de los desastres y no implementar políticas públicas serias para prevenirlos, es echar dinero a bolsillos rotos, un lujo que nuestro país ya no se puede permitir.