Soy un ciudadano que ha dedicado la vida entera exclusivamente a la enseñanza universitaria de modo que creo saber de qué hablo cuando escribo acerca de la cuestión universitaria y, en especial, la que en este caso nos ocupa.

En enero de 1982 el gobierno militar promulgó una normativa con el fin de fijar criterios y regular la enseñanza universitaria. Dos cosas rescato de esos decretos redactados por el propio Jaime Guzmán.

La primera: la prohibición absoluta de que las universidades (especialmente las nuevas universidades totalmente privadas que comenzaban a existir en el país) se afanen por el lucro de suerte tal que utilicen la formación profesional para obtener ganancias que, finalmente, no fueren reinvertidas exclusivamente en la mejora de la calidad de las prestaciones académicas que las universidades debían entregar a sus estudiantes.

La segunda: la prohibición del proselitismo y el adoctrinamiento político al interior de las casas de estudio.

En 1975 el rector delegado de la Universidad Austral de Chile, visto que el estatuto de esta corporación había quedado derogado de facto por la intervención militar y el famoso decreto 139, que le otorgaba amplias facultades a los rectores delegados, encargó al notable filósofo Jorge Millas (por entonces Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de esa Universidad), la misión de redactar un nuevo estatuto para la Corporación.

En dicho cuerpo normativo (que desgraciadamente un nuevo rector delegado derogó sin expresión de causa en 1981) se estableció la prohibición absoluta de practicar, bajo cualquier pretexto y signo, todo tipo de adoctrinamiento político y de proselitismo. De modo que la idea de mantener la rectitud académica como único fin y propósito de la universidad chilena, se debe también a la inteligente advertencia de este gran pensador.

Millas había vivido y sufrido la famosa “reforma universitaria” de fines de los años 70 que agitó especialmente a la Universidad de Chile, de Concepción y Austral de Chile. El filósofo sabía por experiencia propia lo grave y decepcionante que resultaba la idea de la “universidad militante y comprometida”. Así lo anotó en sus discursos e intervenciones públicas por aquellos años.

Universidades, incluso públicas, acarician el lucro

Durante algunas décadas vimos que varias universidades hicieron caso omiso de la ley y lucraron de manera abierta o disimulada con la enseñanza superior. Posteriores reformulaciones de la ley, y nuevos cuerpos legales, fueron instalando límites a esta ilegalidad. Sin embargo, el ánimo y la práctica del lucro no desapareció ni ha desaparecido del todo de la institución universitaria chilena.

Incluso las universidades públicas (tal vez no todas) acarician el lucro y muchos de sus académicos, so pretexto de proyectos de investigación o prestaciones de servicios a terceros, no siempre genuinos, incurren en esa práctica viciosa.

Al menos algunas universidades (no digo todas) generan figuras de dudosa legalidad, mediante prácticas como la fijación de sueldos fuera de mercado para ciertos directivos y altos funcionarios, muchos de los cuales ni siquiera dedican la mayor parte de su jornada laboral a sus instituciones de educación superior, ya que suelen combinar al mismo tiempo el trabajo universitario con otras labores remuneradas propias de sus profesiones u oficios y, por supuesto, ajenas a la universidad.

Y, desde luego, la práctica más habitual: simular docencia o hacerla en un grado mínimo, pero con remuneraciones extraordinariamente altas que no se condicen en absoluto con los sueldos que percibe el personal regular de la universidad, pese a que muchos de ellos poseen extraordinarios curriculos que demuestran una alta calidad académica. Se trata de lo que pudiéramos llamar “docencia ideológicamente falsa”.

Libertad de privados, hasta que la ley lo prohibe

Sin embargo, hay personas que han justificado estas prácticas afirmando que en una sociedad libre y democrática las organizaciones privadas, y los privados, en general, pueden hacer lo que les venga en gana con sus recursos financieros y suscribir todo tipo de contratos. Comparto en general esta convicción, pero no si en algunos casos la ley lo prohibe. Nunca una universidad puede burlar o atropellar la ley. Por el contrario, siempre tiene que dar el ejemplo cumpliendo cabalmente con ella.

Incluso hay una nueva institución, creada por ley (la Superintendencia de Educación Superior) que debiera estar atenta a que las universidades no incurran en actos arbitrarios e ilegales.

