Desde 1931, y por casi 60 años, las mujeres chilenas tuvieron acceso al aborto terapéutico, legalizado en el Código Sanitario Chileno. Esto hasta que en 1989, la junta militar, que por 17 años se atribuyó el poder Ejecutivo, Legislativo y Constituyente, prohibió toda acción cuyo fin fuese provocar el aborto.

La visión a la base de esta modificación la expresó Jaime Guzmán en la “Comisión Ortúzar”: “La madre debe tener el hijo aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o aunque de tenerlo, derive su muerte”. No es necesario adentrarse en las profundas diferencias que tenemos respecto de todo lo ahí expresado.

2017: Despenalización

26 años después de la prohibición del aborto terapéutico, realizada sin debate democrático alguno, la expresidenta Bachelet presentó al Congreso un proyecto de ley de “Despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”, el que fue aprobado luego de dos años de un amplio debate democrático. Su promulgación tardó otro tanto, luego de que senadores de la UDI y de Renovación Nacional intentaran frenar la ley con un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, órgano que descartó su inconstitucionalidad y permitió su promulgación el 14 de septiembre de 2017.

A siete años de su implementación, los datos que entrega el Departamento de Estadísticas de Información de Salud del Minsal son muy decidores. Desde 2018 a junio de este año han llegado a los centros de salud 5.370 mujeres y niñas que han tenido derecho a acogerse a una de las tres causales, es decir, que tenían un embarazo inviable, que habían quedado embarazadas producto de una violación o cuya vida estaba en riesgo. De ellas, cerca del 85% (4.553) decidieron interrumpir su embarazo, decisión que en la causal de violación llega a cerca de 92%.

Aborto: derechos y poder de decisión

Estas cifras dan cuenta de algo muy importante, que es el poder de decisión que otorga esta ley a las mujeres, quienes tienen la posibilidad de decidir si ejercer o no este derecho establecido en la ley. Un número importante de ellas decide continuar su embarazo, pero la gran mayoría decide interrumpirlo, en todas las causales. Por eso, insistimos, la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres trata, específica y principalmente, de garantizar que las mujeres puedan decidir sobre su planificación de vida.

Y así lo ha entendido la ciudadanía. En 2014, quizás a raíz del debate público que se estaba reiniciando en nuestro país, la población ya se abría de forma importante a la despenalización. De acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos, ese año un 55% apoyaba la opción de permitir el aborto en situaciones especiales, y un 20% señalaba que esta debía ser una opción en cualquier caso.

Ambas opciones sumaban un 75% de adhesión, 30 puntos porcentuales más que en 1999, cuando la opción mayoritaria era la prohibición del aborto a todo evento. Desde entonces, esta apertura solo se ha profundizado, y de acuerdo a la última encuesta CEP, un 83% considera que el aborto debe estar permitido en casos especiales (45%) o en cualquier caso (38%).

Interrupción voluntaria del embarazo: Los desafíos pendientes

Por supuesto que aún existen desafíos en la implementación de la Ley IVE. Por eso, como Gobierno ingresamos a revisión de la Contraloría General de la República modificaciones al reglamento de objeción de conciencia para mejorar el acceso a este derecho establecido en la ley, asegurando más y mejor información para las mujeres y niñas que se encuentran en estos casos; la creación de un protocolo de reasignación y derivación acordes a instrucciones que emitirá el Ministerio de Salud, y otros lineamientos que permitan dar continuidad a la atención y que esta sea siempre oportuna y sin costo adicional para las mujeres y niñas, evitando que estas tengan que deambular entre centros de salud, cambiarse de ciudad o recorrer distintas regiones para ejercer su derecho.

Seguiremos avanzando y defendiendo la importancia de esta ley, como un acto de justicia para aquellas niñas y mujeres que, en distintas circunstancias, hoy pueden tomar la decisión sobre si hacer uso de ella.

Y seguiremos avanzando en los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y niñas, para que sean ellas, con sus distintas circunstancias, las que puedan decidir sobre su planificación de vida.