Más igualdad, menos billetes: una propuesta para campañas políticas más justas /Una propuesta de financiamiento público de campañas

La hipocresía es la mayor virtud de la política a la hora de hablar de dinero. Bueno, la mayor virtud pragmática. Y es que la verdad es que la política es un deporte caro y el dinero suele resultar crucial, pero es mejor no hablar de ello. Pero como el asunto es realmente crucial, vale la pena abordar el asunto con seriedad.

En política, debes saber que vas a perder plata

Y es crucial por varias razones: en primer lugar, la política es cara porque las campañas son intensas y costosas; en segundo lugar, porque solo hay pérdidas económicas si el candidato aborda con su pecunio personal el desafío; en tercer lugar, porque si la aventura política sale relativamente mal, es difícil encontrar empleo. Y si sale muy mal, sencillamente dependerás de amigos.

En resumen, la política es como comprar un canal de televisión: debes saber que vas a perder plata. Con la diferencia de que, quien compra un canal de televisión, ya tiene dinero. Y en política no es siempre así. Y es que la hipocresía no anda sola en las aventuras políticas. La política incluye la fantasía de los incumbentes, erotizados por el posible éxito.

La política es un lugar narcisista donde el candidato a concejal experimenta placenteros orgasmos proyectándose de Presidente de la República. La reunión política más frecuente es aquella que se ejecuta en una cafetería del centro de Santiago donde, luego de tres horas y solo un café por cabeza, todos se miran para ver si alguien tiene la gentileza de pagar la cuenta. La verdad es que, a la mayoría de los que se mueven en política, un café les resulta caro.

Y es que el político suele depender de los azares de la historia, por lo que pasa por momentos de gran riqueza y luego se hunde en la angustiosa carestía que es doblemente ingrata, porque debe fingir que le va bien. Por supuesto, cuando digo carestía lo digo en términos metafóricos, porque quienes están en política están en los ingresos medios o altos. Pero sí ocurre que la política no genera ahorro, solo gastos. Y en los tiempos buenos se invierte en ser todavía más influyente y luego esa inversión manifiesta probablemente un error cuando todo sigue igual.

Ya, ya lo sé. Esta pintura que le ofrezco no le hace sentido.

Usted ve políticos llenos de dinero habitualmente. Así es, lo reconozco. ¿Entonces lo que digo es estúpido? No. Porque usted ve habitualmente a unas quinientas personas que son los que ganaron esta batalla en la selva y están en los primeros lugares de influencia. Muchos de ellos sobrepasan la década operando asalariadamente en el sistema. Y usted dirá, son ricos. Pero la verdad es que incluso la mitad inferior de ese grupo más privilegiado es probable que tenga números rojos.

Financiamiento de campañas y de la política

Esta situación plantea un dilema muy complejo, visto por Max Weber en la penúltima conferencia que dio antes de morir. Allí explicaba que lo normal hasta entonces era que los políticos fueran personas de fortuna que podían darse el lujo de tratar los asuntos públicos pues no necesitaban trabajar. Ellos vivían para la política. Explicaba Max Weber que esto suponía un gran defecto. Quien vive de sus negocios y no de la política está cognitivamente orientado a perseverar en sus propias convicciones y es más susceptible emocionalmente.

Es decir, su visión de mundo prevalecerá y tendrá menos sensibilidad para incorporar otras realidades.

Por otro lado, quien trabaje y viva de la política, generando sus ingresos en su actividad política como una profesión, tendrá una capacidad de recaudación asociada a su capacidad de representar intereses. Es lamentable pensar que, un siglo después, muchísima gente considera que los sueldos para los políticos son nocivos y que es mejor alguien que no reciba emolumento por su tarea. Es el discurso de Milei en Argentina, que sorteaba su sueldo como parlamentario mensualmente.

La combinación del dinero y la política es incómoda y difícil de organizar, esa es la verdad. Es prácticamente imposible, sin ética, evitar la interferencia del dinero sobre las decisiones políticas.

He ahí la verdad. La política debe ser financiada de una manera transparente porque es una actividad indispensable y, aunque se tomara la loca decisión de terminar con ella, existiría de todos modos.

El grueso de la verdad es la siguiente:

– Los candidatos perdedores buscan un apoyo para estar en campaña hasta la siguiente elección. Los amigos en política son importantes aquí: un contrato en una entidad pública sin tareas objetivas, el arribo a una universidad aprovechando la laxitud laboral que se tolera en ellas, algunas fundaciones con vinculaciones políticas, entre otros mecanismos, son los usuales. Son empleos de tránsito, problema comprensible, pero que fomenta una formación política sin profundidad.

– Los candidatos perdedores pueden tener contactos empresariales y conseguir apoyos al respecto. Esto es muy difícil de fiscalizar, pero abre una puerta muy compleja de cadena de favores. La única solución radica en altas sanciones cuando se pueda demostrar una relación impropia.

– Los políticos con futuro suelen tener apoyos internacionales. El apoyo político internacional es completamente ilegal, pues puede interferir en los intereses del país, pero ocurre mediante mecanismos que sortean las prohibiciones. Hay casos de creación de fundaciones fuera de Chile por actores políticos chilenos, lo que resulta sumamente extraño, pero que probablemente permita canalizar apoyos internacionales sin riesgos.