Decía ya hace 2500 años Heráclito, el primer pensador de occidente, a este respecto, que el ciudadano debe proteger sus leyes como el soldado los muros de la ciudad. Si caían los muros de la ciudad antigua a manos del enemigo, también sobrevenía la ruina de el Estado y perecía la sociedad. Aunque fuera solo esa la razón que movió a Guzmán a convencer al gobierno de dictar una ley de universidades que prohibiera el lucro y el adoctrinamiento político, hay que reconocer que por ese solo hecho ya tendría ganado un lugar en la historia de la universidad chilena. Pero, por supuesto que no fue solo eso.

Hay algo más grave aún. Chile es un país modesto y cada peso que el contribuyente entrega al fisco, debe ser correcta y honestamente gastado. Por eso también el Estado debe abstenerse de contratar funcionarios que no justifiquen plenamente el trabajo a desempeñar.

Pero cuando se creía que esta práctica afectaba solo al aparato público, he aquí que se descubre que so pretexto de cumplir tareas y trabajos académicos y universitarios en general, hay todavía instituciones que eluden la prohibición de lucrar y practican de manera indirecta y disimulada el proselitismo político, recurriendo a la contratación de pseudos funcionarios que hacen como si enseñaran, pero que en realidad cumplen otras funciones que nada tienen que ver con la universidad.

Y para que esta maquinaria funcione, otros (personas inocentes) sufren las consecuencias: los estudiantes suelen carecer de materiales adecuados y suficientes para realizar sus estudios, de bibliotecas equipadas con libros y revistas científicas, tecnológicas y filosóficas suficientes y actualizadas, y otros insumos necesarios para una docencia de buena calidad.

Muchas universidades, especialmente nuevas, no disponen de despachos exclusivos para sus académicos con lo cual estos no tienen un lugar tranquilo y despejado para estudiar, realizar sus investigaciones, mantener diálogos disciplinarios con sus colegas, recibir a sus estudiantes y dialogar académicamente con ellos, entre otros fallos. Eso no es propio de las universidades tradicionales e, incluso, varias de las nuevas universidades privadas también se han preocupado de dotar de espacios adecuados a su personal académico y lo han hecho de manera admirable.

Profesores por hora, profesores a jornada completa

Por otro lado, toda facultad o escuela universitaria que reúna el mínimo indispensable para ejecutar su trabajo con solvencia y seriedad, debiera tener una planta académica mínima de jornada completa (y ojalá exclusiva) capaz de dictar las principales y básicas asignaturas que contempla el plan de estudios de una carrera.

Esos debieran ser los académicos encargados de mantener el conocimiento que se enseña al día, conforme a los estándares y exigencias la ciencia y el conocimiento de punta que día a día se descubre y se pone en circulación en el mundo internacional. Ese arduo e inmenso trabajo solo lo puede hacer un profesor dedicado enteramente a la universidad. Si no, ¿quién va a bajar de las revistas científicas de última generación y de la literatura mundial los últimos avances publicados y objeto de debate y discusión en el mundo científica y académico internacional?

Usted no le puede pedir a un profesor contratado por horas y que la mayor parte de su jornada la dedica al ejercicio de su profesión, que cree nuevo conocimiento o participe en grupos internacionales de investigación, en congresos internacionales, que investigue y publique en revistas expertas el resultado de su trabajo investigativo, si no se trata de académicos especialmente formados para abordar estas tareas.

Ello no se puede hacer contratando a profesionales a jornada parcial o, incluso, por horas y a honorarios para dictar alguna asignatura, con una paga promedio de $300.000 pagados nada más que durante 8 o 9 meses al año, cosa que sí hacen muchas universidades. No, porque la mayor parte de ese valioso personal que presta una colaboración puntual a una escuela o facultad, tiene múltiples otras tareas que atender, y lo que la universidad requiere de él es que sea capaz de transmitir a los estudiantes la experticia de un profesional competente y calificado conforme a su éxito y prestigio profesional.

Conozco facultades o escuelas de Derecho, por nombrar un caso, que tienen una plantilla de entre 10 y 40 académicos a jornada completa y dedicados exclusivamente al estudio, a la investigación y a la enseñanza universitaria. Ese personal es propiamente el personal académico que sostiene en Chile y en todas partes del mundo, el núcleo central de las disciplinas que se enseñan como carreras universitarias en todas las universidades prestigiosas y acreditadas.

En cambio hay, en la actualidad, en Chile, no son pocas las escuelas y facultades que cuentan apenas con un par de profesores contratados a jornada completa, recargados de docencia, mientras la gran mayoría ha sido contratada por horas y para dictar asignaturas, exclusivamente. Este personal normalmente no hace la carrera universitaria. Porque la carrera universitaria, como cualquier otra carrera, implica un perfeccionamiento constante, la adquisición continua de nuevo conocimiento, la escritura, especialmente en inglés, de trabajos que están destinados no solo al ámbito académico nacional, sino principalmente internacional y, en consecuencia, son medidos y valorados por sus obras en el mundo extranjero y las universidades de excelencia del país.

