Los entornos seguros son clave para que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse plenamente y ejercer sus derechos: jugar, estudiar, compartir con amigos, hacer deporte o actividad física, por ejemplo. Son actividades que muchas veces no pueden realizar porque los espacios en que se desenvuelven son percibidos como inseguros.
Según la última encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), un 43% de los hogares con niños, niñas y adolescentes ha vivido o presenciado balaceras o disparos en su entorno residencial. En la región Metropolitana esta cifra llega al 53%.
A ello se suman los resultados de la encuesta de Polivictimización 2024, donde el 64% de niños, niñas y adolescentes, entre 12 y 17 años, declaran haberse visto expuestos a situaciones de violencia en su comunidad. Evidencia demasiado contundente para pasarla por alto, que deja de manifiesto la deuda que tiene el país con este grupo de la población, con quienes se comprometió a garantizar su desarrollo y supervivencia.
Barrios vulnerables; mayor inseguridad
Lamentablemente, los barrios más vulnerables y donde existe más pobreza, evidencian una mayor inseguridad en sus entornos y espacios públicos. Según diferentes informes de UNICEF y de Naciones Unidas, las zonas urbanas más desfavorecidas están caracterizadas, en general, por la violencia, la inseguridad, el consumo y tráfico de drogas, escasa o nula infraestructura básica y un reducido acceso a servicios.
Los niños, niñas y adolescentes que viven en estos lugares están expuestos a diversos riesgos y ven restringido el ejercicio efectivo de sus derechos y su libertad para vivir de forma segura y desarrollarse libremente.
La pobreza tiene estrecha conexión con las diferentes formas de violencia, donde niños, niñas y adolescentes suelen ser los más afectados. Según la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia, la percepción de peligrosidad del barrio es identificado como un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de castigos violentos hacia los niños y niñas.
Adicionalmente, la evidencia internacional ha documentado que el hacinamiento (experimentado por 10,5% de los hogares con niños, niñas y adolescentes en el caso de Chile), las viviendas de mala calidad y la falta de espacios de uso público que sean accesibles, seguros y de calidad, pueden generar situaciones de estrés y tensión en las dinámicas familiares que pudieran contribuir a la ocurrencia de situaciones violentas.
La comunidad en la búsqueda de soluciones
Niños, niñas y adolescentes identifican con claridad que los entornos violentos o inseguros son un impedimento para tener un buen vivir, en contraposición a vivir en pobreza. En el informe “La pobreza infantil en medio de la riqueza”, realizado por UNICEF Innocenti en 43 países de ingresos medios y altos de la Unión Europea y de la OCDE, donde se incluye a Chile, recoge opiniones de siete países que realizaron procesos participativos.
Niños y niñas expresan que quieren ambientes sin violencia, espacios seguros (sin ladrones ni drogas); con áreas verdes, con parques, árboles, flores; bien iluminados, con accesibilidad a transporte público y servicios. La evidencia muestra la percepción que tienen sobre la violencia y la urgencia de erradicarla para garantizarles un buen vivir. Por esta razón, es importante un abordaje comunitario de seguridad ciudadana que involucre a las comunidades en la búsqueda de soluciones.
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile hace 34 años, y la Ley que crea el Sistema de Garantías establecen que el Estado debe contar con mecanismos que permitan proteger de manera efectiva a niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia. Avanzar en este desafío implica también erradicarla de sus entornos.