El 26 de agosto pasado, el Ministerio del Interior tramitó el decreto que declara el Estado de Emergencia Preventivo entre las regiones de Atacama y Magallanes en el período octubre de 2024 a mayo del 2025 ante el peligro de incendios forestales.
Esta es una de las nuevas herramientas con las que cuenta el sistema a partir de la ley 21.364 que reemplazó a la ONEMI, que permite adelantar las medidas preventivas que sean indispensables para hacer frente a los incendios. Es sin duda un paso relevante que va en la línea correcta. Sin embargo, es importante tener en consideración algunas condicionantes que presagian un escenario mucho más complejo en esta temporada que en la anterior.
¿Cuáles son estas condicionantes?
El informe de CONAF establece un escenario complejo desde el punto de vista de las condiciones de temperatura, humedad, viento y material vegetal disponible; y pronostica una alta probabilidad de incendios forestales entre noviembre y diciembre para la zona centro, y en casi todo el país a partir de diciembre, incluyendo la Patagonia. Indica además que, tal como el periodo anterior, la intencionalidad será un factor relevante en la causalidad de incendios.
En la temporada pasada, Senapred aumentó en un 47% el presupuesto para los organismos involucrados. Sin embargo, el resultado y las estadísticas de la temporada 2023-2024 son conocidos y, dentro de ellos, el incendio del 2 de febrero de 2024 que afectó a Viña del Mar y Quilpué aparece como una mancha que ensombrece cualquier indicador de disminución en el número de incendios o cantidad de hectáreas quemadas.
¿Cuál será el aumento de recursos para esta temporada?
¿Cuántas aeronaves más tendremos disponibles?
¿Serán suficientes?
¿Cuánto es suficiente?
A esto se suma el atraso de los procesos de reconstrucción, derivados de los desastres de los últimos dos años en gran parte de la zona centro y sur de nuestro país. Esto configura un escenario de gran vulnerabilidad, donde el daño acumulado por la sucesión de desastres en invierno y verano aumentan la susceptibilidad de ser afectados en futuros eventos.
La temporada nos encontrará debilitados
La ley 21.364 que reemplazó a la Onemi por Senapred aún termina de implementarse, por lo que la temporada de incendios otra vez nos encontrará con un marco legal inconcluso. Otros factores también inciden en este negativo escenario: muchas comunas tendrán alcaldes nuevos, con poca experiencia en la gestión de emergencias; proveedores de insumos críticos siguen con deudas impagas por parte del Estado; los proyectos de ley para la nueva CONAF (desde el 2017 en el Senado) y Ley de Incendios (desde marzo 2024 sin movimiento en el Senado) no están promulgados, impidiendo la solución de varios de los problemas estructurales que se revelaron con el incendio de Viña del Mar.
¿Qué podemos hacer?
Lo primero, avanzar en una estructura más ágil para la reconstrucción post desastre. En el Plan de Reconstrucción de los incendios de Viña del Mar y Quilpué se propone la creación de una Corporación para la Reconstrucción.
Debemos incorporar al inicio, y durante toda la temporada de incendios (octubre 2024 a mayo 2025), una fuerza de tarea internacional de expertos para dar asesoría a los organismos chilenos de prevención, combate e investigación de incendios forestales.
Respecto a las autoridades, es factible ejecutar un programa de formación rápida sobre gestión de riesgos y respuesta a emergencias a los nuevos alcaldes. En esta línea, se debe regularizar la falta de encargados de emergencia, que afecta a varias comunas del país.
Parece obvio, pero es urgente resolver las deudas impagas con proveedores de insumos de emergencia, y por último, es imprescindible controlar la intencionalidad en la generación de incendios cuando se presenten condiciones de alto peligro.
Las herramientas existen: el botón rojo de Conaf, el perímetro de seguridad de Senapred y la Ley de Infraestructura Crítica que permite intervenir el acceso a zonas de alta recurrencia de incendios.