Estos cuadros de académicos garantizan la formación óptima de sus profesionales a los cuales pueden ofrecer, además, programas de Magister y Doctorado.

También las universidades que cuentan con una carrera académica regulada por una estricta normativa, integran igualmente a sus equipos de formación profesional a personal de apoyo docente. Este personal cumple importantes funciones docentes; suele estar contratado a jornada completa o parcial, pero no tiene la obligación de investigar y de participar en concursos públicos nacionales e internacionales de investigación. Su obligación es enseñar, especialmente los aspectos profesionales de la disciplina de una manera que probablemente los académicos, por no ejercer las profesiones en el mercado, no están en condiciones de hacer. De ese modo se complementan perfectamente los cuadros académicos y docentes en una buena universidad.

El caso de Marcela Cubillos en la USS

La ley nada dice acerca de estas diferencias tan notables, ni exige a las universidades que al instalar una nueva carrera deben contratar una planta académica solvente con un número suficiente para atender adecuadamente a los estudiantes que concurren a esas instituciones a adquirir una formación universitaria.

Para las Comisión Nacional de Acreditación (encargada de la acreditación institucional de las universidades) no es ese un punto de interés; tampoco lo es para la Superintendencia de Educación Superior que por falta de ley (o tal vez de celo) no se ocupa de este importante aspecto tan decisivo para la formación de los buenos profesionales que Chile necesita.

El caso de una “académica” de una universidad privada que ha causado tanto revuelo en las últimas semanas seguramente, como ella misma lo ha insinuado, no es un caso aislado. Si la autoridad revisara y supervisara todo el sistema, seguro que el caso detectado en una USS, se multiplicaría ampliamente.

Todo esto nos lleva a pensar que más allá de los intereses de las partes, la ley debiera ser más estricta y corregir todas las deficiencias que han ido quedando a la vista en las últimas décadas. De otra manera la educación universitaria seguirá siendo demasiado desigual en Chile.

Algunos profesionales, por el solo hecho de egresar de universidades prestigiosas dotadas de plantas académicas solventes y suficientes, aventajan en mucho el trabajo que realizan otras universidades que no pueden o no son capaces de mantener cuerpos académicos suficientes y calificados, como exige la formación de cualquier profesional universitario que el día de mañana representará los intereses de la ciudadanía cuando sean llamados a prestar su servicio profesional.

Todas las universidades que perciben directa o indirectamente fondos del Estado deben ser muy estrictas en el uso sincero de esos recursos (y, por cierto, de los que pagan sus estudiantes, muchas veces modestos, que se endeudan y contraen compromisos financieros importantes). Esta sería la responsabilidad moral de la institución universitaria de la cual de modo alguno puede abdicar.

¿Qué es ser académico?

No puedo terminar sin hacer algunas anotaciones acerca de lo que debe entenderse por “académico”. Casi todo el mundo, incluida buena parte de la prensa, confunde “académico” con “docente” o, “prestador de servicios universitarios”.

El académico, en el mundo universitario, es un trabajador de la educación superior altamente calificado, dedicado exclusivamente a la universidad o, al menos, la mayor parte de su tiempo. La universidad le paga un sueldo, conforme a un contrato, a fin de que se dedique a estudiar (el nuevo conocimiento con el que deberían egresar los nuevos profesionales), investigar individualmente y en grupos interdisciplinarios.

Este conocimiento se publica, previa revisión crítica de pares nacionales y extranjeros, en revistas y medios de difusión altamente acreditados. Debe poseer, tan solo para comenzar la carrera, el grado de Doctor obtenido en una universidad solvente (porque hoy día no es nada difícil conseguir en Chile y el extranjero doctorados débiles y de poco valor académico), lo que significa entre tres y cinco años de estudio dedicados exclusiva o preferentemente a la obtención de ese grado.

También se valora el grado de Magister aunque hoy la mayor parte de las universidades están exigiendo el grado de Doctor para incorporarse a la carrera académica, cuando tienen carrera académica. Además, ya se ha hecho una buena y sana tradición en Chile que los académicos de prestigio y nivel, dedicados exclusivamente a la docencia universitaria, deben participar en proyectos Fondecyt como investigadores principales. Estos proyectos forman parte de concursos públicos anuales a los que llama el gobierno de Chile a participar a todos los académicos de las universidades del país. Estos proyectos suelen estar dotados de importantes sumas de dinero necesarias para financiar las investigaciones científicas, humanísticas y filosóficas que el sistema contempla y necesita.

