“Otro día en la oficina”
Mientras recientemente reunida en Chile la “diplomacia científica antártica” continúo con sus trabajos normales, mucho más allá de algunas pocas explicaciones de forma, por dos razones elementales, transversal preocupación sigue causando el anuncio ruso del supuesto hallazgo de grandes reservas de hidrocarburos en la plataforma continental del Mar de Weddell.
La primera razón tiene que ver con la localización del hallazgo, esto es: un sector del fondo marino situado al oriente de la Península, ergo, adyacente al Territorio Chileno Antártico. Sobre esto hay que resaltar que aún está pendiente establecer el “límite exterior” de la proyección de nuestra plataforma continental en ese sector de la Antártica (hasta y/o más allá de las 200 millas).
Las indicaciones conocidas sobre reservas de recursos minerales submarinos que Rusia habría detectado podrían -al menos hipotéticamente- ubicarse en espacios geográficos que -conforme con el Derecho Internacional del Mar- incluso más allá de las 200 millas podrían ser reclamados por Chile.
La segunda razón tiene que ver con el efecto que -sobre el sistema de decisiones de la cooperación polar vigente desde 1959- podría causar la confirmación de la presencia de recursos minerales en el fondo marino de la Antártica (en el cual, como en el Ártico, la actual tecnología permite su explotación).
Hoy está establecido que, más allá del pactado “congelamiento de los reclamos territoriales”, entre 2004 y 2022 varios países reclamantes invocaron la normativa del Derecho del Mar para precisar los límites exteriores de sus soberanías sobre -y esto es lo fundamental- los recursos naturales submarinos de la región polar austral: Australia, Argentina, Noruega y Chile ya presentaron “reclamos territoriales” al interior del área de aplicación del Tratado Antártico (al sur de 60º Sur).
Si bien, conforme con un “acuerdo de caballeros” que data de 2005, esos reclamos no serán, por el momento, revisados por el órgano técnico competente en Nueva York, nada garantiza que ese acuerdo se mantenga ad eternum.
Adicionalmente, durante el mismo período, el Reino Unido, Argentina, Australia, Noruega, Francia y Sudáfrica reclamaron territorios submarinos al norte de dicha latitud, aunque -y esto es trascendente- al interior de sectores del Mar Austral Circumpolar cubiertos por la normativa de la “Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos”, CCMLAR (uno de los “pilares” del Sistema del Tratado Antártico).
Dichos reclamos de soberanía incluyen la exclusividad de la explotación de los recursos bentónicos (algas, crustáceos, moluscos, etc.), esto es, recursos vivos de importancia económica, que viven en contacto con la plataforma continental que rodea a la Antártica.
Un nuevo modus vivendi antártico
Mientras, como se indica, los reclamos de plataforma continental antártica no serán revisados “por el momento”- Rusia (y también China) ya están a disgusto con una agenda política marcada por tendencias ecologistas-universalistas, que por acumulación pretenden convertir a la Antártica en un lugar cerrado.
Eso explica la oposición de Moscú a la extensión de las áreas marinas protegidas, en las cuales regulaciones y compromisos anteriores para la explotación de los recursos pesqueros de la Antártica ahora deben -en el mejor de los casos- ser relativizados.
Parecería que, en la percepción de ese país fundador del Sistema del Tratado Antártico, este tipo de “tendencias” (ahora transformadas en “objetivos”) contradicen la naturaleza original del Tratado de 1959 y, por lo mismo, apuntan a su desnaturalización. Dicho de otra manera, Rusia parecería entender que el actual Tratado Antártico no es el mismo que aquel de 1959 y, por lo mismo, el statu quo ha sido alterado. Para ese país, si por una parte, la agenda polar actual ya no responde a sus intereses nacionales, por otra, las agendas sensibles al globalismo interesadamente se abstraen de esa circunstancia fundamental.
Curiosamente, la industrias pesqueras de Chile y de otras naciones antárticas (actividades prolijamente reguladas) han llegado a una conclusión similar. Entre otros motivos, porque estiman que la discusión científica se ha ideologizado para ponerse a disposición de actores del hemisferio norte sin tradición antártica que, con programas esencialmente declarativos, imponen el tono de la discusión, aunque de ninguna manera mensurable contribuyen a la gestión responsable de los recursos.
Varios de esos actores provienen de países industrializados con una deuda vital con la “salud del planeta”, al que ahora pretenden salvar pauteando a sociedades que, como la sociedad magallánica, no son responsables de la crisis climática y ambiental causada por ellos.
La politización del debate ignora a los disidentes, y omite calibrar la importancia de los datos e información biogeográfica proporcionada por actores privados que -como la flota pesquera antártica de Punta Arenas- por razones obvias tienen genuino interés en el éxito de las medidas de conservación de largo plazo.