Estos puntos resumen el grueso del problema. Las otras donaciones o apoyos suelen ser muy inocentes y suelen ser apoyos familiares, de amigos, territoriales; apoyos que muchas veces no pasan el filtro de la legalidad (porque pasan el dinero directamente a la persona), pero que honestamente no ponen en juego la rectitud de las instituciones. Los ejemplos que listamos plantean problemas relevantes. Pero hay más.

Cuando fui candidato, los aportes de privados a mi campaña sumaron poco más de novecientos mil pesos. La persona con la que competía en la primaria tenía dieciocho veces ese monto como aportes. Y el candidato ganador de la otra primaria tenía casi quinientas veces el volumen de dinero con el que yo contaba. Con los montos recaudados en nuestra primaria, naturalmente ni yo ni la otra candidata podíamos sufragar los gastos de la campaña (viajes por todo Chile y franja televisiva) y debíamos recurrir al pecunio personal (en mi caso a deuda) o a otros mecanismos (que están fuera de la ley). Como parte de la conciencia absoluta de que las irregularidades eran pan de cada día es que la ley hasta 2021 planteaba una prescripción de solo dos años. Luego se modificó y quedó en el tiempo de prescripción normal, de cinco años.

¿Qué se puede proponer?

Habida cuenta que el dinero es muy importante en política y otorga diferencias de oportunidades importantes; y considerando que el funcionamiento de la actividad política debe estar centrado en los proyectos valorativos y las políticas públicas; el mecanismo de financiamiento debiera favorecer esas condiciones.

Un sistema de financiamiento de campañas público e igualitario

Podemos pensar un sistema exclusivamente público e igualitario. Si hay razones fundadas para que esto no sea así, sería excelente conocer los fundamentos. Pero imaginemos un sistema del siguiente modo:

Un sistema de financiamiento público exclusivo para campañas parlamentarias que no reciba ningún dinero privado podría funcionar con un esquema que otorgue recursos y acceso igualitario a medios. Este modelo sería especialmente diseñado para garantizar que todos los candidatos tengan las mismas oportunidades para llegar a los votantes.

Presento un modelo con asignación de fondos públicos directos y acceso a medios:

a) El Estado podría destinar un presupuesto fijo, asignado por escaño o distrito, para financiar todos los gastos de campaña. Los fondos se distribuirían equitativamente entre los candidatos, asegurando que no exista diferencia en recursos disponibles, independientemente de sus partidos o de la popularidad inicial.

b) Acceso a medios de comunicación públicos y plataformas digitales. Los medios de comunicación tendrían espacios definidos para que todos los candidatos expongan sus propuestas. El tiempo en televisión y radio sería igual para cada candidato

c) Debates mínimos obligatorios

d) Cada candidato recibiría acceso a lugares públicos para eventos de campaña (parques, centros comunitarios, auditorios estatales) de manera gratuita y organizada, evitando favoritismos y monopolización del espacio público.

e) Cada candidatura tendrá derecho a una cierta cantidad de piezas gráficas que se entregarán en todos los domicilios correspondientes a la elección cuando se trate de elecciones de diputados, alcaldes, concejales, consejeros regionales y cualquier otro cargo de corte territorial. Para elecciones al Senado o a la Presidencia no existirá el beneficio.

f) Las comunidades locales tendrían la posibilidad de organizar debates y foros públicos con apoyo logístico estatal, permitiendo que los votantes participen en actividades presenciales y digitales para conocer más sobre los candidatos en sus distritos.

g) Para la contratación de publicidad en medios de comunicación o redes sociales, el Estado puede entregar un voucher para esos gastos. El monto será igualitario y no se podrá financiar privadamente más gasto.

h) La franja televisiva también funcionará con un voucher que implica que cada candidato hará lo que pueda con el mismo presupuesto.

El uso de un mismo presupuesto para todas las candidaturas es una información valiosa a la hora de votar, pues servirá para saber si el equipo del candidato puede ser eficiente y eficaz en comparación con otros competidores, a iguales recursos.

Respecto a la auditoría y transparencia, es posible pensar en la obligatoriedad de una cuenta corriente única para todos los gastos en campaña. Por supuesto, las sanciones por incumplimiento o uso indebido de fondos deben ser claras y estrictas, asegurando que los recursos se usen de manera ética.

Este modelo asegura que todas las candidaturas, independientemente de su respaldo privado o partidista, tengan un punto de partida equitativo. También fomenta que los candidatos se centren en la calidad de sus propuestas y en el contacto directo con la ciudadanía, evitando la influencia de intereses privados.

Además, contribuye a reducir la corrupción y el clientelismo en la política, ya que los fondos y espacios de campaña son públicos, fiscalizados y transparentes.

Y es que tanto el caso de Marcela Cubillos o la denuncia sobre Irina Karamanos y muchas otras experiencias revelan algo sencillo: el problema del financiamiento ilegal no solo no ha sido superado, sino que sigue siendo un asunto que deteriora sistemáticamente la legitimidad de nuestra democracia.