Las tradicionales y buenas universidades del país (entre las cuales hay varias privadas) han implantado la carrera académica. Esta suele estar compuesta (aunque varía de una universidad a otra) por tres o cuatro categorías académicas.

Se ingresa entre los 25 y los 30 años como Profesor Instructor. Hoy ya se requiere el grado de Doctor tan solo para presentarse a un concurso académico. Después de 5 años de cumplimiento satisfactorio se puede postular a Profesor Auxiliar. Y en los 5 años siguientes si se ha progresado conforme a un exigente programa, el Profesor Auxiliar puede postular a ser promovido a Profesor Asociado y, finalmente, luego de demostrar una carrera exitosa con un buen número de publicaciones, proyectos de investigación, patentes de invención, enseñanza de pre y post grado, dirección de memorias y tesis de magister y doctorado, congresos internacionales, pertenencia a Sociedades o Academias científicas, puede llegar a ser, previo concurso, Profesor Titular,. Lo anterior, según lo dirime una comisión de Profesores Titulares que se rige estrictamente por un reglamento especial, promulgado por la respectiva universidad.

Llegar a ser académico en algún grado del escalafón no es un trámite administrativo o, al menos, en modo alguno debiera serlo. Algunas universidades en Chile y en el extranjero también contemplan la carrera de investigador, altamente exigente y semejante a la carrera académica tradicional. (En España, país al que constantemente miramos, nuestro Profesor Titular, es llamado Catedrático).

Ahora bien, además de la Carrera Académica propiamente tal, algunas universidades tienen también un escalafón de apoyo a la docencia.

Desgraciadamente las prácticas insanas que corrompen la carrera académica también están comenzando a aparecer en las universidades tradicionales, lo que debilita la credibilidad de la universidad chilena frente a las universidades del ámbito internacional y a la propia opinión pública.

Es de esperar que los responsables de la conducción universitaria sean exigentes y severos en no admitir influencias de ningún tipo que puedan contribuir a distorsionar la genuina carrera académica, tan necesaria para que el país tenga un cuadro de universidades realmente competitivas y de clase mundial.

Finalmente, la opinión pública debe saber que los sueldos de los académicos chilenos (hablo en promedio) van desde los $2.500.000 al ingresar a la carrera y oscila, según la Universidad, entre los $4.000.00 y los $6.000.000 al llegar a la titularidad. Son exactamente los mismos sueldos que percibe el profesorado universitario español y un tercio menos que lo que gana el profesorado francés. Y sólo entre un 10 y un 15% del profesorado alcanza la titularidad en las más prestigiosas instituciones chilenas.

Por vía comparada, los sueldos directivos en España, son aproximadamente un 30% superior a los que percibe un catedrático en ese país.

Una universidad politizada nada gana, solo se debilita y pierde

En resumen, quisiera decirle a todos quienes se han interesado por este problema – y de paso a Alex Kaiser y a otros que han hecho una defensa equivocada del asunto suscitado en la USS- que esta es la realidad de la situación universitaria nacional. Las universidades privadas no pueden hacer lo que les plazca con sus fondos. Primero, porque infringen la ley antilucro y no puede tolerarse nunca, de ninguna manera, consentir en vulnerar la ley. Si la ley no gusta, no sirve o es contraproducente, el orden jurídico nacional dispone de dos mecanismos correctivos: la derogación o la modificación.

Segundo, si se permite, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, que entre los contratantes se admita la desviación de fondos, originalmente dedicados a otros fines, y que la tareas pactadas en el contrato sean reemplazadas por otras ajenas a la universidad, entonces, todo está permitido y de poco vale la ley (“principio de explosión”).

Tercero, por esa vía se vulnera la sagrada independencia de la que por esencia debe gozar siempre la Universidad. Debemos repetir con Millas: No a la universidad comprometida y militante.

Ya hay universidades que se están comenzando a politizar precisamente por atropellar el principio con el que Miguel de Unamuno, el rector de Salamanca en 1936, defendió la intervención de su Universidad en la guerra civil española.

Y hay signos preocupantes en algunas universidades. No es el camino. No se debe permitir que la universidad chilena llegue a ser esclava de las pasiones políticas. Una universidad politizada nada gana, solo se debilita y pierde.