A nivel nacional, partiendo conclusiones que extrapolan al máximo el principio precautorio (el “arma nuclear” del globalismo ambiental), la discusión política resulta sesgada, como ya se observa en el debate de la nueva Ley de Pesca, en la que los profetas del hemisferio norte (y sus adláteres locales) harán todo lo posible para imponer su verdad. Se trata de un fenómeno ideológico de raíz extranjera, que se ha convertido en amenaza para la sostenibilidad del empleo y el ingreso familiar de miles de compatriotas.
Globalismo versus derechos antárticos
La anotada manera de hacer política antártica centrada en el interés del globalismo es el factor que explica el abandono al que -durante un larguísimo tiempo- fue relegada nuestra soberanía submarina al sur del cabo de Hornos.
El hecho de que en 2023 -a propósito de la proyección de la plataforma continental de algunas de nuestras islas al sur del canal Beagle- Argentina invocara el sistema de solución de controversias del Tratado de Paz y Amistad (TPA) se origina, precisamente, en el ya crónico descuido que, en materia de defensa de nuestra integridad territorial, comienza a caracterizar al Ministerio de Relaciones Exteriores.
No obstante la evidencia acumulada, hasta 2021 la diplomacia de los tres gobiernos anteriores subestimó las implicancias del reclamo territorial argentino sobre parte esencial del territorio de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, afirmando que este tenía “importancia ninguna”. La verdad es que la importancia de tal reclamo equivale, como ya lo sabemos, a un nuevo diferendo marítimo en la Zona Austral.
Al respecto, no obstante que el Secretario General de Naciones Unidas fue, por Nota, informado que Argentina rechaza la proyección geológica y geo-legal de nuestra plataforma magallánico-antártica (al oriente de la longitud 74°Oeste), para nosotros lo concreto es que, conforme con el Derecho Internacional, la mencionada región chilena se extiende desde el campo de Hielo Sur al Polo Antártico.
Desde una perspectiva de conjunto, el asunto es más serio si consideramos que, mientras en el presente los mecanismos para modificar el Tratado Antártico son exigentes y complejos, desde finales de la década de 2040 será distinto.
Desde esta óptica se puede inferir que algunos países comienzan a prepararse para un escenario con más participantes y un debate ideológicamente mucho más complejo que aquel que permitió la articulación del compromiso del Tratado Antártico de 1959 (Argentina ya transfirió todas las competencia antárticas a su Ministerio de Defensa).
La importancia política del nuevo rompehielos
Por todo lo anterior, para el interés nacional antártico el inicio de las operaciones de nuestro nuevo rompehielos (y una nueva nave de apoyo) constituye una magnífica noticia.
Dicha nave (construida en Talcahuano y dotada de herramientas de última tecnología) debe servir para -conforme lo prescrito en el Estatuto Antártico (Ley 21.255)- realizar actividades que diversifiquen y fortalezcan nuestro derechos sobre todas las regiones al sur del cabo de Hornos.
Dicho de forma distinta: tenemos a disposición una herramienta poderosa, cuya utilidad no puede reducirse a hacer presencia en la Antártica: debe emplearse para hacer soberanía. La diferencia es mucho más que semántica.
En el contexto de la situación política existente en la Antártica (inextricablemente vinculada a la compleja y desordenada realidad geopolítica global) todos y cada uno de los agentes y medios del Estado deben estar al servicio del interés permanente de la República, según éste está claramente prescrito en la Ley 21.255. En este caso, contribuir a documentar y comprobar nuestros derechos polares. Relativizar ese objetivo puede constituir un ilícito.
Es claro que el Tratado Antártico y su “sistema” están amenazados no solo por la eventualidad de una minería antártica (per se controversial), sino también porque algunos países miembros entienden que este no fue creado para prohibir, sino que para regular por consenso. Toda vez que otro grupo de países del hemisferio norte, colegiados con sus propias ONGs, pretenden imponer una lógica prohibitiva, los primeros podrían concluir que lo menos malo consistiría en modificar la esencia de la cooperación política (de la cual depende la cooperación científica).
Chile debe prepararse para cualquier eventualidad. No hacerlo no solo no resolverá nada, sino que nos expondrá a situaciones de las que solo podemos salir perjudicados.
De allí la importancia práctica del nuevo rompehielos que, con urgencia, debería dedicarse a contribuir a reforzar nuestros derechos antárticos, prospectando y documentando geo-científicamente los límites exteriores de nuestra plataforma continental entre el Mar de Weddell y las islas del cabo de Hornos y Diego Ramírez. El Derecho Internacional del Mar pone a disposición diversas fórmulas y métodos geo-científicos para comprobar lo anterior: solo falta voluntad política.
Así también, el nuevo rompehielos y sus equipos deberían colaborar permanentemente con los pescadores antárticos chilenos para evaluar las biomasas de aquellos recursos que necesitamos conocer con certeza, para, sin que nadie nos pautee, aprovecharlos de manera lícita, inteligente y sostenible, en beneficio de todos nosotros. Otra vez: solo falta voluntad política.